Con la convocatoria de elecciones anticipadas para el 23 de julio de 2023, más de 60 normas que se estaban tramitando se han detenido en el Congreso de Diputados y en el Senado, ahora disueltos. Muchas propuestas han quedado en el limbo y peligran medidas que se daban por sentado, como la Ley de la Vivienda, la ampliación de la reforma laboral o el Estatuto del Becario. A continuación, un resumen de las siete leyes en materia económica que podían haber cambiado las reglas del juego y que han quedado en stand-by.
1. El peso de la reforma laboral
Era en febrero de 2022 cuando el Gobierno español sacó adelante la reforma laboral con una escena de infarto y, además, rocambolesca: fue el error en la votación telemática de un diputado del PP lo que permitió al Gobierno salvar la votación por la mínima, 175 a 174. La nueva reforma laboral impulsada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, fue calificada por los sindicatos como "el mayor avance de derechos laborales de la historia de la democracia en España", ya que proponía poner fin a la precariedad. Con la nueva normativa se potenciaban los contratos indefinidos con pocas excepciones para los contratos temporales; se simplificaban los ERTE y los convenios de empresa estaban bajo las directrices de los convenios del sector.
Sordo (CCOO): "Hay una parte de la patronal que simplemente está esperando al cambio de ciclo político, pero hay otra parte, bastante más inteligente, que es consciente que 2023 y 2024 serán muy estratégicos en el despliegue de fondos europeos"
En un día de protesta como el 1 de mayo de 2023, los sindicatos "celebraron" hitos recientes como la reforma laboral de Díaz, el aumento del salario mínimo o la reforma de las pensiones. Sin embargo, también pidieron al gobierno y al resto de partidos políticos una subida de sueldos generalizada para mejorar el poder adquisitivo frente al aumento de precios, el negocio de 1.300 convenios colectivos y la necesidad de revisar el coste de despedir.
Lleva meses buscando un amplio acuerdo con las patronales y, desde la CEOE, su presidente, Antonio Garamendi, afirma que para alcanzar un nuevo acuerdo hay que negociar con “discreción” y ha rechazado las críticas sindicales de falta de responsabilidad de los empresarios, ya que son los que “generan riqueza y empleo.”
“Hay una parte de la patronal que simplemente está esperando al cambio de ciclo político, pero hay otra parte, bastante más inteligente, que es consciente de que 2023 y 2024 serán muy estratégicos en el despliegue de fondos europeos y en el despliegue de importantísimas decisiones de inversión”, advierte el secretario general de CCOO, Unai Sordo. Un cambio político en la Moncloa puede derogar a gran parte de los acuerdos alcanzados en materia laboral.
2. El eterno dilema de las pensiones
El Congreso de los Diputados aprobó a principios de abril la segunda reforma de las pensiones del Gobierno, impulsada por el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá. En esta reforma se establecen las medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones.
Esta segunda reforma se apoya en tres pilares básicos que son el incremento de las bases máximas de cotización, la creación de una nueva cuota de solidaridad que busca gravar los salarios más altos y que no genera derecho a contraprestación alguna y la sustitución del mecanismo automático que garantice mejorar las pensiones más modestas.
Para Enric Llarch, economista y analista de VIA Empresa, "uno de los elementos clave de la reforma de las pensiones tiene que ver con la revalorización de las prestaciones con la inflación". El economista tiene claro “que se ha aprobado todo lo que debía aprobarse” y que otro elemento interesante ha sido la aplicación progresiva del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una medida de refuerzo por la sostenibilidad sistema que permite incrementar un 0,6% de la cotización de la Seguridad Social. Sin embargo, lo que formará parte del debate en las próximas semanas es la crítica del Banco de España hacia medidas para reducir el déficit que ya ha avanzado la derecha española que quiere promoverlo y como se aborda el “tope máximo de las pensiones”.
3. La Ley de la Vivienda y la oposición de los propietarios
Esta nueva ley ha contado con mayoría parlamentaria para salir adelante en las Cortes españolas, así como con el visto bueno de las organizaciones de inquilinos, pero no del sector inmobiliario y de los propietarios. Debido a la actual coyuntura política hace que su cumplimiento peligre y muchos gobiernos y ayuntamientos se opongan a la norma, sobre todo del Partido Popular (PP) y VOX, ya que depende en gran parte de las comunidades autónomas, como por ejemplo con la definición de "grandes tenedores de vivienda”.
Alex Vázquez, director de gestión de patrimonios y comercialización de alquileres en Forcadell, apunta que la Ley de la Vivienda entró en vigor el 26 de mayo y, con ella “el pago de honorarios de intermediación por parte del arrendador”, “la transparencia e información del potencial arrendatario” y la “complicación de los procedimientos para proceder a un desahucio por falta de pago o expiración de contratos”.
Debido a la actual coyuntura política, la Ley de la Vivienda está en peligro y muchos gobiernos autonómicos y ayuntamientos se oponen a la norma
Para Vázquez, el elemento clave tiene que ver con la declaración de "las zonas de mercado tensas", que es la condición para que se ejecute la limitación de precios de alquiler y que depende del gobierno de cada comunidad autónoma. En este sentido, muchas regiones gobernadas por el PP ya han avisado de que no considerarán zonas de mercado tensas sus zonas y, por tanto, "no aplicarán la contención de alquileres".
Por último, otro elemento en juego durante las próximas semanas tiene que ver con la definición de "gran tenedor" que se quiere utilizar para aquella persona física y jurídica que sea titular de más de 10 inmuebles urbanos. "Las comunidades autónomas tendrán la libertad de rebajarlo a partir de las 5 viviendas y se hace difícil de justificar", concluye.
4. El Estatuto del Becario y los 10 meses de negociación
El nuevo Estatuto del Becario se ha alargado en el tiempo, pese a que hace unos meses parecía que debiera aprobarse de inmediato. Hasta ahora, la ministra y vicepresidenta del Ejecutivo, Yolanda Díaz, lo había estado negociando, al igual que con la reforma laboral, con sindicatos y patronal. La medida afectaría a más de 400.000 estudiantes de todo el Estado y, tal y como analizamos en VIA Empresa, se hablaba del "adiós fotocopias, cafés, horas extras y una regularización más efectiva".
Existen muchas diferencias entre sindicatos y patronales por el uso de las prácticas extracurriculars
¿Por qué no existe consenso social ante el nuevo Estatuto? Pese a que la creación del Estatuto estaba prevista en la reforma laboral de 2021, con el paso de los meses se han preparado más de cuatro borradores. El texto regulaba cuestiones como el derecho a vacaciones de los becarios, los salarios mínimos que podían percibir, el límite de becarios por plantilla, se prohibía el trabajo en turnos por la noche y se recogía la obligación de que la empresa pagara las dietas en algunos casos. Sin embargo, es en la prohibición de realizar prácticas extracurriculares la diferencia. Desde los sindicatos y Trabajo creían que incentivaban la existencia de falsos becarios, mientras que la CEOE no lo veía claro y se descolgaron del acuerdo.
Sin embargo, tras este preacuerdo, Trabajo planteó un nuevo borrador en enero en el que introducía una moratoria a la prohibición de las prácticas extracurriculares hasta un máximo de tres años y fijaba un límite de 900 horas (36 créditos). Un movimiento que no gustó a los sindicatos, que pidieron eliminarlas.
5. La Ley de Familias y la apuesta para una mejor conciliación
Esta ley, que no verá la luz en esta legislatura, era una de las medidas estrella del gobierno de coalición y tenía como objetivo reconocer una mejor diversidad de situaciones familiares. Por ejemplo, introducía tres tipos de permisos remunerados para cuidar a hijos, familias o convivientes. El primero permitía el cuidado durante cinco días al año. El trabajador podía destinar cinco días retribuidos a cuidar a cualquier familiar hasta el segundo grado o conviviente. Luego también había un permiso de ocho semanas para los progenitores que podían disfrutarlos de forma continua o discontinua a lo largo del curso hasta que el menor a su cargo cumpliera ocho años. Y, finalmente, el tercer permiso consistía en poder tener cuatro días para atención inmediata y no asistir al puesto de trabajo para atender a algún familiar que requiriera atención inmediata.
Belarra (Derechos Sociales y Agenda 2030): "España tiene una emergencia de conciliación"
También se contemplaba una ampliación de la ayuda de crianza de 100 euros hasta los 3 años para mujeres en paro o que hayan cotizado 30 días a partir del parto, incompatible con el ingreso mínimo vital que da 100 euros por hijo. Hasta ahora sólo lo cobraban las madres trabajadoras. También se reconoce el acceso de las parejas de hecho a un permiso similar al matrimonio. La ley sustituye el concepto de familia numerosa por el de "familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza" y engloba dentro de este concepto, además de las que tienen tres o más hijos.
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, consideró en reiteradas ocasiones que España "tiene una emergencia de conciliación" y que había que cambiar las cosas porque "demasiadas veces hemos pedido a madres y padres que sean superheroínas y superhéroes, que lleguen a todo sin apenas política de ayuda a las familias".
6. La Ley del defensor del cliente financiero
La Ley del defensor del cliente financiero buscaba aumentar la protección de los ciudadanos, planteando la resolución extrajudicial de conflictos entre las entidades financieras y sus clientes, mediante una autoridad con autonomía e independencia, que pudiera tomar decisiones vinculantes. Incluía los servicios bancarios y de pagos, la comercialización de seguros, los fondos de pensiones y otros instrumentos de ahorro y la actividad de los fondos de inversión y otros agentes de mercados de capitales, incluyendo criptoactivos.
La autoridad también podría multar directivos de entidades financieras responsables de conductas irregulares con hasta un millón de euros
Las resoluciones se dictarían en un plazo no superior a 90 días naturales desde que el expediente esté completo, y tendrían carácter vinculante para las entidades financieras cuando las reclamaciones estuvieran relacionadas con la normativa de conducta y protección a la clientela, o con cláusulas abusivas declaradas como tales por los altos tribunales y de cuantía inferior a 20.000 euros.
El nuevo organismo podría imponer sanciones que oscilarían, en función de su gravedad, entre los 500.000 euros y los 2 millones de euros. La autoridad también podría multar a directivos de entidades financieras responsables de conductas irregulares con hasta un millón de euros. En esta ocasión las entidades financieras serían las encargadas de costear el organismo, aunque con una novedad importante: si antes la regulación podía estimular que los clientes presentaran reclamaciones simplemente para dañar a los bancos, ahora se ha puesto fin a esta distorsión para fomentar a cambio las buenas prácticas en el sector.
Ahora bien, la norma remitida al Congreso establecía una tasa fija de 250 euros por cada reclamación, que habría pagado la entidad financiera, cualquiera que fuese el resultado de la resolución. Suponía, a juicio de los bancos, un “incentivo perverso” por reclamar.
El proyecto de ley se aprobó este mes en el Pleno del Congreso con una amplia mayoría y fue enviado al Senado para rematar su tramitación, pero esto ya no será posible por la disolución de las Cámaras para que se puedan celebrar las elecciones generales domingo 23 de julio.
7. La tan anhelada Ley de Mecenazgo
El Congreso de los Diputados aprobó una reforma de la Ley de Mecenazgo que amplía las posibilidades de los donantes subiendo las deducciones y añadiendo nuevas modalidades. La aprobó la Comisión de Hacienda por 31 votos a favor, todos los grupos salvo Vox, y sustituirá al texto actualmente vigente, que data de hace 21 años y que regula el régimen fiscal de las entidades sin ánimo de lucro. El texto reformado “sube el importe máximo de las donaciones personales de 150 a 250 euros, que podrán deducirse del IRPF en un 80%, y del 35% al 40% las deducciones del impuesto de sociedades de los entes jurídicos”.
Pero la principal novedad es que se podrán realizar donaciones en forma de servicios, como asesoramientos, consultorías o espacios para publicidad, además de otras modalidades. También se incluirán otras mejoras como las contraprestaciones de bienes o servicios simbólicos, que no podrán representar más del 15% del valor de la donación, con un máximo de 25.000 euros.
El empresario David Garrofé en un artículo de VIA Empresa abordaba la nueva normativa: Aprobada la nueva Ley de Mecenazgo en el Congreso. Parlamento y Gobierno, ¿a qué espera? Y lanzaba la siguiente crítica: "Las declaraciones de intenciones y los buenos propósitos del BOE deben contrastarse con presupuestos y porcentajes para ver la credibilidad del mensaje". Garrofé ponía deberes a la administración: “¿Y en Catalunya? ¿Cómo gestionamos el tramo autonómico del IRPF para favorecer el mecenazgo? ¿Nos lo hemos creído lo de la filantropía?”.
Por último, entre las leyes que se han quedado sin aprobar por la disolución de Las Cortes -y que no son estrictamente del ámbito económico- destaca la Ley Darias, que empezó a tramitarse el pasado verano, para una cohesión mayor en el Sistema Nacional de Salud. También se buscaban mejoras para los pacientes de la ELA o la Ley de Salud Mental. También existía la promesa electoral de Pedro Sánchez para garantizar el olvido oncológico antes de finalizar junio o la futura nueva Ley del Cine. También queda en stand-by la tramitación de Enseñanzas Artísticas.