Movilidad
Competencia impugna la precontractación de 60 minutos para los VTC
La ACCO reclama que se suspenda la normativa porque introduce "una grave ineficiencia" en la prestación del servicio
La Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) ha impugnado el reglamento del Área Metropolitana de Barcelona que impone a los vehículos de alquiler con conductor de hasta nueve plazas (VTC) un plazo mínimo de precontractación de 60 minutos ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).
En un comunicado, el organismo denuncia que de la normativa, que tenía que entrar en vigor este lunes pero fue suspendida cautelarmente por el TSJC, "se derivan obstáculos en el mantenimiento de una competencia efectiva en los mercados". Según han dicho, el reglamento introduce "una grave ineficiencia" en la prestación del servicio VTC en el AMB y es contrario al régimen transitorio de cuatro años que el Ministerio de Fomento declaró el 2018. Por estos motivos, junto con la interposición del recurso contencioso administrativo, la ACCO pide la suspensión cautelar.
El organismo de la Generalitat de Catalunya de carácter independiente considera que esta norma introduce "restricciones y cargas adicionales injustificadas" en la prestación de servicios urbanos de VTC en el área metropolitana de Barcelona, que se añaden a las impuestas por la normativa estatal y catalana y, por este motivo, "intensifican el alcance restrictivo" de la regulación aplicable a estos prestamistas.
Según la ACCO, el reglamento "debilita todavía más" las presiones competitivas que han ejercido durante los últimos años los operadores de VTC en el sector del taxi, que ha sido "tradicionalmente preservado de la competencia". Además, apuntan que el establecimiento del periodo de precontractación de 60 minutos perjudica los consumidores y usuarios y "genera externalidades negativas para la sociedad en general".
Además, esta previsión "elimina de manera definitiva" la capacidad de actuación de los VTC dentro del ámbito geográfico del AMB y que, a su vez, "es contraria" al régimen transitorio decretado por el gobierno español en el Real decreto ley 13/2018, una norma que permite a los VTC autorizados continuar prestando servicios urbanos durante 4 años.
El organismo recuerda que está legitimado para impugnar disposiciones generales con rango inferior a ley de las cuales se deriven obstáculos en el mantenimiento de la competencia efectiva en los mercados.