"Nos han rematado". Así de rotunda se muestra Ana Silvestre, que a sus 54 años es propietaria de un pub reconvertido en cafetería en la zona de Juan Llorens, en València. La agravación de la incidencia de la covid-19 en el País Valencià ha obligado a la Generalitat a tomar medidas drásticas que afectan principalmente a la hostelería, uno de los sectores que más empleo genera.
Antes de que terminaran las fiestas de Navidad, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, anunció el cierre obligatorio de la hostelería a las 17 horas. Esta medida ya no gustó al sector, que perdía los ingresos de las cenas y de las pocas copas que la clientela pudiera consumir antes de las 23 horas.
Y es que los hosteleros valencianos aseguran que desde que entró en vigor la restricción horaria su facturación ha caído más de un 80% respecto al mismo periodo del año pasado. La recientemente formada coordinadora de la hostelería valenciana ha elaborado un estudio que desgrana la "dantesca" situación actual del sector, incluyendo el ocio nocturno valenciano, en el que se asegura que sólo el 14,29% de los locales de ocio continúan subiendo la persiana, a pesar de que su facturación sólo llega al 8,4% respecto al mismo periodo del año pasado. Por otro lado, un 85,7% se han visto obligados a cerrar sus puertas.
En cuanto a la reducción de personal, el informe asegura que las plantillas se han reducido de media un 78,54%. Todo esto supone que las pérdidas económicas mensuales de los negocios ascienden a 10.952 euros, según señala el texto. Con estos números sobre la mesa, Lalo Díez, portavoz de la plataforma, lamenta que el 88,9% de los establecimientos no llegará al 31 de marzo con las puertas abiertas. Además, apunta que a fecha de 13 de enero el 28,57% ya ha bajado la persiana definitivamente.
Los hosteleros valencianos aseguran que desde que entró en vigor la restricción horaria su facturación ha caído más de un 80% respecto al mismo periodo del año pasado
Pero el peor estaba por venir. El Consell decidió endurecer las restricciones y cerrar totalmente la hostelería, al menos hasta el 15 de febrero. "¿De dónde creen que sale el dinero? Aquí ya no tenemos ahorros ni tenemos nada", lamenta Silvestre.
Cronología de los acontecimientos
El día 5 de enero, cuando ya se divisaba que las fiestas navideñas tendrían consecuencias nefastas para el paro de los contagios, Puig anunció, entre otras medidas, el cierre de la hostelería a las 17 horas. Este mandato entró en vigor el día 7 de enero. Desde ese mismo momento, los hosteleros de las principales ciudades valencianas se concentraban cada día a la hora del cierre en señal de protesta.
El lunes 18 de enero, la Generalitat anuncia el Pla Resisteix, dotado con 340 millones de euros para paliar las pérdidas de los sectores más afectados por la covid-19. Horas después, los hosteleros se reunían con representantes del Consell en un encuentro donde les explicaron los pocos detalles del plan que se conocían en ese momento.
"No se nos deja reinventarnos; nos reconvertimos y nos vuelven a cerrar", lamenta Ana Silvestre, propietaria de un pub que han convertido en cafetería
Sólo 24 horas después del anuncio del plan y de la reunión con los hosteleros, el presidente Puig compareció de nuevo, esta vez acompañado de la consellera de Sanitat, Ana Barceló, para anunciar un nuevo paquete de restricciones entre las que destaca el cierre total de la hostelería con la excepción de pedidos para llevar y reparto a domicilio. "Nos reunimos con ellos el lunes, nos tranquilizan y al día siguiente anuncian que tenemos que cerrar. Y el miércoles tenemos que pagar el IBI. ¿De verdad el lunes no sabían que nos iban a hacer esto?", lamenta Silvestre, que asegura que el lunes es el día de planificación de muchos hosteleros, que hacen la compra para una semana o 15 días.
"30 años trabajando para vernos en una cola de alimentos"
El caso de Ana Silvestre es un ejemplo de todas aquellas personas que regentan un negocio de hostelería y están haciendo malabares para poder superar esta crisis. Ella estaba al frente de un pub que decidió reconvertir en cafetería para poder seguir trabajando pese a las restricciones del Consell. Ella y su marido -padres de dos menores de edad- pidieron un préstamo ICO gracias al cual pudieron subsistir e hicieron una inversión de 6.000 euros para modificar el local.
Ahora, llega el momento de devolver el préstamo y todavía no han podido remontar. Su cafetería sólo ha podido abrir durante dos meses y actualmente tienen cero ingresos. Silvestre asegura que a pesar de los anuncios que apuntan que se podrán aplazar los pagos, ella ha ido al banco a preguntar y allí no le han asegurado que esto sea así. "No se nos deja reinventarnos", lamenta Silvestre, "nos reconvertimos y nos vuelven a cerrar".
Ella es muy consciente de que la salud es lo primero, y no está en contra de que se tomen medidas, pero lamenta que se criminalice la hostelería. "Acabamos pagando justos por pecadores", asegura. "Si está todo tan mal, no cerremos sólo la hostelería, que se cierro todo, que nos confinen", insiste, y asegura que ella, en su local, garantiza el cumplimiento de las medidas de seguridad, mientras que ahora las reuniones sociales se hacen en domicilios sin ningún control. "Es ahí donde se dan los contagios", reitera. En la misma línea se pronuncia Lalo Díez, que asegura que "aquí nadie ya no discute que lo primero es la salud, pero nosotros ya nos hemos comido los ahorros personales y de la empresa".
Silvestre critica también como se habla de su colectivo: "Detrás de estos negocios hay familias. No somos grandes empresarios. De aquí al mes que viene nos podemos quedar en la calle con dos menores a nuestro cargo, puesto que tengo el negocio cerrado y avalado con mi casa". Su miedo, y el de otros muchos es tener que cerrar definitivamente el negocio y no tener cómo alimentar a su familia. Asegura que va todos los días a trabajar, a pesar de que sabe que pierde dinero, y se está quedando sin ahorros. "Cuando te falta a ti, es duro, pero cuando los falta a tus hijos, puedes llegar a hacer locuras", alerta. También señala la ansiedad que les genera esta situación y tiene miedo: "Veo que habré estado 30 años trabajando para tener que verme en una cola de alimentos".
Reactivación de las protestas
La situación límite a la que se enfrentan muchos de los hosteleros valencianos los ha llevado a endurecer las protestas contra el Consell. Este jueves, empresarios y trabajadores de bares, restaurantes, cafeterías y locales de ocio de diferentes ciudades y municipios de las demarcaciones de Alacant, Castelló y València se dieron cita en el centro de València, para denunciar "el ataque" del Consell contra las empresas del sector. Además, criticaron el Pla Resisteix que tildaron de "aberrante" y que, a su entender, deja en la estacada a las miles de familias valencianas.
Con consignas de "No queremos limosnas. El Pla Resisteix es un insulto para el ocio y la hostelería" y "Así no hay quién resista", han amontonado monedas de céntimos ante las puertas del Palau de la Generalitat y han cortado varias calles con sus vehículos para mostrar su rechazo al plan de choque anunciado por el Consell que, aseguran, es "insuficiente".
Este mes de enero han tenido que hacer frente al pago del IVA, la cuota de autónomo, las ctitzacions a la Seguridad Social de los trabajadores y el pago a cuenta del IRPF del último trimestre de 2020
Lalo Díez aprovechó la protesta para insistir en el hecho de que los establecimientos arrastran una media de pérdidas de 116.000 euros, a consecuencia de las restricciones y el freno de su actividad desde que empezó la pandemia, y los numerosos pagos a los que continúan haciendo frente, según el último barómetro realizado por la Coordinadora. En este sentido, recordó que este mes de enero han tenido que hacer frente al pago del IVA, la cuota de autónomo, las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores y el pago a cuenta del IRPF del último trimestre de 2020. Todo esto, mientras las ayudas "anunciadas a bombo y platillo, no llegan ni a cubrir el 2% de los gastos que hay que continuar pagando con serias dificultades".
Por eso lamenta que la solución que se pone sobre la mesa "es una compensación de inyección directa de 2.000 euros por empresa y 200 euros por trabajador en un pago único, que traducido a todos los meses que llevamos acumulando deudas, desde marzo de 2020, equivale a 5,3 euros al día por pyme y 0,5 euros al día por cada trabajador".
Ante esta situación, y un cierre que son conscientes que puede alargarse, exigen "justicia económica y reactivar una mesa de diálogo con todas las patronales del sector, y todas son todas, para consensuar un plan estructural acorde a la realidad que están sufriendo las pymes".
Un plan a largo plazo
Ana Silvestre duda cuando se le pregunta si se plantea cerrar el negocio definitivamente. "Si nos amplían la moratoria para devolver el préstamo, y dependiendo del tiempo que nos tengan cerrados... Si sólo estamos cerrados en febrero, seguiremos adelante. Si no, ya lo veremos". Ella está convencida de que el Consell ampliará las restricciones más allá del 15 de febrero y no tiene ninguna esperanza de poder abrir antes del mes de marzo.
"Tú te planificas para los 15 días que te dicen que estarás cerrado, y llega el día 14 y te dicen que amplían las restricciones 15 días más", se queja y considera que estos errores ya no se pueden perdonar. "Al principio de la pandemia, cuando nadie sabía muy bien cómo iba esto, se entienden las dudas y los errores, pero un año después tendrían que estar más preparados. Les pagamos para eso" señala, cabreada.
Por todo esto, la plataforma de hosteleros valencianos pide que la Generalitat diseñe un plan a largo plazo que acabe con la incertidumbre en la que vive el sector. Son conscientes de que no se puede prever qué pasará con el virus pero, como mínimo, piden una estrategia que les ayude a saber si les vale la pena hacer un esfuerzo en reinventarse y seguir adelante, o si ha llegado la hora de bajar la persiana definitivamente y buscar un nuevo futuro laboral.
De momento, Puig ha anunciado la puesta en marcha de nuevas ayudas directas para empresas, autónomos y trabajadores en situación de ERTE, por un total de 105 millones de euros. Estas nuevas ayudas son uno de los cuatro apartados en los que se articula el Pla Resisteix. Los otros tres corresponden a nuevos instrumentos financieros del Institut Valencià de Finances (IVF), el fondo de cooperación municipal para la gestión de las ayudes Paréntesis, así como las ayudas para sectores con un perjuicio sostenido durante la pandemia.
Ximo Puig ha anunciado la puesta en marcha de nuevas ayudas directas para empresas, autónomos y trabajadores en situación de ERTE, por un total de 105 millones de euros
El presidente ha explicado que la nueva línea de ayudas se despliega en tres frentes: el primero consiste en conceder una cuantía similar a la de las cuotas de la Seguridad Social dirigida tanto a trabajadores como a los propietarios (empresarios o autónomos), pertenecientes a los sectores más afectados como son el turismo, el ocio y la cultura, la restauración y la hostelería.
Se destinará un total de 80 millones de euros para auxiliar a más de 180.000 beneficiarios, de los que 44.000 son autónomos y 22.000, empresas de sectores antes mencionados. En concreto, se concederá una cantidad fija de 600 euros para cada uno de los trabajadores/autónomos hasta un máximo de 12.000 euros, con independencia del tamaño de la empresa.
En cuanto al segundo tipo de ayudas, el presidente ha asegurado que consistirá en una ayuda directa para los profesionales autónomos más afectados por las restricciones, dado el "impacto económico de estas medidas en tantos emprendedores". Por eso, ha destacado que la Generalitat complementará la ayuda extraordinaria que recibieron del Estado los autónomos valencianos en diciembre. De este modo, destinará ocho millones de euros para los 26.000 autónomos que recibieron la prestación de la Seguridad Social el 31 de diciembre. En concreto, la Generalitat aumentará la prestación que recibieron con dos pagos mensuales de 150 euros. Finalmente, la tercera de las actuaciones de la línea de ayudas consiste en ayudas directas a los trabajadores que continúan en ERTE, para los que se destinarán 17 millones de euros.