La sostenibilidad ha se ha convertido, en las últimas dos décadas, en uno de los drivers centrales de las políticas públicas y la gestión empresarial. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas han logrado el estatus de hoja de ruta para la regulación y el management; tanto que algunos economistas apuntan hacia un mundo en que cuestiones como el respecto al medio ambiente formará parte del balance corporativo -- así lo apuntaba en su último libroSantiago Niño-Becerra. El Consejo General de Economistas de España no rehuye la relevancia de estos horizontes estratégicos, y explora el avance de la Agenda 2030 en varios territorios del Estado en un informe de sostenibilidad regional que no deja Catalunya en buen lugar.
Según el estudio elaborado por la institución que agrupa los economistas españoles, Catalunya es la undécima comunidad autónoma en logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para facilitar el estudio, el CGE parte los 17 ODS en cinco temáticas: Personas, Prosperidad, Planeta, Pau y Partenariado. Si bien el país tiene un gran desarrollo en las primeras, el cuidado de las personas y el progreso económico; el resto de puntos incluidos a la agenda de la década no reciben, según el Consejo, la atención necesaria. Así, Catalunya es el último territorio español en la aplicación de los objetivos de paz, con un mal rendimiento en cuestiones cómo la solidez institucional (objetivo 16) o las comunidades y ciudades sostenibles (objetivo 11). El documento confirma que queda trabajo a hacer, además, en la colaboración entre instituciones y empresas, un apartado en que ocupa la octava posición.
Según el estudio elaborado por el CGE, las dos comunidades autònomés con un adelanto más claro en los objetivos de la década son las que cuentan con regímenes fiscales propios: el País Vasco y Navarra. La comunidad foral, de hecho, ocupa una de las tres primeras posiciones en 13 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, con especial foco en la colaboración institucional, la buena gestión económica y las políticas sociales. Por su parte, la CAV, si bien en los objetivos institucionales (14) y en los relacionados con la defensa del medio ambiente (7) no llega a los estándares pedidos por el Consejo, sería la región española con un mejor desarrillo en las metas de prosperidad económica y de partenariat, donde ocupa una lejana primera posición. La Rioja, Madrid y Cantabria acompañan a Euskadi y la comunidad foral al frente del ranking.
Al otro lado de las tablas de datos, cómo lamentan desde el Consejo, están Andalucía y las Islas Canarias, los dos territorios que más lejos tienen los ODS según el estudio de los economistas. Los territorios meridionales de la Península Ibérica tienen especiales dificultades para llegar lograr los horizontes de prosperidad económica -Andalucía es la decimoquinta en lucha contra la pobreza- así como en los cubiertos por el paraguas de Paz; con un farolillo rojo en las medidas de igualdad de género, donde tienen el peor resultado de todos los territorios españoles. Las Canarias, por su parte, ocupan la última posición tanto en las recomendaciones económicas como las ecológicas. Los datos recogidos por el CGE revelan la necesidad de atención especial en cuestiones como la reducción de las desigualdades (objetivo 10), el trabajo digno (objetivo 8) o la producción y acceso a energía no contaminante (objetivo 7), en que ninguna comunidad muestra peores resultados.
¿Cómo está España?
En las primeras páginas del informe, el CGE presenta y ratifica los puntals de la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Estado español. Así, en los documentos de cumplimiento anual de los ODS y la Agenda 2030 aprobados por el Consejo de Ministros marcan ocho grandes retos necesarios para recorrer con éxito la hoja de ruta marcada por las Naciones Unidas. Así, además de horizontes globales cómo el fin de la pobreza o el enfrentamiento contra la emergencia climática y ambiental, el Estado tiene que poner el foco en cuestiones como el fin de la precariedad laboral, la crisis de los servicios públicos o la revitalización del medio rural.
Si bien el rendimiento concreto de las políticas necesarias para lograr los objetivos de sostenibilidad es desigual, las comunidades autónomas sí que se muestran, en general, dispuestas a cumplir con su rol. Según la investigación elaborada por el CGE, la mayoría de los territorios han desarrollado o tienen en curso de desarrollo las ocho medidas institucionales para facilitar el logro de los ODS, con Catalunya y el País Valencià al frente. Las administraciones catalana y valenciana son las únicas, según los datos del Consejo, que ya han desarrollado todos los mecanismos de implantación de la Agenda 2030 a en el Estado, desde la alineación presupuestaria a la elaboración de planes estratégicos de sostenibilidad; espacios de coordinación entre administraciones o mecanismos de diálogo y cooperación públicoprivada.