La Asociación de Propietarios de Catalunya considera un "error" la huelga de alquileres planteada por el Sindicato de Inquilinas. "Se trata de una medida desafortunada que en ningún caso solucionará el problema. Además, es ilegal y traerá consecuencias legales", ha señalado la entidad que representa a los pequeños y medianos propietarios que alquilan viviendas y bienes inmuebles. De hecho, la Asociación de Propietarios alerta que el derecho de huelga solo está reconocido a "nivel laboral", pero no contractual. "Lo que se plantea es un incumplimiento de los contratos de arrendamiento que, evidentemente, traerá consecuencias negativas para los inquilinos que adopten esta postura", ha advertido el presidente de la Asociación de Propietarios de Catalunya, Sergi Llagostera.
Los propietarios lamentan que se vuelva a poner el foco en la propiedad privada, "demonizándola y haciéndola culpable de los problemas de acceso a la vivienda". "A quien se le debe reclamar el cumplimiento de sus funciones es al Estado, que constitucionalmente es el responsable del acceso a la vivienda", ha recalcado Llagostera. "Los propietarios no son responsables de la situación ni deben pagar las consecuencias de las desacertadas políticas del Estado en esta materia", ha señalado el presidente de la Asociación de Propietarios de Catalunya, quien considera que la falta de alquiler social y de medidas específicas ha empeorado el acceso a una vivienda de alquiler.
La Asociación de Propietarios alerta que el derecho de huelga solo está reconocido a "nivel laboral", pero no contractual
"Se ha legislado de cara a la galería, desplazando a la propiedad privada la función de auxilio social que corresponde al Estado y se ha anulado la seguridad jurídica en el mercado de alquileres, con las nefastas consecuencias de su redacción", ha concluido Llagostera.
"Mala praxis legislativa en Catalunya"
Finalmente, la Asociación de Propietarios ha celebrado la anulación por parte del TC de parte de la ley catalana de vivienda de 2022 y de la obligación de los propietarios de ofrecer alquiler social. "Suponía la vulneración del derecho a la propiedad y era un ejemplo de la mala praxis legislativa en Catalunya", ha comentado la entidad. "Se trata de un error conceptual de los legisladores y de los políticos al interpretar el significado de función social recogido en la Constitución", han insistido desde la Asociación de Propietarios de Catalunya. "Normas como esta demuestran la incompetencia de la administración catalana para resolver el problema de acceso a la vivienda, por la reiteración y por el mal planteamiento de la cuestión", ha concluido la entidad.