EL ANÁLISIS
¿El IRPF está obsoleto? Una nueva alternativa que coge peso
El propósito no debería ser mejorar los estándares de un determinado sector de la población en un momento concreto, sino garantizar que todo el mundo tenga una vida digna
No deja de ser curioso que, en un mundo en que tenemos más recursos disponibles que nunca, todavía caemos en rifirrafes absurdos que poco o nada tienen que ver con lo que realmente condiciona el día a día de los ciudadanos: la economía.
Con una inflación alta y unos tipos de interés en máximos desde el 2001, financiar la deuda pública exigirá más recursos a medida que se refinancie una deuda antigua que fue emitida a tipos más bajos. Oiremos de nuevo hablar de austeridad, de la necesidad de recortar gasto y aflorar nuevos recursos. Pero esta vez subir impuestos a los más ricos y luchar contra el fraude, aunque imprescindible, no será suficiente para reducir el desequilibrio.
El problema no es subir (o no) los impuestos, debate que solo contribuye a confundir los ciudadanos, lo más importante, más allá de la magnitud de las tasas impositivas, es su resultado sobre el conjunto de la sociedad, y sobre cada grupo social en concreto. Detrás de cada impuesto no solo hay más o menos recaudación, factor que obviamente es fundamental, también hay, además, incentivos que pueden facilitar o dificultar decisivamente la creación de riqueza y ocupación y, sobre todo, hay más o menos justicia fiscal, social y bienestar.
El IRPF, pieza central del sistema fiscal
El impuesto sobre la renta de las personas físicas, ejerce un papel crucial en el sistema fiscal de cualquier país. Su importancia radica en su capacidad para generar ingresos significativos para el Estado y su impacto directo en la distribución de la carga fiscal entre los contribuyentes.
El año 2022, el Estado español recaudó, en concepto de IRPF, 109.485 millones de euros. Esto es, un crecimiento de casi 15.000 millones de euros y un 15,8%, respecto al año anterior. Esta cifra representa el 8,23% del PIB del país y el 42,85% del total de la recaudación.
La recaudación de IRPF en España se encuentra por encima de la media de la Unión Europea y la OCDE, un 8,8% y un 7,6%, respectivamente
De este modo, la recaudación de IRPF en España se encuentra por encima de la media de la Unión Europea y la OCDE, un 8,8% y un 7,6%, respectivamente. En cuanto a la progresividad del impuesto, España se sitúa en el noveno lugar de los veintidós países analizados en el Índice de Competitividad Fiscal. Superando la media de la UE, el IRPF en España es un 12,75% más progresivo.
Aun así, y a pesar del que pudiera parecer, estas cifras distan de ser razonables y aceptables. Primero, por el hecho de que el total de gastos fiscales del IRPF suponen, de acuerdo con diferentes estudios, entre 24.457 millones y 27.704 millones de euros al Estado. En segundo lugar, por la pérdida significativa de competitividad fiscal. En los últimos años, España ha experimentado una clara caída en el ranking internacional, pasando del lugar 23 al número 34.
La presión fiscal normativa ha aumentado, llegando a 116,4 puntos el 2022, un incremento de 3,6 puntos en un solo año y un 16,4% por encima de la media de la UE. Además, el esfuerzo fiscal es un 52,8% superior al de la Unión Europea, ningún otro país entre las grandes economías avanzadas tiene uno mayor. La combinación del IRPF con las cotizaciones a la Seguridad Social resulta en una falca fiscal del 40%, hecho que significa que el salario neto que recibe el empleado representa el 60% del coste laboral.
En España, el IRPF ha experimentado varias reformas y ajustes a lo largo de los años. Sin embargo, persisten algunos desafíos y áreas de mejora
Finalmente, en términos de desempeño del impuesto sobre la renta, España se encuentra por debajo de los niveles de referencia de la OCDE, con una calificación de 63,3 puntos, un 10% por debajo de la nota mediana observada en las economías desarrolladas, siendo el sistema de tramos impositivos y el tratamiento de las rentas del capital y los dividendos, áreas de clara desventaja.
En España, el IRPF ha experimentado varias reformas y ajustes a lo largo de los años, buscando conseguir un equilibrio entre la recaudación y la equidad en la distribución de la carga tributaria. Sin embargo, persisten algunos desafíos y áreas de mejora. Sobre todo, se observa la necesidad de simplificar y aclarar el sistema fiscal, reduciendo la complejidad normativa y facilitando el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
El análisis económico, pues, se centra, principalmente, en la aplicación de impuestos que puedan mejorar su eficiencia económica y fomentar, a su vez, una distribución más justa de la renta. Porque, a pesar de que los sistemas fiscales no puedan ser perfectos, la manera como se diseñan es muy importante para el bienestar económico.
Alternativas a un IRPF obsoleto
El sistema de garantía de ingresos lo conforman las prestaciones no contributivas que tienen como objetivo asegurar un nivel básico de suficiencia económica. A diferencia de la mayoría de países europeos, España no contaba, hasta el año 2020 (con el Ingreso Mínimo Vital), con una prestación de la administración central que cobres el riesgo de pobreza.
España no contaba, hasta el año 2020 (con el Ingreso Mínimo Vital), con una prestación de la administración central que cobres el riesgo de pobreza
El año 2019 la pobreza severa en España era del 6,9%, la segunda más alta de la Unión Europea, pero el problema venía de lejos. El año 2015 UGT y CCOO presentaron una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para establecer una prestación de ingresos mínimos, gestionada por la administración central, con el objetivo principal de reducir la pobreza extrema. La ILP proponía un ingreso mínimo correspondiente al 80% del IPREM y un complemento por hijo a cargo. Esta prestación estaría condicionada. La propuesta, estimaban, permitía reducir la pobreza extrema en un 27,6%.
El 2 de marzo del 2018, el Consejo de Ministros encargó a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) la realización de un estudio sobre las prestaciones de ingresos mínimos en España, evaluando también el entorno más próximo, la Unión Europea. El organismo independiente hizo énfasis en la eliminación del requisito de inscripción como demandante de ocupación y defendió la compatibilidad de la prestación con el trabajo. Según lo AIReF, una prestación como la de rentas mínimas tiene que funcionar como complemento salarial hasta cierto umbral, donde se lograra un ingreso suficiente.
De este modo, hicieron dos propuestas que se fundamentan en el Impuesto Negativo sobre la Renta (INR). Las bases ideales de lo INR se encuentran en el derecho del ser humano de tener un mínimo necesario para vivir y en el principio de equidad vertical del sistema fiscal. Así, su finalidad es pagar subsidios a los hogares pobres con el objetivo de incrementar los (limitados) ingresos, eliminando o reduciendo la diferencia entre la renta de las familias pobres y la renta que necesita para moverse por encima del umbral de pobreza. La novedad, pues, no es el hecho de dar el subsidio a los más necesidades, sino utilizar el impuesto personal sobre la renta como vehículo para tal fin.
El Consejo de Ministros encargó a la AIReF la realización de un estudio sobre las prestaciones de ingresos mínimos en España, evaluando también el entorno más próximo, la Unión Europea
La primera opción pretendía llegar principalmente a los hogares más pobres, sin condiciones ni requisitos de trabajo. Los hogares con una renta inferior al 20% de la renta mediana recibirían una prestación equivalente al 80% del IPREM (5.163 € anuales) y un complemento por hijo a cargo (1.200 € anuales), hasta un máximo de tres hijos. En caso de que la renta estuviera entre el 20% y el 60% de la renta mediana, solo recibirían el complemento por hijo a cargo. Esta alternativa conseguía una mayor reducción de la tasa de pobreza con un menor coste fiscal que la ILP.
La segunda opción intentaba corregir los “saltos” que se producían en las cuantías percibidas, estableciendo así continuidad en la prestación. Los hogares con una renta inferior al 30% de la renta mediana recibirían una prestación equivalente al 80% del IPREM hasta el 10%, y un complemento por hijo a cargo (1.680 € anuales) hasta un máximo de tres hijos. En caso de que la renta estuviera entre el 30% y el 60% de la renta mediana, solo recibirían el complemento por hijo a cargo. Esta alternativa lograba una menor reducción de la tasa de pobreza que en la opción primera.
El coste fiscal de las dos opciones era el mismo - 5,5 millones de euros - y ambas opciones eran consideradas sustitutas de las prestaciones nacionales y autonómicas existentes.
Cualquiera que sea la medida que se lleve a cabo, no resuelve el principal problema del Estado español: los déficits estructurales de su modelo económico
Una propuesta interesante, también fundamentada en lo INR, fue la realizada por el Instituto de Estudios Fiscales. Su alternativa pretendía obtener los mismos ingresos que el IRPF, sin incluir el País Vasco y la comunidad foral de Navarra. Las prestaciones que tenían la intención de suprimir eran los complementos a los mínimos y las prestaciones no contributivas, además de eliminar todos los beneficios fiscales existentes en aquel momento. En cuanto a la decisión del tipo impositivo que se aplicaría, se estudiaron hasta cinco alternativas.
Los resultados obtenidos mostraban una reducción de la desigualdad según los indicadores de Gini, Atkinson, Theil, deciles y coeficientes, concluyendo así los autores que con este nuevo modelo fiscal, la tasa de pobreza en España podría reducirse hasta el 12% de la población, y la pobreza severa podría situarse en niveles de un 2,7%.
Justicia social
Con todo, cualquier que sea la medida que se lleva a cabo, si es que realmente alguna acaba desarrollándose, no resuelve el principal problema del Estado español: la necesidad de poner remedio a los déficits estructurales de su modelo económico. En los últimos años, las diferentes necesidades que han ido apareciendo han sido “solucionadas” del mismo modo: con ayudas públicas. Ayudas que, aunque muchos no quieran creerlo, recaen sobre toda la ciudadanía. Sin excepción. Y esto no es justicia social.