Jordi Franch

Opinión

La cara y la cruz del recibo de la luz en España

Es muy sabido y no bastante debatido que soportamos una de las facturas eléctricas más caras de Europa. Esto incide de manera negativa tanto en el presupuesto familiar como en las empresas y la estructura productiva, que ven reducida su competitividad.
La producción y distribución de electricidad no está liberalizada en España. No encontramos libre competencia empresarial ni ausencia de barreras de entrada, sino un oligopolio regulado por el Estado. Cinco empresas eléctricas dominan el mercado (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Viesgo y EDP).

Las relaciones de connivencia entre el regulador y los regulados son claramente visibles con el mecanismo de puertas giratorias, y algunos políticos disfrutan de retiros dorados en sus consejos de administración. Las normas de funcionamiento del sector no son las del mercado libre, sino las de un mercado profundamente intervenido por el Estado. Recordamos como febrero del 2006 la eléctrica alemana E.on lanzó una OPA sobre Endesa, ofreciendo 27,5 euros por acción, pero que el gobierno de Rodríguez Zapatero lo vetó. Es esto un ejemplo de libertad empresarial o de imposición gubernamental? Días más tarde, Rodríguez Zapatero se encontraba con su homólogo italiano, Romano Prodi, y procedían a un intercambio de cromos. La eléctrica Enel entraba en el accionariado de Endesa, a cambio que la española Abertis haz el mismo con la italiana Autostrade.

Dado que hay una correlación directa entre el consumo de energía y la evolución de la economía, desde el 2007 se produce una caída importante del consumo energético por la profunda crisis económica del país. A pesar de esto, los ingresos de las eléctricas han incrementado. De media, entre 2007 y 2015 el consumo ha disminuido el 1,5% anual, pero el negocio de las eléctricas ha aumentado el 2,7% anual, en un contexto en que los precios del petróleo y del gas cayeron a los niveles mínimos de la década. Lo explica el encarecimiento del recibo de la luz, que es del 52% desde el 2008, el doble que a la UE. Se han subido, especialmente, los impuestos y recargos públicos (coste del déficit de tarifa, primas a las renovables y ayudas a la minería del carbón). En cuanto a los beneficios, y comparando los resultados de las cinco eléctricas con los de las pymes catalanas en el periodo 2003-2014, se observa una gran diferencia: el Beneficio neto sobre Ventas de las eléctricas es del 16,8% de media, enfrente sólo del 2,4% a las pymes. Es decir, casi 7 veces superior. Mientras los representantes de la pequeña y mediana empresa, la verdadera columna vertebral de la economía, reivindican una reforma en profundidad del mercado eléctrico, los privilegios de operar en un entorno protegido continúan asegurando copiosos beneficios a las empresas oligopolistes.

Esta exuberancia irracional de las eléctricas contrasta con el empobrecimiento de una parte creciente de la población que no llega a poder pagar la factura de la luz. Una de ellas era la persona de 81 años, muerta en un incendio a su domicilio de Reus, que se iluminaba con las velas que habrían quemado el colchón donde dormía. La víctima se encontraba en situación de pobreza energética y hacía dos meses que tenía cortado el suministro de luz.

Si vamos a las webs de las eléctricas, en el apartado de responsabilidad social y compromisos éticos, encontraremos su decálogo. Uno incluye la instalación de los nuevos contadores eléctricos de telegestió, que controlan online nuestro consumo eléctrico las 24 horas del día, mediante radiaciones electromagnéticas e inyección de altas frecuencias a la red, con todos los riesgos que comporta por nuestra salud. También leemos la colaboración de las eléctricas con las instituciones públicas y organismos reguladores. En el caso mencionado, el ayuntamiento de Reus ha afirmado que la eléctrica no notificó a los servicios sociales del ayuntamiento el corte de luz. Pero también la eléctrica acusa el consistorio de carencia de comunicación. Y en medio de acusaciones cruzadas, la ley de pobreza energética 24/2015 de la Generalitat, aprobada por unanimidad, no se cumple.