El capital zombi de la pandemia

"Un trabajador no puede despedir de manera fulminante a una empresa", lamenta el abogado del Col·lectiu Ronda José Antonio González. Las normativas en caso de conflictos de carácter laboral, especialmente en el delicado caso de impagos o quiebras, a menudo ofrecen grandes ventajas al empresario por encima de su plantilla. Las desigualdades en la cobertura legal de trabajo y capital en estas situaciones se han exacerbado durante la pandemia, con dos años de actividad empresarial a menudo frenada que ha puesto en entredicho la actividad e incluso la vida útil de una parte del tejido productivo del país y del Estado – y, de hecho, de todo el mundo.

Los mecanismos de defensa de la actividad empresarial son más que conocidos durante la pandemia: desde los ERTEs hasta medidas como la moratoria concursal, que permite las empresas insolventes mantenerse más allá de la obligación de convocatoria de concurso de acreedores para dar la oportunidad de limpiar las cuentas y volver a la viabilidad, los propietarios de la producción han tenido acceso a palancas para mantenerse activos – a menudo como "empresas zombi", como confirma el mismo González – más de lo que podían antes de la crisis sociosanitaria, y, a veces, más allá de su vida productiva. "La normativa es enormemente desigual", afirma.

González: "Cuando hay un incumplimiento grave por parte de un trabajador, la empresa lo puede despedir, pero un trabajador no puede despedir fulminantemente la empresa"

La moratoria concursal, que se establece en marzo de 2020 y ya ha registrado sucesivas ampliaciones hasta junio de 2022, deja algunas trampas, tanto para la empresa como, especialmente, para sus trabajadores. En primer lugar, como avisa el mismo abogado de Ronda, una empresa en quiebra que se mantiene activa por la moratoria "continúa adquiriendo obligaciones y deudas" – con proveedores, con el sector público, y especialmente con la plantilla. Por otra, se pueden dar los casos de impago de salarios pese al mantenimiento de la actividad laboral. "Cuando hay un incumplimiento grave por parte de un trabajador, la empresa lo puede despedir", reflexiona González, pero un trabajador que no recibe su salario se encuentra en condiciones mucho más precarias.

En primer lugar, si un trabajador abandona la empresa por voluntad propia no tiene derecho a paro, aunque la compañía haya incurrido en incumplimientos graves del contrato laboral como sería no pagar el salario. Sí que podría denunciar ante instancias judiciales, pero para hacerlo, como lamentan desde Ronda, hay que demostrar un mínimo de tres meses consecutivos de nóminas sin pago, que se tienen que añadir a los alargados tiempos de la justicia – entre la denuncia y la celebración del juicio y la duración de este. "Esto supone muchos meses sin cobrar", explica González.

A esta situación se añade, además, la moratoria concursal: cuando una empresa en quiebra entra en concurso de acreedores, el trabajador tiene acceso al FOGASA, el Fondo de Garantía Salarial, que cubre sus ingresos mientras se resuelve la situación de la empresa. Los trabajadores de una compañía que se acoge a esta regulación, sin embargo, no tienen derecho a esta prestación, y, por lo tanto, se encuentran sin ningún tipo de ingreso a pesar de tener que mantener su actividad laboral. "Entendemos que vivimos en una sociedad capitalista donde se prima el interés del empresario – critica un miembro del comité de empresa de Mopavid , la empresa badalonina que ha servido de paradigma de este fenómeno – pero entre los trabajadores hemos visto gente sufriendo".

Ejemplo y organización

Esta situación, como critican desde el colectivo de abogados, se está dando cada vez más en el país. Las empresas en qué esto se da, sin embargo, suelen ser micropimes – a menudo del sector servicios, especialmente afectado por las restricciones sanitarias – donde los trabajadores tienen escasa capacidad organizativa y de presión ante los intereses empresariales. Esto es lo que hizo especial Mopavid: la empresa, una cristalera badalonina que fabricaba productos por grandes empresas como Damm o Vichy, tenía más de 60 trabajadores en el momento en que se consiguió cancelar sus contratos. "La organización ha sido clave", afirman desde el comité de empresa. Los trabajadores organizados lamentan, además, un proceso que dejó muchos de sus compañeros por el camino, identificando una "situación de desampara total ante la ley". Los trabajadores de Mopavid, de la mano de Ronda y Comisiones Obreras, obtuvieron la extinción de sus contratos mediante un ERE – y por lo tanto acceder a las prestaciones de paro – en octubre de 2021 después, recuerdan, de cerca de un año desde los primeros conflictos con los pagos.

Como recuerdan desde el comité, la organización de los 63 trabajadores fue especialmente relevante, y más en un contexto de relación con los propietarios que consideran hostil. Una fuente del órgano, de hecho, lamenta que los problemas se arrastran ya desde el cambio de propietario en 2018. "La empresa se vendió para cerrarse", explican. La situación era especialmente tensa, de hecho, porque a pesar de que, como recuerdan, los prorrateos e impagos empezaron a finales de 2020, no solo no se frenó la actividad sino que esta aumentó, en parte por el cierre de uno de sus competidores directos. Después del verano de 2020 la empresa aplica un ERTE que los trabajadores consideran "fraudulento", en cuanto que la actividad se mantuvo, y tuvieron que desafectarse los trabajadores añadidos.

Comité de empresa de Mopavid: "Si no das caña, te toman en broma, y ya llevábamos dos años de tomadura de pelo"

Pese a la posibilidad de denuncia con tres meses de incumplimientos salariales, el hecho que la empresa ejecutara pagos prorrateados o parciales, normalmente insuficientes, no permitia acceder a ningún tipo de amparo legal. El último pago completo se acabó produciendo el julio de 2021 – correspondiente a junio – y al volver de las vacaciones de verano se empieza a negociar los pagos con el propietario de la empresa – unas negociaciones que no se cumplen, cosa que lleva a la huelga convocada el septiembre de 2021.

"Los días de huelga fuimos todos a una", celebran los trabajadores, apuntando la actividad colectiva cómo una clave de la resolución final del conflicto con la extinción de los contratos. "Si no das caña, te toman en broma, y ya llevábamos dos años de tomadura de pelo". Desde el comité rememoran la intervención, incluso, de autoridades políticas locales, como el entonces alcalde de la ciudad Xavier García Albiol, que les pidió aligerar la presión, especialmente en redes sociales, para favorecer las negociaciones. Actualmente, la plantilla de Mopavid, muchos ya en otras ocupaciones o en busca de ellas, esperan la resolución con un juicio que comenzará el próximo dos de mayo, en cuanto que el propietario todavía no ha convocado el concurso de acreedores correspondiente. Además de la moratoria concursal, González entiende que los elevados costes del procedimiento y los posibles impagos al equipo legal de la compañía pueden explicar esta negativa.

Apartar al empresario

"No entendemos cómo se deja perder industria importante de esta forma", afirman desde el comité de empresa de Mopavid. En su caso, la pérdida es especialmente relevante, en cuanto que se trataba de una compañía con actividad y "una relevante cartera de clientes" – que, además, ahora se encontraba sin competencia. Pero, como apunta el mismo González, el cierre no es la única salida viable, puesto que se pueden negociar soluciones alternativas, como la toma de control por parte de los trabajadores y la instauración de una cooperativa – algo aplicable tanto a la cristalera badalonina como a firmas más pequeñas en situaciones similares.

"No entendemos cómo se deja perder industria importante de esta forma"

"Nosotros siempre tiramos el cable por si alguien lo quiere coger", comenta González. Esta fórmula tiene ventajas, desde la gestión colectiva de la compañía hasta la continuidad de la actividad empresarial y, por lo tanto, laboral. También permitiría, afirma el abogado, la extinción de algunos de las deudas con los trabajadores mediante la entrega de la maquinaria u otros activos a la cooperativa. "El empresario se aparta del medio", propone González. Esta posibilidad, sin embargo, depende también de los procesos concursales, y a menudo los trabajadores organizados se pueden ver superados por ofertas de compra más elevadas. El abogado, en este sentido, sugiere que se pueda adaptar la regulación concursal que para "dar preferencia a una oferta de compra de una unidad productiva por parte de los trabajadores".

Esto, no obstante, solo es viable cuando la empresa lo es. El mismo González recuerda que ofreció esta alternativa a los trabajadores de un local de restauración, pero que ante las restricciones sanitarias que todavía afectaban la hostelería el negocio tenía muy complicado sobrevivir. Además, los mecanismos para trasladar la propiedad a la fuerza de trabajo a menudo no están tan disponibles, ni tan muy comunicados, cómo otros alternativas. Desde el comité de empresa de Mopavid lamentan, de hecho, que no se enteraron de esta opción hasta que se la comunicó en una reunión el departament de Treball, "cuando muchos trabajadores ya estaban en otras actividades".