Dos años de 'run run' económico en Barcelona

Este miércoles se cumplen dos años de la sonada victoria de Ada Coláis a las elecciones municipales de Barcelona. Al ritmo del run run, el nuevo ejecutivo llegaba a Santo Jaume con un programa lleno de prometidas económicas que se podían resumir en una palabra: cambio. La voluntad de transformar completamente la visión de la ciudad del anterior alcalde, Xavier Trias, se manifestaba en un programa que, llegados en mitad del mandato, ha vivido una suerte desigual. Todo y el cumplimiento de algunos hitos, varios de los objetivos de Barcelona en común han topado con el pragmatismo de la realidad económica y, demasiado a menudo, con polémicas pendientes de resolver.

La cruzada contra desahucios y pisos vacíos

Surgida del activismo en el campo de la vivienda, uno de los principales caballos de batalla de la nueva alcaldesa era la prometida de acabar con los desahucios por motivos económicos. El objetivo era establecer una mesa de negociación con las entidades financieras y denunciar las que no cooperen, amenazando con expedientes, sanciones y dejar de trabajar si era el caso.

El nuevo gobierno municipal, pero, no ha podido acabar con los desahucios, que siguen produciéndose. Mientras la oposición asegura que han aumentado, Coláis defiende que "el que ha aumentado son los desahucios parados". Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, el 81% de los desahucios que se producen ya no son por impago de la hipoteca, sino para no poder hacer frente al alquiler.

El Ayuntamiento ha impuesto cuatro multas de 315.000 euros en el Santander, BBVA y la Sareb por pisos vacíos

Justamente el imparable crecimiento del precio de los alquileres va de la mano de otra de las prometidas de los comunes: reducir los pisos vacíos de la ciudad. En este sentido, el Ayuntamiento creó a finales de 2015 la Unidad Contra la Exclusión Residencial (UCER), que ha tramitado 268 expedientes de pisos vacíos de entidades bancarias. Según datos facilitados por el consistorio, estos expedientes ya han acabado en sanciones de 315.000 euros en cuatro casos (dos a Nuevo Valles propiedad del Santander y el BBVA y dos a Santo Martí, en manso de la Sareb). Además, 16 otros pisos propiedad de bancos han sido cedidos debido al inicio del procedimiento disciplinario.

Justo al inicio del mandato, Coláis empezó una serie de reuniones con los principales dirigentes bancarios para encontrar soluciones para evitar que los pisos queden vacíos de forma continuada "sin justificación". Una de estos encuentros fue con Josep Oliu, presidente del Banco Sabadell, con quién pocas semanas antes había tenido un pequeño rebombori mediático. Contactados por VÍA Emprendida, desde la entidad vallesana aseguran que los encuentros entre ambos han sido muy positivas. De hecho, resaltan que seguramente "Oliu es el banquero que mantiene más buena relación con Coláis y con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena".

Desde el Sabadell no muestran ninguna preocupación por la actividad municipal en el campo de la vivienda y recuerdan que siempre han sido comprometidos a no provocar ningún desahucio. Admiten que a menudo multar los bancos puede ser rentable políticamente para algunos ayuntamientos, pero celebran que en el caso de Barcelona no se haya llegado más allá de algún expediente. Más allá de los bancos, desde el Ayuntamiento aseguran que "se valorará la posibilidad de ampliar las actuaciones específicas de detección a otros grandes propietarios, en función de la evolución de los recursos propios y del impacto a la ciudad otras situaciones de vivienda vacío".

"Oliu es el banquero que mantiene más buena relación con Coláis"

El Salario Mínimo de Ciutat

El programa de Barcelona en común también contemplaba la creación de una renta municipal complementaria. A día de hoy, y más allá de la Renta Garantizada que promueve la Generalitat, a escala municipal el tema se encuentra todavía en fase de estudio. El pasado mes de marzo, el Ayuntamiento y el CON emplazaban a un diálogo social para impulsar un Salario Mínimo de Ciutat. "No nos podemos permitir que nadie en Barcelona gane menos de 1.000 euros por su trabajo. No es bueno por el mundo del trabajo ni por la economía en general", declaraba Gerardo Pisarello, actual alcalde accidental.

La moneda local

Durante la campaña una de las propuestas que más debate generó fue la de establecer una moneda local en Barcelona. Una iniciativa, hasta ahora al cajón, que el consistorio pretende reactivar gracias al programa europeo Urban Innovative Action (UIA) donde Barcelona es una de las 18 ciudades que participarán. El Ayuntamiento recibirá 4,85 millones de euros para realizar un prueba piloto sobre una renta municipal y políticas activas de inserción socio-laboral.

Durante tres años, lo programa B-Mincome "servirá para conocer qué efectividad tienen la combinación de varios tipos de prestaciones económicas y apoyos adicionales como ayudas para facilitar el acceso a la vivienda, educación, ocupación, emprendeduría social o participación comunitaria en la lucha contra la pobreza con una apuesta innovadora".

Este programa prevé incluir una moneda social como parte del pago de estas rentas y apoyos. "Si tiene un efecto multiplicador en la economía local y el tejido socioeconómico se desarrollará a partir de 2019 el futuro modelo de la moneda social de Barcelona", aseguran fuentes municipales.

Nueva orientación de la emprendeduría

El programa de Barcelona en común también indicaba la voluntad de un cambio de discurso en el campo empresarial. "Orientar los recursos públicos a la promoción de la empresa colectiva (de dos o más socios) antes de que a la figura del empresario/a individual", señalaba. A la vez, hablaba de fomentar las alianzas entre comercios a través de las cooperativas. Se trata, pues, de un cambio de visión que tiene su máximo exponente al Bizbarcelona. El salón que organiza Barcelona Activa empezó el 2013 centrado en los emprendedores y con una clara influencia del modelo Silicon Valley. La edición del 2015, la primera con el nuevo gobierno, ya ofreció un primer cambio con lo entrega del primer premio al Emprendedor Social, una área que ha abrazado con fuerza desde entonces de la mano de la economía cooperativa. Este año, la feria se centrará a ayudar en la transformación digital de las pymes, tal como celebraba el regidor de empresa y Turismo, Agustí Colom.

El lavado de cara del Bizbarcelona simboliza el cambio de prioridades en Barcelona Activa

Ocupación responsable

A la vez, el equipo de Coláis hacía la prometida de impulsar 2.500 puestos de trabajo en ámbitos como la rehabilitación energética de viviendas, la gestión sostenible de residuos o la cura de personas grandes. Poner cifras exactas siempre es un riesgo y desde el mismo Ayuntamiento reconocen que no pueden cuantificar este dato. Aún así, reivindican que impulsar actividades en estos ámbitos "está justificado no necesariamente en función de su impacto global en cifras sino sobre todo por la calidad en la ocupación que generan al ser un modelo sostenible". Además, el consistorio ha elaborado una pionera Guía de contratación pública social como instrumento para hacerla "socialmente responsable".

En esta línea, esta misma semana presentan un total de dos millones de euros en subvenciones para proyectos empresariales que surjan en los barrios y a proyectos de economía social solidaria. También esta semana se ha anunciado una dotación presupuestaria de 59 millones de euros hasta el 2020 en un plan para la democratización de la cura. Un plan que incluye hasta 68 actuaciones para poner en valor y socializar las tareas de cura.

Los líos de movilidad

En el ámbito de la movilidad, la campaña de Coláis defendía la creación de una T-Ambiental a razón de 50 euros mensuales con viajes ilimitados a las tres primeras zonas en metro, Cercanías, Buzo, FGC, Tramo, Bicing y Caro Sharing. A la práctica, los continuos (e inacabados) conflictos con TMB han dinamitat una idea que ha quedado a la edèn de las prometidas electorales que difícilmente verán la luz.

Aún así, fuentes del Ayuntamiento de Barcelona defienden que el actual consistorio ha conseguido mantener a raya las tarifas del transporte público, se ha ampliado la T-12 hasta los 16 años y se han aumentado los beneficios para los títulos de transporte para personas paradas (disponen de una T-Mas al precio de una T-10). Además, reivindican la creación este 2017 de la T-episodio ambiental, un billete de ida y retorno por 1,80 euros (1 zona), en el caso de periodos de polución alarmante. Una tarjeta que, de momento, todavía no se ha estrenado.

La nueva T-episodio ambiental todavía no se ha tenido que usar

Una moratoria que no deja indiferente

Si hay un debate que se arrastra desde el inicio del mandato es la del turismo. El equipo de Coláis ha cumplido la prometida de establecer una moratoria hotelera, con opiniones al respeto para todos los gustos; con la intención de establecer un tiempo para el debate durante la preparación del nuevo Plan Estratégico de Turismo 2016-2020 (que a pesar de tener estas fechas, todavía no está cerrado).

El que sí que ha completado ha sido el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT), marcado por la evidente confrontación con plataformas como Airbnb. Sanciones y declaraciones cruzadas no han acabado con un conflicto que tiene cuerda por rato, todo y el reciente acuerdo con algunas plataformas.

Impulso en los barrios

Una de las prioridades del gobierno municipal era impulsar un plan de choque destinado a mejorar la ocupación y los derechos sociales a las zonas más desfavorecidas de la ciudad. En total, preveía destinar unos 150 millones de euros. Según datos facilitados por el Ayuntamiento, esta actuación se ha desplegado entre un 10 y un 20% en varias iniciativas realizadas de la mano de más de 100 entidades en zonas como Trinidad Nueva, Besòs Maresme o el Buen Pastor. De todas ellas, un 30% son acciones de "trabajo específico de interculturalidad"; y un 26% de "trabajo específico de género".

Un operador energético municipal

Entre las propuestas más destacadas del programa de Barcelona en común había la de crear un operador energético verde para "acabar con la enorme dependencia de las grandes empresas [...] y las importaciones de hidrocarburos y combustibles nucleares". Después de que Endesa y Gas Natural impugnaran un contrato público sobre la luz en la ciudad (con victoria judicial para las compañías), al menos el Ayuntamiento ha aprobado la creación de una eléctrica municipal que dé servicio, de entrada, a 20.000 barceloneses.

El Ayuntamiento prevé así ahorrar unos 500.000 euros al año. Una cifra importante, como la que hay en juego con la paralización de las obras de Glorias, infraestructura casi tan polémica como la conexión del tranvía. Estos son sólo algunos de los temas que siguen y seguirán abiertos durante los dos años que quedan por adelantado hasta la siguiente cita con las urnas. Nadie dijo que el run run fuera fácil de bailar.