infraestructuras
El fantasma de la inversión pública se cronifica en Catalunya
Foment del Treball alerta del "riesgo" de la pérdida de competitividad y sitúa en 27.970 millones de euros el déficit inversor de los últimos 10 años
No es ninguna novedad. La falta de inversión en infraestructuras en Catalunya supone un "riesgo de pérdida de competitividad". Foment del Treball hace balance de la ejecución real de las obras licitadas que o bien están paradas, avanzan a ritmo muy lento o todavía ni siquiera se han empezado a realizar cinco años después de la publicación del informe Por un nuevo modelo de gestión de infraestructuras en Catalunya. ¿El balance? "Altamente decepcionante, muy negativo y una auténtica vergüenza". La patronal catalana denuncia así los 27.970 millones de euros de déficit de inversión en infraestructuras que el territorio catalán ha acumulado en los últimos 10 años y, precisamente por eso, su presidente, Josep Sánchez Llibre, reclama un "pacto entre todas las administraciones". Un pacto que se base en una aportación de 10.000 millones de euros entre 2019 y 2023 para poder hacer efectiva la finalización de estas obras "estratégicas tanto a nivel económico como nivel social para "recuperar la competitividad de la economía catalana y española".
La reivindicación es clara: "Que en el futuro, el marco de inversión sea suficiente para asegurar la competitividad de las empresas catalanas". La presentación de la actualización del Catálogo de las 100 infraestructuras básicas para Catalunya 2019 ha puesto de relevo, en palabras del presidente de la Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya (CCOC), Joaquim Llansó, que de las 100 obras que aparecían en el documento, "sólo hemos podido sacar cuatro y nos quedarían 96 que continúan igual que en 2015". A estas 96, han añadido 11 de nuevas y, por lo tanto, el catálogo ya en suma 107.
Recordando que "la media europea de las inversiones a las regiones o comunidades autónomas es del 2,2% del PIB de las determinadas regiones", Sánchez Llibre reclama, pues, un impulso de las obras estratégicas para la competitividad de Catalunya, pero también del resto del Estado español. Esto se traduce, por un lado, en "un impulso financiero extraordinario de 10.000 millones de euros en los próximos cinco años -a razón de 2.000 millones el año- para acabar de construir todas aquellas infraestructuras estratégicas licitadas en los últimos 10-12 años"; y, por el otro, "una licitación mínima de todas las administraciones públicas, 5.000 millones de euros cada año por parte de todas las administraciones catalanas".
¿Dónde están las infraestructuras?
El presidente de Foment, que también pide "un nuevo modelo de financiación para todas las vías de alta capacidad", lamenta que "las obras evolucionan muy lentamente o están paradas", al mismo tiempo que recuerda que "algunas de las infraestructuras más relevantes acumulan retrasos que hacen peligrar la competitividad de la economía catalana" son lo Corredor Mediterráneo -acceso ferroviario al puerto de Barcelona y de Tarragona y los diferentes subtramos como el de Catellbisbal-Martorell-, Rodalies, la B-40 entre Abrera y Terrassa o la ampliación de la línea 9 del metro, entre otras muchas cosas.
Precisamente con esta idea, Llansó advierte que la carencia de inversión pública en infraestructuras "se está cronificando". A todo esto, se suma el hecho de que ni Catalunya ni España tiene presupuestos, cosa que representa "poca licitación, peor adjudicación y poca resolución presupuestaria". Con los datos provisionales de 2019, todo apunta, y siempre según Foment, que el año cerrará con sólo el 54,2% de ejecución de obras. De hecho, mientras que el PIB catalán no para de crecer, la inversión pública en Catalunya continúa yendo a la baja y la inversión finalizada empieza a caer a partir de 2009. El 90% de estas obras, sin embargo, ya hace años que están licitadas.
Este recorrido por los últimos 10 años de inversiones públicas en infraestructuras demuestra, pues, que la inversión pública no corresponde al número de obras licitadas, pero el PIB de Catalunya es bastante positivo. "El problema es qué PIB tendremos de aquí a 10 años si no tenemos estas infraestructuras: si tuviéramos Corredor Mediterráneo desde el 1992, ¿qué PIB tendríamos ahora?", se cuestiona el presidente de la Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya. "Pensamos en el PIB del futuro, no en el de ahora", insiste.
¿Cohete hacia el futuro o anclarse al pasado?
Un futuro que pasa porque Foment mantenga el "liderazgo en la estrategia del país", como dice Sánchez Llibre al considerar que la patronal catalana "tiene los mecanismos suficientes para continuar liderando todas aquellas cuestiones que hagan referencia a las infraestructuras". Pero un futuro que también pasa para poner conciencia de cómo influye la carencia de inversión en infraestructuras básicas y estratégicas tanto para Catalunya, como para el resto de España cómo en todo el mundo.
Y es que, de un lado, y según Llansó, "el tema de los precios provoca que tengamos menos inversión, menos actividad económica futura y, por lo tanto, menos bienestar social", pero, además, a todo esto se suma el hecho de que "para el sector también tiene una segunda connotación: crea un aumento exponencial de la competencia que acaba con que las constructoras tenemos que estar presentando ofertas constantemente si queremos competir y las administraciones públicas adjudican sabiendo que la oferta está bajo coste".
La realidad es que Foment considera con datos en mano que "Corredor Mediterráneo y el conjunto de todas las infraestructuras viarias mencionadas, tanto del Ministerio de Fomento como de la Generalitat de Catalunya, podrían estar terminadas en 2022". Pero muchas llevan más de 15 años paradas, otras 12 y otras 10. Justamente por todo ello, la patronal cree que con los 2.000 millones de euros anuales que piden a las administraciones públicas entre 2019 y 2023, se podrían finalizar las infraestructuras que consideran más estratégicas. Y todo sin tener en cuenta que, por ejemplo, "el aspecto clave del modelo de gestión de aeropuertos y puertos de interés general continúa sin resolverse".
Una gestión que ya reclamaba en 2007 la reunión de la Iese con la sociedad civil y que algunos de estos actores ya empiezan a pedir una nueva edición para impulsarlo. Pero, en este sentido, Foment decide no mojarse todavía y prefiere esperarse a ver cómo evoluciona el futuro. O, en palabras de su presidente, "si hay otras organizaciones de la sociedad civil que quieren hacerlo, lo valoraremos, pero no me gustaría hacer volar palomas de lo que pasó hace muchos años".