"Disparate", "irresponsabilidad" y "expropiación". Son algunas de las palabras con las que la Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona (Apartur) ha criticado la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de no renovar las 10.000 licencias de pisos turísticos de la ciudad de cara al 2029 y convertir en residencias. De hecho, Enrique Alcántara, presidente de la entidad, ha anunciado que elevarán una queja a la Unión Europea (UE) para detener esta medida que ya recurrió el Partido Popular ante el Tribunal Constitucional (TC).
Todo ello ha sucedido en un acto de prensa, donde Alcántara ha estado acompañado por Marian Muro, nueva directora general de Apartur. Ambos han mostrado su rechazo frontal a la propuesta del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, la cual consideran que viola la directiva Bolkestein de libre circulación de servicios. Además, han advertido que el consistorio podría acabar pagando reclamaciones patrimoniales de "miles de millones de euros" a los propietarios de estas viviendas, dado que "explotar un piso turístico es un derecho". En este sentido, Muro ha insistido en que la ley contempla "expropiaciones y no eliminaciones", y que supone un "aviso a navegantes de una inseguridad jurídica tremenda".
Un "buen verano" con la ocupación entre el 85% y el 90%
Aun así, la indignación no ha estado presente durante todo el acto. Previamente, Alcántara ha presentado las previsiones de Apartur de cara a este verano, que pronostican como "bueno" y "atípico". Este último rasgo tiene que ver con acontecimientos deportivos como la Eurocopa o los Juegos Olímpicos de París, que "desplazan" el interés de Barcelona hacia más adelante. En concreto, la ciudad prevé una ocupación entre el 85% y el 90%, similar a la del 2023 y ligeramente superior a la del 2019.
Tres de cada cuatro visitantes serán familias (75%), y la mayoría de los extranjeros provendrán de Reino Unido, Francia y Estados Unidos. Sin embargo, Alcántara ha destacado la celebración de la Copa América como un evento que mantendrá la demanda durante agosto y septiembre y compensará el "flojo" julio, aunque está previsto que los precios de la oferta turística empiecen a disminuir a partir del 20 de agosto.
El modelo de Collboni, "inviable" por la demanda turística
Alcántara ha empezado el acto hablando de "transición de modelo turístico", pero con el paso de los minutos se ha abierto la caja de los truenos. Primero, ha advertido que la medida era "ineficiente" y un "anuncio político", porque "confunde dos conceptos: el problema de las viviendas con el overtourism (la masificación del turismo)". Para los dos dirigentes de Apartur, no hay "ninguna relación" entre ambos fenómenos, puesto que "hace seis o siete años había 16.000 pisos turísticos legales e ilegales, y ahora hay 10.000, mientras que el precio de la vivienda ha continuado subiendo".
Para Apartur, una Barcelona sin los 10.000 pisos turísticos actuales "dispararía" los precios de los hoteles y la ciudad dejaría de ser "accesible" para las familias
En este sentido, han avisado que si la medida se acabara implementando, "se acabaría con el 40% de la oferta turística de Barcelona" y, por lo tanto, acoger grandes eventos como el Mobile World Congress o la Copa América sería "inviable". También han pronosticado que los precios de los hoteles se "dispararían" y venir a visitar la ciudad dejaría de ser "accesible" para las familias, el principal perfil de turista de la capital catalana hoy por hoy.
"Cada piso turístico genera 3.000 euros mensuales solo en impuestos", ha recordado Alcántara. El impacto directo de este modelo de negocio es de 347millones de euros, mientras que el indirecto estaría alrededor de 1.200 millones de euros, según Apartur. "Cada euro que perderíamos nosotros son tres que dejarían de ganar los establecimientos de ocio y de restauración de la ciudad", ha lamentado Alcántara.
La tasa turística como medida para fomentar la vivienda social
En su intento de demostrar que el problema de la vivienda y la existencia de pisos turísticos no están correlacionados, Apartur ha presentado una medida para ayudar a estimular las viviendas sociales. Esta contempla que el 100% de la tasa turística que cobra el Ayuntamiento de Barcelona se destine a crear viviendas sociales. En concreto, cifran la cantidad en unos 100 millones de euros que, según estiman, podrían ayudar a 5.000 familias con 500 euros mensuales y generaría unos 16.600 inmuebles sociales. "Hay que usar el turismo como palanca para ayudar a la gente", ha afirmado Alcántara.
Aun así, el presidente de Apartur ha explicado que no le ha podido exponer esta idea a Collboni en persona, dado que el alcalde no les ha recibido desde que tomó posesión. Eso sí, ha señalado que su medida sería más "conveniente", que no financiar el aire acondicionado en los centros educativos barceloneses, tal como anunció el alcalde. A pesar de hacerle llegar la propuesta, según la patronal, el consistorio consideró que "no tocaba" tratar el tema.
Barcelona, un "ejemplo" en la lucha contra los pisos ilegales
Apartur también ha subrayado el compromiso de Barcelona a la hora de acabar con los pisos turísticos ilegales. De hecho, Muro ha recordado que Barcelona fue la primera gran ciudad que reguló este fenómeno y ha cifrado en 0,08% las quejas que recibe el consistorio en cuanto a viviendas. "A veces los datos superan el relato, y en este caso no es verdad que Barcelona esté llena de pisos ilegales", ha afirmado.
El consistorio estima que todavía hay entre 300 y 400 pisos turísticos ilegales cada mes. Precisamente, Alcántara ha agradecido el compromiso del Ayuntamiento en esta problemática y lo ha tildado de "ejemplo", a pesar de que ha avanzado que no lo aceptarán como pretexto para reducir la cantidad de pisos turísticos. "Actualmente, las viviendas de uso turístico representan un 0,77% del total. No admitiremos ninguna rebaja en una negociación porque ya estamos por debajo del 1%", ha advertido.
Alcántara ha pronosticado que las viviendas ilegales se dispararían si se acaban prohibiendo, tal como ha sucedido a Nueva York
En esta línea, también se han querido desmarcar del precedente de Nueva York, que prohibió los pisos turísticos el pasado septiembre del 2023. "Es un caso diferente porque allí no existía regulación, mientras que aquí hace más de 10 años que se regula con licencias", ha explicado Alcántara. Además, el dirigente ha pronosticado que las viviendas ilegales se "dispararían", tal como ha sucedido en la ciudad norteamericana.
El "mito" de los grandes tenedores
La cita también ha servido para reivindicar el negocio de los pisos turísticos como una "actividad legal". Muro ha informado que el 86% de los propietarios de viviendas turísticas en Catalunya solo poseen un inmueble. Preguntada por el mismo dato en la capital, Barcelona, ha asegurado desconocerlo.
"El principal perfil es el de una persona de 60 años que tenía una segunda residencia y que se sacó la licencia para poder hacer negocio", ha apuntado Alcántara, que ha cifrado en 5.000 los ciudadanos que tienen una sola propiedad con licencia. Por eso, el presidente de Apartur ha "llamado a la responsabilidad" para evitar que se genere turismofobia. Sin embargo, de momento la batalla para regular los pisos turísticos continuará en los juzgados.