Las legislaciones española y europea obligarían el Estado español a seguir pagando las pensiones de los catalanes, hasta que haya un acuerdo de reparto de activos y pasivos entre Cataluña y España.
Si el Estado español dejara de pagar las pensiones, ya fuera como represalia por la independencia o por carencia de tesorería, o incluso si amenazara de hacerlo, estaría reconociendo Cataluña como Estado soberano ante la comunidad internacional, y renunciaría a las contrapartidas que podría obtener en una negociación.
Un golpe adquirida la condición de estado soberano, la República Catalana será quien estará cobrando las cotizaciones de los trabajadores en activo. Con menos paro y un salario mediano más alto, no sólo dispondrá del dinero para pagar las pensiones cuando sea el momento, sino que también estará en mejores condiciones que el Estado español, para mantener el poder adquisitivo.
| Cataluña | España | |
| Paro (IV-2016) | 14,85% | 18,63% |
| Índice salarial medio (IV-2016) | 107 | 100 |
No hay que saber economía para darse cuenta que, si deja de cobrar las cotizaciones, el Estado español tendrá dificultades para hacer frente al pago de las pensiones catalanas.
Si a las pensiones añadimos el 100% de la deuda del Reino de España, y una reducción del 19% de su PIB (el peso de Cataluña), no parece que el Estado español esté en condiciones de rechazar durante mucho tiempo la negociación de un de acuerdo de reparto de activos y pasivos.
Por si todo esto no fuera suficiente, a la República Catalana el derecho a cobrar las pensiones estará garantizado por ley, desde el primer día. Así lo aseguró recientemente el secretario general de Trabajo de la Generalitat de Cataluña, Sr. Josep Retama. La Generalitat de Cataluña se obliga pues a pagar las pensiones, incluso en el caso poco probable que el Reino de España, en contra de sus propias leyes, dejara de pagarlas.