Fondos de pensiones en Europa: el enano español
El sistema privado de pensiones en el Estado español se encuentra a la cola de Europa
Como es ya tradicional por parte de la cabecera Investment & Pensiones Europe, estas últimas semanas se ha publicado la guía IPE de los fondos de pensiones más grandes de Europa, en este caso correspondiente en 2021. El documento recoge los principales 1.000 fondo de pensiones de Europa, tanto públicos como privados, y además ofrece un detalle por país de hasta dieciséis estados que incluye no solo países miembros de la Unión Europa, sino también otros que son relevantes en el contexto de las pensiones, aunque no formen parte de la Unión (es el caso, por ejemplo de Suiza y lo Reino Unido).
De las muchas conclusiones que se pueden extraer, una es la pequeñez del sistema privado de pensiones del Estado español, que en ausencia de un fondo público de gran volumen, como tuvo mientras existía el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, se ve relegado a la cola de todos los países estudiados, a mucha distancia de sus vecinos del continente. En la carencia de tradición de ahorro a largo plazo de los ciudadanos en productos finalistas -como es el caso de los planes de pensiones- se une el escaso arraigo de los planes de pensiones ocupacionales, es decir, los que están construidos dentro de la empresa donde el trabajador presta sus servicios. El mencionado Fondo de Reserva fue una buena idea que desgraciadamente llegó demasiado tarde, tanto tarde cómo porque su vida fuera efímera, a causa de la combinación letal de una evolución demográfica adversa con una crisis devastadora iniciada en 2008.
El año 2011 el Fondo de Reserva llegó a superar la cifra colosal de 65.000 millones de euros
El año 2011 el Fondo de Reserva llegó a superar la cifra colosal de 65.000 millones de euros, pero los déficits crecientes del sistema de pensiones de aquellos años acabaron para devorar todo el ahorro que se había conseguido acumular desde el 2000. La idea de crear un fondo de estas características cristalizó con el Pacto de Toledo (1995), donde se fijó como objetivo guardar todos los superávitos que de manera recurrente generaba el sistema de pensiones, en vez de inyectarlos a los presupuestos generales del Estado. Eran épocas de bonanza en los cual la grande demasiado de baby-boomers todavía no había llegado a la edad de jubilación.
Sobre el fondo de reserva es importante hacer un par de precisiones, una por una realidad generalmente mal entendida y la otra por un propósito muy poco conocido. En primer lugar, hay que recordar que existe la creencia generalizada que esta ingente cantidad de dinero de que disponía el Fondo de Reserva se fue evaporando porque se hizo un uso diferente al previsto, en el sentido que se aplicó a gastos corrientes del Estado en vez de hacerlo para pagar pensiones. Lo cierto es que esto no pasó nunca porque el dinero acumulado se utilizó únicamente para cubrir los déficits de la Seguridad Social en materia de pensiones, que era la razón de ser del fondo. Es muy probable que la confusión provenga del hecho que la principal inversión en que durante un tiempo se materializó el fondo fue la deuda pública española, circunstancia que generó algunas críticas subidas de tono, pero que al final va suponer una buena elección en términos de rentabilidad para la Seguridad Social (otra cosa sería discutir sobre los riesgos inherentes a una inversión así, pero este no es el propósito del artículo y ya hablamos a un texto anterior).
El aspecto poco conocido de aquets fundes es que en los tiempos de bolsa alcista (los previos a la crisis de 2008) la Seguridad Social se planteó invertir una parte del Fondo de Reserva en renta variable para mirar de conseguir unas rentabilidades más elevadas que con los activos sin riesgo. El proyecto salió adelante e incluso se repartieron los lotes en las entidades financieras que harían la inversión, de forma que parecía todo a punto para que el Estado tuviera su propio fondo soberano invertido en los mercados. Pero llegó la crisis, la caída a plomo de los mercados y todo se paró, desvaneciéndose un sueño largamente deseado.
Resulta revelador confirmar que todos los grandes esquemas de jubilación pertenecen a países del norte de Europa
Volvemos a los datos del informe con que abríamos este artículo. Si miramos el ranking de países con más volumen de dinero en fondo de pensiones, encontramos que hay tres naciones que juegan a la división de honor del dinero: Reino Unido, con un patrimonio de 2,15 billones de euros, Países Bajos, con 1,66 billones y Noruega, con 1,28 billones. Por detrás de estos países, las cifras son sensiblemente menores, todas por debajo del billón. El segundo grupo lo encabeza Suiza, con 750.000 millones de euros, seguida de Alemania y Dinamarca, con 724.000 y 633.000 millones, respectivamente. Para encontrar España hay que bajar hasta la última posición, detrás incluso de Portugal e Islandia. Los cuatro últimos son, precisamente, Portugal (40.500 millones de euros), Islandia (32.400 millones), Bélgica (30.500 millones) y una muy descolgada España, que solo totaliza 20.000 millones de euros. El total de la lista supone un agregado superior a los 9 billones de euros.
En cuanto al detalle de fondo que hay detrás de estas cifras, resulta revelador confirmar que todos los grandes esquemas de jubilación pertenecen en países del norte de Europa, con especial relevancia del caso de Noruega, que tiene el fondo más grande con mucho diferencia sobre el resto. Empezando por el quinto fondo en volumen, encontramos el gestor sueco Alecta, fundado el 1917, que este 2021 ha superado la barrera de los 100.000 millones de euros gestionados. Se trata de una entidad mutual donde, en consecuencia, los propietarios son los mismos inversores, un colectivo formado por 2,6 millones de trabajadores y 35.000 empresas. Los cuartos en el ranking son los daneses de ATP (Pensión Complementaría del Mercado de Trabajo), que atesoran 122.000 millones de euros. La entidad fue fundada por parte del poder legislativo danés el 1964.
En el tercer lugar hay el neerlandés PFZW (hasta hace poco conocido como PGGM y que es el fondo de pensiones del sector de "care & welfare"). Gestiona los ahorros de más de 2 millones de trabajadores, que acumulan un patrimonio agregado que recientemente ha superado los 250.000 millones de euros, es decir, el doble del fondo que lo sigue en el ranking (la ATP que acabamos de ver). El fondo subcampeón de esta competición de volumen es también neerlandés, y se trata del ABP (lo hablamos en este artículo), un fondo que agrupa los ahorros para la jubilación de funcionarios y trabajadores de la enseñanza, y que fue creado en el lejano 1922. En este caso también dobla en volumen su perseguidor, porque tiene un patrimonio gestionado de medio billón de euros (500.000 millones). Y, finalmente, por encima de todos los otros en el continente, el mítico fondo soberano de Noruega, el llamado Norway Government Pension Fund Global, que gestiona 1,15 billones de euros.
El patrimonio de que dispone CalPERS pertenece a más de dos millones de partícipes, entre trabajadores y pensionistas
Curiosamente, a pesar de estar considerado el fondo de pensiones más grande de Europa (que supera, incluso, el conegudíssim CalPERS de California), no es un fondo de pensiones, en el sentido que sus activos no provienen de aportaciones de los trabajadores para su jubilación, sino que se alimenta de los excedentes procedentes de la venta del petróleo noruego. Hay que decir que es un fondo muy activista, o sea, que rizan el rizo a la hora de decidir sus inversiones, rechazando todo aquello que implique degradación del medio ambiente, producción de tabaco, de armas, violaciones de derechos humanos o, incluso, prácticas corruptas.
Hemos mencionado de paso el CalPERS como si fuera algo de dominio público y quizás merece la pena dedicarle un par de rayas, a pesar de que no sea europeo. Se trata del fondo de pensiones de los trabajadores públicos del estado de California, y con los suyos cerca de 500.000 millones de dólares gestionados es el fondo de pensiones público más grande de los Estados Unidos. El patrimonio de que dispone pertenece además de dos millones de partícipes, entre trabajadores y pensionistas.
Como veíamos al comienzo, las cifras de los fondos en el Estado son ínfimas comparadas con las de los países que tienen una larga tradición en la previsión social. El hecho que el sistema público español haya disfrutado durante décadas de una demografía favorable ha provocado que los sistemas complementarios hayan sido percibidos por la población como innecesarios -o a menudo, como amenaza- de forma que ahora que el sistema público está fuertemente tensionado no existen los contrafuertes deseables para complementarlo. En cualquier caso, y volviendo a las cifras, para encontrar el primer fondo estatal en el ranking europeo tenemos que bajar nada más y nada menos que hasta el lugar 270 de la lista, donde encontramos el plan de pensiones del personal de CaixaBank, que hace años tiene un patrimonio de unos 6.000 millones de euros, una cifra a años luces de los grandes jugadores del sector.
Detrás de CaixaBank hay los planes de Endesa y Telefónica (unos 3.000 millones de euros cada uno), BBVA (2.600 millones) y la entidad vasca Geroa, promovida por sindicatos y patronal (2.500 millones). Otra característica del sistema español de planes privados empresariales es que además de tener poco volumen relativo, está muy concentrado en determinados sectores (banca, eléctricas y otras utilities), los trabajadores de los cuales han tenido siempre un elevado nivel de prestaciones, con mucha diferencia del resto de empresas, con pocos planes de pensiones y de volumen mucho más pequeño.
Asumiendo que en las últimas décadas los salarios de la mayoría de los españoles no dan por mucho más que para cubrir los costes inherentes a una vida sin muchos lujos, lo cierto es que desde los poderes públicos tampoco se ha hecho gran cosa para instaurar cierta cultura del ahorro a largo plazo, una práctica que en estos momentos en que el sistema de pensiones de reparto empieza a dar síntomas de agotamiento, podría ayudar a soportar una eventual reducción de los ingresos a través de la pensión pública.