La regidora de Vivienda del Ajuntament de Barcelona, Lucía Martín, se ha reunido hoy con la dirección de la sección de Vivienda Asequible y Social de la Sareb, la sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria, para abordar la situación de las 800 viviendas que tiene en propiedad en Barcelona . Esta es la primera reunión que celebra el consistorio con este operador público-privado después de que el estado español haya adquirido la mayoría de acciones. En este momento, el estado español tiene el 50,14% de las participaciones de la Sareb.
Al salir de la reunión, la regidora ha pedido que, ahora que este operador ya es mayoritariamente público, "tiene más sentido que nunca que estas viviendas pasen a ser de gestión pública. Por eso hemos pedido que las 800 que hay en la ciudad los podamos gestionar desde el ayuntamiento para poderlas añadir en el parque de vivienda pública". La Sareb cuenta con un total de 824 viviendas en Barcelona. En el año 2015, el operador ya cedió al consistorio casi doscientas viviendas. De hecho, Barcelona fue el primer municipio del Estado en gestionar directamente viviendas de la bolsa de la Sareb.
Parar los 255 desahucios
Entre estas 824, la Sareb tiene procedimientos abiertos de desahucio contra los ocupantes de 255 pisos en Barcelona. Todos estos casos corresponden a familias que están en seguimiento a través de servicios sociales del consistorio. Así mismo, según se declara en el registro de viviendas vacías de la Generalitat, este operador tiene 154 viviendas vacías en la ciudad.
En relación con estos casos, Lucía Martín ha reclamado a la Sareb que certifique si efectivamente estas viviendas están vacías a día de hoy y pasen inmediatamente a ser de gestión pública para que las pueda añadir a la bolsa de vivienda pública disponible y, mientras tanto, que regularice la situación de los ocupantes del resto de viviendas. "La Sareb, como gran tenedor, tiene que cumplir con la ley de emergencia habitacional y regularizar, lo más bien posible, estas situaciones y ofrecer contratos de alquiler social a estas familias", ha concluido. La regidora ha afirmado que el centenar de pisos vacíos de la Sareb "no acabarán con la emergencia habitacional, pero la correcta gestión de todo su patrimonio afecta a más de un millar de familias en situación de vulnerabilidad protegidas legalmente que tienen derecho a un alquiler social".
El consistorio tiene, en estos momentos 23 expedientes sancionadores abiertos a la Sareb y 69 en diligencias previas, la mayoría por mantener la vivienda vacía u ocupado y en mal estado. En cuanto a las sanciones cobradas, a día de hoy ya han liquidado 318.000 euros. Con la reciente aprobación de la nueva ley de emergencia de Catalunya, impulsada por los movimientos sociales, el Ayuntamiento ha advertido que estará atento al incumplimiento del deber de ofrecer alquiler social por parte del banco malo a las familias en situación de vulnerabilidad.