Next Generation EU
El Gobierno español anuncia el PERTE del vehículo eléctrico con 4.295MEUR
Pedro Sánchez estima que 'el efecto multiplicador' de las inversiones públicas puede llegar a los 20.000 millones de euros para 2023
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado el nuevo PERTE para el desarrollo del vehículo eléctrico con una suma total de 4.295 millones de euros, un montante que el cabo del ejecutivo considera "histórico". A esta inversión se tienen que sumar unos 19.714 millones de euros que aportaría el sector privado para electrificar el ecosistema de la automoción, cosa que ensarta el PERTE hasta los 24.009 millones de euros.
Para la concreción de las inversiones del PERTE se crearán, según ha anunciado el gobierno central, agrupaciones de como mínimo cinco empresas que tengan presencia en al menos dos comunidades autónomas. El gobierno exigirá también que las agrupaciones cuenten con una entidad proveedora de conocimiento, además de que acrediten inversión propia y compromiso con la ocupación.
El PERTE del Gobierno se dividirá, según ha anunciado Sánchez, en dos ámbitos. El primero es el de los proyectos transformadores de la cadena de valor, que recibirán la mayor parte de los recursos – un total de 3.160 millones de euros. En este ámbito se incluiría la I+D+i en nuevos modelo, así como en baterías, pilas de hidrógeno o equipos de ensamblaje. También se incluirían acciones integrales para el diseño y fabricación del vehículo eléctrico a España, un apartado que se llevará cerca de 3.000 millones de euros. El presidente español ha anunciado también un plan de integración de la inteligencia artificial a la cadena de valor del vehículo eléctrico.
El segundo ámbito es lo del desarrollo de la nueva movilidad, donde hay incentivos a la demanda, el despliegue del 5G o planes de formación en el sector. En cuanto a la aportación privada, irá destinada principalmente a la fabricación de vehículos eléctricos – unos 11.900 millones de euros – así como un plan de incentivos a la instalación de puntos de recàrrega y a la adquisición de vehículos eléctricos o impulsados por combustibles netos - unos 7.608 millones de euros.
El Gobierno central convocará estas ayudas, o al menos el grueso principal, de cara al cuarto trimestre de 2021. Se dejarán por 2022 programas cómo la instalación de las redes de 5G o la integración de la inteligencia artificial a la cadena de valor. Finalmente, de cara a 2023 el Gobierno impulsará los planes de digitalización del sector y la creación de espacios de datos territoriales.
Proyecto sin precedentes
En la presentación del PERTE, Sánchez ha hablado de una "inversión histórica". Según el presidente, esta financiación, que principalmente proviene de los fondos Next Generation EU, representa "uno de los principales proyectos industriales que se ha generado a Europa", y que situará el Estado español en "la primera línea de la automoción". Por su parte, la ministra de Industria, Comercio y Turismo Reyes Maroto asegura que el Estado está "liderando el futuro de la industria de la automoción y lo está haciendo con ambición y visión de futuro", añadiendo que los fondos Next Generation EU "son una oportunidad, pero se tienen que aterrizar los proyectos".
Al acto de presentación, los representantes del sector de la automoción han pedido en el gobierno que se acelere la llegada de los recursos. Según el presidente de la patronal de fabricantes Anfac, José Vicente de los Mozos , "el PERTE es necesario, pero no suficiente", puesto que "hay que acompañar con otras políticas". Según lo también presidente de Renault a España, el Sido tiene que "recuperar el terreno perdido con países cómo Francia y Alemana" con la llegada de los fondos europeos.
El presidente del clúster español de la movilidad eléctrica Aedive, Adriano Monés, ha pedido dirigir las reservas de recursos naturales a "grandes proyectos ligados a la producción de baterías". Las empresas, según Monés, necesitan "músculo financiero para llegar a los objetivos de electrificación". El presidente ha pedido, además, acabar con las barreras burocráticas por la instalación de puntos de recàrrega que, según afirma, ahora se pueden alargar más de dos años.