La hostelería y el comercio, ahogados por los ERTEs

Un total de 38.110 trabajadores valencianos están afectados por las reducciones temporales de plantillas y hay 2.960 ocupaciones damnificadas

Reunión al Palau de la Generalitat sobre las medidas económicas urgentes por el coronavirus | GVA
Reunión al Palau de la Generalitat sobre las medidas económicas urgentes por el coronavirus | GVA
Redacción VIA Empresa
València
20 de Marzo de 2020

La Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo ha recibido del 12 al 19 de marzo un total de 3.579 solicitudes de ERTE de empresas valencianas que afectan a un total de 38.110 trabajadores. El 98% de estas solicitudes proceden del sector servicios, siendo la hostelería y el comercio los más afectados. Por provincias, en Valencia se han solicitado 1.935 expedientes que afectan 14.003 trabajadores; en Alicante, 1.224 expedientes y 8.587 trabajadores afectados, y en Castelló, 461 solicitudes de ERTO y 2.960 ocupaciones damnificadas.

 

Desde la Dirección general de Trabajo, dependiente de la Conselleria de Economía Sostenible, ya se está procediendo a la resolución de estas solicitudes aunque si bien, hasta el momento, no se ha detectado ningún caso de irregularidad, no se aceptarán aquellos ERTE las causas de los cuales no estén justificadas por el Real decreto de estado de alarma aprobado por el Consejo de Ministros", ha explicado el consejero de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafa Climent. El responsable de Economía ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a todas aquellas empresas de sectores no recogidos en el Real decreto.

A todas ellas ha señalado que, si la cadena de producción se ve afectada por la afección de algunas de las personas empleadas o por la necesidad de estar en cuarentena, también pueden acogerse al ERTE "para ser causa de fuerza mayor".

 

Medidas del Gobierno valenciano

Desde el Gobierno valenciano se ha habilitado un total de 97 millones de euros para dar liquidez en diferentes líneas de financiación para evitar cierres masivos y la destrucción de ocupación en el País Valencià. Este montante se divide en una línea dotada con 57 millones, destinada a ayudas a los autónomos y otra de 40 millones de euros, ampliable, que gestionará el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) en créditos participativos para mejorar la solvencia de las empresas, con una carencia de tres años para afrontar estos préstamos, con plazos de amortización de hasta diez.