Qué reforma fiscal?

El Gobierno español ha aprobado una batería de modificaciones fiscales que han entrado en vigor este año y que afectan principalmente al impuesto sobre la renta y al de sociedades. Se anunciaron estas novedades como una "reforma fiscal", palabra que inspira cambios profundos y que tiene connotaciones positivas para el contribuyente. Pero lamentablemente no es así, sino todo el contrario. Las modificaciones aprobadas son meros retoques, algunas veces en beneficio del contribuyente, como puede ser la ligera bajada de los tipos de la renta, y otros en contra, como la eliminación de la deducción del alquiler.

Así pues, la mal llamada reforma queda bien lejos de los verdaderos retos del Estado, que son principalmente atacar el fraude fiscal y mejorar los procedimientos tributarios, dos aspectos donde hay un grande recurrido a hacer y que sería imprescindible abordar. Incidir sobre los actuales impuestos es ineficaz, la presión fiscal existente sobre los ingresos ya es asfixiante y las bases imponibles no dan más de sí.

La mide estrella de esta reforma es la bajada de tipo del impuesto sobre la renta, que se ha previsto de forma esglaonada, una primera bajada el 2015 y otra el 2016. De esta reducción de tipo sebenefician más las rentas bajas, por debajo de 20.000 euros, y las rentas más altas, por encima de 50.000 euros. Por el contrario, las rentas entremedias resultando ser, una vez más, las más castigadas, pues a ellas el impuesto contrariamente al que se anuncia, se los ha subido. En cuanto a las bajadas, las reducciones de los tipo efectivo no superarán en la mayoría de los casos el 1-2% anual. Por lo tanto, los tipos seguirán siendo los más altos de la historia del país y mucho por encima de la media europea.

Los dividendos e intereses pasan a tributar menos que en estos últimos años, pero más que antes del 2010. El tipo máximo baja del 27% al 23% y el mínimo pasará del 21% al 19%. Por el contrario, se elimina la exención de 1.500 euros por los dividendos recibidos. Así pues, de nuevo las rentas más bajas son las más castigadas, pues pierden la exención. En esta bajada los grandes beneficiados son aquellos que reciben más de 24.000 euros de ingresos, que han visto reducida la tributación entre un 4% y un 6%.

No todas las medidas son negativas, se crea una nueva deducción de 1.200 euros por las familias numerosas o que tengan algún familiar con discapacitado. Si bien esta medida es más que bienvenida, la insuficiencia de la ayuda es obvia.

Una medida acertada es la nueva exención de las plusvalías obtenidas por contribuyentes mayores de 65 años por la venta de acciones, inmuebles o similares. Esta exención siempre ha existido por la venta de la vivienda habitual, sin embargo, se ha ampliado a otros tipos de propiedades. No obstante, no todo podía ser tan bueno, la exención requiere para su aplicación que los importes obtenidos se reinverteixin en la constitución de rentas vitalicias que complementen la pensión.

La reforma también ha introducido medidas desfavorables por los contribuyentes, como la derogación de la deducción del alquiler. La eliminación de esta deducción es realmente injusta. Junto con la derogación de la deducción por el alquiler, se elimina el beneficio fiscal por el cual los ingresos por los alquileres de pisos a jóvenes menores de 30 años estaban 100% exentos de tributación. Costa ver los motivos que han traído al Gobierno a eliminar esta deducción, que no es beneficiosa para nadie, que ataca de nuevo a uno de los extractos más débiles y que contrasta con la noticia de qué somos un país lleno de pisos vuits.

En cuanto al impuesto de las sociedades, destaca la unificación del tipo impositivo al 25% para todas las empresas, hasta ahora las grandes empresas tributaban al 30%. El que por un lado parece una bajada de tributación, a la práctica es una subida, pues la bajada de tipo queda contrarrestada con la eliminación de todas las deducciones que permitían disminuir la tributación efectiva.

Nada se llama de la tributación de las SICAV, ni encontramos ninguna medida antial·lusòria por las grandes corporaciones. También carece un pronunciamiento sobre el impuesto de patrimonio y el impuesto de sucesiones y donaciones, que dé uniformidad a estos tributos evitando las grandes diferencias entre comunidades autónomas.

La reforma fiscal no es un reto del Gobierno sino una obligación, porque junto con las noticias de corrupción, la crisis económica y los recortes, la carencia de confianza en el sistema tributario desincentiva al contribuyente a cumplir con su obligación, que muchas veces queda impune ante la ineficacia de la administración para detectar el fraude.