Primer Consejo Ejecutivo del nuevo Govern en el Palau de la Generalitat | EP

Economía

Una propuesta al gobierno Illa

Con una nueva manera de pensar por parte de los reguladores, se podría abrir el grifo de unas inversiones sustanciales para nuestra economía real

En Catalunya, el presidente Illa habla de priorizar el crecimiento económico sostenible y avanzar en la consecución de la plena ocupación. Al mismo tiempo, su programa electoral también establece un objetivo: devolver el peso de la industria al 25% del PIB (superando el 20% del 2023). Estos desafíos no serán fáciles de alcanzar y se requerirán sinergias entre los sectores público y privado y, sobre todo, mucho dinero en forma de inversión para hacerlos realidad.

Revertir el déficit fiscal debería ser el primer objetivo del nuevo gobierno y de aquellos partidos catalanes con influencia en Madrid

Teniendo en cuenta el déficit fiscal y la crónica falta de inversión pública que sufre Catalunya, podría parecer que eliminar o reducir de manera sustancial este déficit fiscal sería la manera lógica de, por una parte, solucionar esta injusticia económica que penaliza a todos los ciudadanos del país y, al mismo tiempo, alcanzar los niveles de inversión que deben permitir un crecimiento de nuestra economía y de nuestra industria, haciéndola más sostenible, resiliente y competitiva. Por lo tanto, revertir el déficit fiscal debería ser el primer objetivo del nuevo gobierno y de aquellos partidos catalanes con influencia en Madrid.

Además, esta influencia en Madrid también debería servir para explorar otras iniciativas que pueden ser clave a la hora de promover la ampliación del peso industrial sobre nuestro PIB. Por ejemplo, veamos cómo los británicos han introducido un nuevo objetivo de crecimiento económico y de competitividad en sus reguladores financieros. Es decir, tanto el Bank of England, Prudential Regulation Authority y Financial Conduct Authority continúan velando por la estabilidad económica, pero al mismo tiempo también deben promover el crecimiento económico. Esto, que parece un cambio sin importancia, está revolucionando la manera de actuar de los reguladores, promoviendo un régimen regulador que está facilitando al sector financiero, que es quien tiene gran parte del dinero, invertir más y más rápidamente en infraestructuras y proyectos que acelerarán la transición a una economía más sostenible.

Més info: Desde Londres: la extrema discreción catalana

Los británicos no son los únicos que han impuesto este objetivo a sus reguladores financieros. Japón, Estados Unidos, Singapur o Suiza, de una manera u otra, también lo están haciendo. Curiosamente, países relevantes de la Unión Europea como Francia, Alemania, Irlanda, los Países Bajos o Suecia no parecen, por ahora, seguir esta tendencia. Sin embargo, esto no debería hacer dudar a nuestros políticos de ejercer su influencia en Madrid para intentar hacer más competitivo el régimen regulador.

La coyuntura política actual ofrece una oportunidad única para promover cambios fundamentales que permitirían liberar y redistribuir capital

Tenemos un ejemplo claro que nos demuestra que este modelo funcionaría en Catalunya y en el resto del estado. Mientras el Reino Unido era parte de la UE y, por lo tanto, bajo el mismo régimen regulador que el resto de los países miembros, ya supo utilizar la regulación financiera europea del sector de los seguros para promover inversiones a largo plazo de las compañías de seguros en activos productivos, es decir, en la economía real, de una manera que ningún otro país de la UE ha sabido o querido hacer. Esto significa miles de millones invertidos en vivienda, hospitales, parques eólicos e infraestructuras clave, mientras que en otros países, ese mismo dinero se invertía mayoritariamente en bonos soberanos, que no aportan crecimiento económico. Este ejemplo demuestra cómo, con una nueva manera de pensar por parte de los reguladores, se podría abrir el grifo de unas inversiones sustanciales para nuestra economía real.

La coyuntura política actual ofrece una oportunidad única para promover cambios fundamentales que permitirían liberar y redistribuir capital, facilitar que aquellos que tienen dinero puedan invertir en sectores y proyectos clave, y que estas inversiones se realicen con celeridad. Los políticos tienen la influencia para hacerlo posible, pero será necesario que estos objetivos se conviertan realmente en una prioridad.