El estado español es uno de los países de Europa que más está notando las consecuencias del cambio climático, según estudios recientes. El calentamiento global ha aumentado considerablemente en las últimas décadas, afectando gravemente tanto el entorno natural como las infraestructuras críticas que sostienen la movilidad y el transporte en todo el país.
Una parte importante de las infraestructuras de transporte en España están expuestas a los impactos del cambio climático. Los fenómenos extremos, como las olas de calor y las lluvias torrenciales, son cada vez más frecuentes, hecho que pose en riesgo la operatividad de las redes viarias y ferroviarias. Este es un problema urgente, como se evidenció recientemente a la Comunidad Valenciana, donde las fuertes riadas provocadas por la DANA ocasionaron graves inundaciones y daños en infraestructuras vulnerables, causando la muerte de más de 200 personas. Por eso, algunas entidades del sector de la movilidad han pedido renovar las infraestructuras estatales.
Hay que decir, sin embargo, que en este contexto, el ministerio de Transportes, Movilidad Sostenible y Agenda Urbana ha subrayado recientemente la necesidad de avanzar en la descarbonización de la movilidad y la transición hacia un sistema de transporte más sostenible. Durante su intervención en el congreso Global Mobility Callo, el ministro de Transportes destacó la urgencia de descarbonizar la movilidad y de promover el uso del transporte público, que juega un papel clave para reducir las emisiones contaminantes y proteger la salud pública ante los efectos del cambio climático.
En esta línea, el pasado mes de marzo, el ministerio de Transportes licitó un contrato de casi cinco millones de euros para evaluar la resiliencia de la Red de Carreteras del Estado ante fenómenos hidrometeorológicos y mejorar la gestión de inundaciones. Este proyecto contempla tanto el análisis de riesgos hidrológicos en las carreteras de titularidad estatal como el desarrollo de sistemas de alerta y directrices técnicas para minimizar el impacto de las inundaciones. Además, plantea implementar medidas para coordinar eficazmente los organismos implicados en la gestión de emergencias y garantizar la seguridad y operatividad de las infraestructuras viarias ante futuros episodios climáticos extremos.