OPINIÓN

Incompetencia, indolencia y nepotismo corporativo

La Cambra de Comerç de Barcelona ha hecho público un estudio sobre el grado de cumplimiento en la adjudicación de los fondos Next Generation. O sea, cómo se está repartiendo la rifa que nos tocó a raíz de la pandemia. Quisiera hacer, a este interesante estudio, algún cometario y también algún añadido.

España es un caso singular, como siempre. Recuerden el eslogan que creó Fraga Iribarne en los años sesenta para promocionar a España en el extranjero: “Spain is different”. Lástima que siempre sea distinta para dar la nota. En euros equivalentes de 2019, cuando se aprobaron los fondos, podemos decir que a España le tocan 140.000 millones. Grosso modo, 70.000 en préstamos y 70.000 en subvenciones que no es necesario devolver. A diferencia de otros países, como Italia, España sólo ha elegido la parte de la limosna: las subvenciones a fondo perdido. De préstamos, nada. ¿Esto es malo? No necesariamente. Podemos decir que, al menos, el gobierno español reconoce que España no tiene capacidad para devolver ningún tipo de préstamo. También cabe añadir que España es el Estado miembro que más recibe per cápita.

"El concepto de servicio que tienen nuestros funcionarios -es decir, asumir que el contribuyente es el cliente- es casi nulo"

El informe de la Cambra es demoledor, en mi opinión, en un aspecto importantísimo: demuestra que el sector público, el que debe dar servicio al contribuyente, es de un grado de ineficacia elevadísimo. Lo que ya sabemos todos. El concepto de servicio que tienen nuestros funcionarios –es decir, asumir que el contribuyente es el cliente– es casi nulo. Viven en otro mundo. Por eso muchos aseguran que los funcionarios españoles -incluidos los catalanes, claro- son todo ateos ya que no creen que exista una vida mejor. Cabe decir que el concepto “pasar cuentas” no se aplica aquí, en nuestro país, casi en ningún lugar. Menos en la administración pública. Tampoco es de extrañar. Los vicios, los hábitos también vienen de arriba abajo. Y con los políticos que tenemos, que deben dar ejemplo de eficacia y diligencia, es casi imposible gestionar el aparato funcionarial con autoridad moral.

En líneas generales podemos decir que el dinero que ha llegado de Bruselas en 2022 no se ha asignado con la diligencia correspondiente. ¿En qué grado? En un 50% aproximadamente. Pero el reparto -esa mitad del dinero que ha llegado- no ha sido igual para todos. El cumplimiento de reparto de las ayudas a las empresas públicas ha sido del 87%. De nuevo hay castas privilegiadas. Yo no tenía pruebas, pero mostré hace unas semanas mis temores al respecto. Lo encontrarán en el artículo Fondos Next Generation: la fortuna de Pedro Sánchez. Me preguntaba si las ayudas no irían a parar, ante todo, al sector público. Bien, ahora ya lo tenemos claro. Usted no podrá, quizás, acogerse a las ayudas para comprar un coche eléctrico porque el presupuesto destinado a esta partida de Next Generation se habrá agotado. ¡Nadie lo sabe!

"La transparencia en cómo se distribuyen los fondos Next Generation en España es nula"

Cuando hablábamos del cumplimiento en el reparto de fondos (50%) no he querido hacer distinciones entre gobierno español y catalán, porque no es necesario. Son equivalentes. Una vez más españoleamos. Ahora bien, no queda claro en el estudio de la Cambra el favoritismo público a nivel catalán. Qué cantidad del dinero va a parar al sector público y cuánto al privado. Al final lo sabremos. Me temo que, dada la escasa simpatía por el sector privado que domina a los gobernantes catalanes, el asunto no será demasiado brillante.

La transparencia en cómo se distribuyen los fondos Next Generation en España es nula. Parece que mientras vayan a parar a los temas que corresponde, Bruselas no protesta. Y en esto parece que se está cumpliendo -de lo contrario Europa cortaría el grifo-. Ahora, como ya dije, si las ayudas al coche eléctrico, por ejemplo, van a parar a mí o renovar la flota de la Guardia Civil, eso es otro tema. Aquí se pone de nuevo en evidencia el nivel de intervención de la Comisión en los asuntos internos de cada Estado. La Comisión quiere que se hagan X cosas con los fondos Next Generation. Si lo hace el sector público, las empresas del Ibex 35 o el sector privado, aquí no entran. Para desgracia nuestra.