La responsabilidadsocial, empresarial y ciudadana, tiene mucho que ver con la capacidadindividual de identificar el interés público y actuar para mejorar la sociedad en su conjunto, y por eso, hay que esperar poderespúblicosinteligentes, con liderazgos transformadores, capaces de reconocer el criterio de sus ciudadanos a la hora de identificar estas necesidades, y capaces de crear el marco para canalizar estas energíascreadoras de valor social.
Quien cree en el poder de la ciudadanía, la apodera y la responsabiliza en la filantropía y el mecenazgo para que despliegue todo su potencial y no quiere mantener el monopolio del interés público por el mismo interés del conjunto de la sociedad. ¿Cómo hacerlo? Dando voz a empresas e individuos sobre el destino de una parte de los beneficios que generan cuando se dedican a entidades reconocidas por la defensa del interés público en ámbitos como el cultural, social y de investigación, entre otros.
Con la consolidación de los sistemas fiscales modernos, hemos delegado a las administraciones para que sean ellas las que, en nombre de todos, identifiquen el interés público y lo gestionen
Antiguamente, la sanidad, la enseñanza, el arte y la investigación eran financiadas, en gran medida, con donaciones de personas y entidades comprometidas. Con la consolidación de los sistemas fiscales modernos, hemos delegado a las administraciones para que sean ellas las que, en nombre de todos, identifiquen el interés público y lo gestionen. Hace falta, pero ver diferencias sustanciales entre países, así encontraríamos sociedades donde el apoderamiento en empresas y ciudadanos ha sido muy desarrollada, cómo en los países anglosajones, Francia, Suiza, Bélgica, Luxemburgo o Alemania frente a otras donde esta delegación ha quedado reducida prácticamente a nada.
En noviembre de 1994 se aprobó la Ley 30/1994 de Fundaciones e Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General. Hace casi 27 años; ocho años más tarde, el 23 de diciembre de 2002, se aprueba la conocida Ley 49/2002 que refuerza la normativa en relación con el mecenazgo. Hace casi 20 años y las promesas del ministro Montoro de hacer una ley líder del mecenazgo acabaron en papel mojado por las bajas deducciones fiscales.
Desde entonces, tímidos retoques. El más relevante fue en el marco de la reforma fiscal del 2014 con el incremento del porcentaje de deducción de los donativos tal como hoy lo tenemos configurado.
Durante este tiempo, hemos sufrido interpretaciones de los tribunales y de la dirección general de tributos en muchos casos restrictivos y/o condicionados por una redacción que la realidad de hoy ya ha superado ampliamente.
Ni el PP ni el PSOE en España, ni los gobiernos catalanes en el tramo autonómico, han sido valientes ni han hecho verdaderas reformas profundas fiscales. ¿Culpa de las crisis? Yo creo que forma parte de la cultura dirigista de los gobernantes, puesto que en estos veinte años hemos tenido situaciones económicas de todo tipos con margen para corregirlo.
Hemos sufrido interpretaciones de los tribunales y de la dirección general de tributos en muchos casos restrictivos y/o condicionados por una redacción que la realidad de hoy ya ha superado ampliamente
Para entender la gravedad del tema, hay que tener en cuenta que el estado define que es de interés público a través del sistema de deducciones en el IRPF, y en los diferentes presupuestos generales del Estado publicados en el BOE. Solo el 1% del total de las deducciones proceden de las donaciones de particulares a entidades reconocidas como de interés público, el 99% restante de las mismas las prefiguren los gobiernos. En el mismo sentido, podríamos hablar de las deducciones en el impuesto sobre sociedades y del margen que dejan a las empresas para apoyar a iniciativas culturales, sociales o de investigación. Resumiendo, solo nos dejan participar en el 2% de todos los impuestos que pagamos.
La gravedad de la situación aumenta cuando miremos qué capacidad de decisión tienen los ciudadanos de las democracias más avances, que de media están en el 5% de su aportación fiscal media. La anomalía ibérica.
Estos datos dan una imagen clara de cómo somos percibidos por nuestros gobiernos. Para ellos somos unos sujetos pasivos tributarios y en ningún caso nos ven como contribuyentes. Es el precio que tenemos que pagar por una larga tradición no democrática y una cultura de gobernanza pública basada en el monopolio de la toma de decisiones y no en modelos participativos.
¿Qué enmiendas habría que hacer, pues, a título enumerativo y no exhaustivo, para acercarnos a los modelo de gobernanza más modernos?
En primer lugar, hay que reformar el concepto de donativo, abrir los convenios de colaboración al mecenazgo de tal manera que el convenio lo pueda hacer una persona no empresaria, que la difusión la pudiera hacer cualquier de las partes y que en ninguna parte de ser un gasto deducible tuviera la consideración de donativo. Así mismo, pensando en el papel de las plataformas de crowdfunding, habría que abrir el concepto de donativo puro con contraprestación en especies no superior al 25% de la cantidad aportada. Esto potenciaría estas plataformas como un instrumento eficiente para captar fondos. Necesitamos también mejorar todo el tratamiento de donativos con especies, cesiones de derechos, aportaciones de servicios profesionales, entre otros, definiendo bien las actividades y regulando su valoración. Finalmente, en el capítulo de donativos habría que establecer una deducción del 20% en el IRPF y en el impuesto sobre sociedades del consumo cultural (abonos, entradas...) efectuadas siempre por entidades acogidas al mecenazgo.
Todavía no han entendido que si quieren ciudadanos más responsables los tenemos que hacer más libres
En segundo lugar, habría que actuar sobre las cuantías de las deducciones tanto al IRPF para situarse por encima del 65% de la cuota (como tienen a Francia, y es inferior al que tienen en los países nórdicos) como del impuesto sobre sociedades, elevando también los límites actuales de la base imponible.
En tercer lugar, hay que ampliar las entidades beneficiarias con los consorcios públicos, las universidades públicas y las ONG por el desarrollo reconocidas por el AECID.
En cuarto lugar, hay que modificar el procedimiento para simplificar la declaración de entidades de utilidad pública y proteger el patrimonio histórico incluyendo actuaciones de fomento y protección del coleccionismo artístico y cultural, daciones en pago de obras de arte y restauración y conservación del patrimonio entre otros.
En quinto y último lugar, impulsar el mecenazgo a través de la regulación de la constitución de fondos indisponibles para aplicar los rendimientos a proyectos o actividades de interés general, sin que se incorporen en el capital fundacional. ¿Queremos estimular ciudadanos más responsables, creativos y solidarios con marcos fiscales cómo el actual? Imposible. ¿Cuánto tendremos que esperar para que se reconozca a la ciudadanía como sujeto de pleno derecho, madura y apoderada para decidir dónde queremos invertir el deseable 5% de todos los impuestos que generamos?
Todavía no han entendido que si quieren ciudadanos más responsables los tenemos que hacer más libres.