El 66% de las viviendas de protección oficial que se construyeron en Catalunya entre 2013 y 2023 fueron a cargo de promotores privados. El 34% restante pertenecieron a promociones promovidas por Incasòl. Así lo pone de manifiesto un estudio elaborado por la cátedra de empresa Habitatge i Futur de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y la Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya (APCE).
El estudio se ha presentado este jueves en Girona, en la sede del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya (COAC) donde también se ha detallado que el Estado hace once años que no destina dinero para promociones públicas en el territorio. En concreto, entre 2013 y 2023 se registró una media anual de 1.569 calificaciones de Viviendas de Protección Oficial (VPO) en Catalunya, que indica el número de pisos que se han comenzado a hacer.
Esta cifra contrasta con la de la década anterior, cuando se hicieron 6.194 calificaciones anuales, de media. La caída responde, sobre todo, a la supresión de la política de ayudas estatales en materia de financiación de la vivienda protegida que había sido la columna vertebral de las políticas de vivienda en los últimos 30 años.
Esto quiere decir que en la última década la inversión estatal en construcción de VPO ha sido nula. En paralelo, la Generalitat ha estado haciendo un sobreesfuerzo a lo largo de esta década para suplir la falta de financiación estatal en esta materia. De hecho, de todas las promociones de pisos protegidos que se han levantado entre 2013 y 2023, un tercio son de Incasòl.
Según el Pla Territorial Sectorial d'Habitatge de Catalunya (PTSH), un 26,4% de los municipios del territorio no tienen la información relativa a las reservas de suelo para VPO
A pesar de todo, los autores del estudio critican que no se dediquen suficientes recursos ni por parte del Estado ni tampoco de la Generalitat. Apuntan que entre las dos administraciones aportan un 0,29% del total de obligaciones reconocidas. Por ello, consideran que las escasas partidas presupuestarias destinadas a vivienda demuestran que "no lo consideran como un servicio básico y de primera necesidad para la ciudadanía". Por ello, los autores del informe apuestan por mantener una colaboración público-privada para continuar desarrollando vivienda pública en Catalunya.
El reto más inmediato que tendrá el territorio, sin embargo, es el de reservas de suelo disponibles para construir. Según el Pla Territorial Sectorial d'Habitatge de Catalunya (PTSH), un 26,4% de los municipios del territorio no tienen la información relativa a las reservas de suelo para VPO. Por otra parte, hay una reserva de 210.736 pisos, pero se desconoce cuál es el estado de urbanización, la titularidad de los terrenos y qué gestión urbanística hay que llevar a cabo antes de desbloquear las promociones.