Antoni Gómez es presidente del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, desde el año 2018, una organización que defiende los intereses de 1.600 profesionales y 200 firmas del universo auditor. Licenciado en Ciencias Económicas por la Universitat de Barcelona, Gómez recibe VIA Empresa en su despacho de la firma Auren para hablar del papel que juega un auditor en el día a día de una empresa y qué impacto produce el sector en la sociedad.
¿Qué es un auditor?
El auditor es un profesional independiente que analiza las cuentas de las entidades mercantiles, las no lucrativas o las vinculadas a la administración pública. Tenemos un régimen de incompatibilidades y normas éticas muy estrictas para asegurar que nuestra visión sea independiente, siempre con escepticismo profesional.
¿Partiendo de esta definición, el auditor es amigo o enemigo de la empresa?
Es un profesional neutral. Igual que los notarios, un auditor se encarga de dar fe pública de unas determinadas cuentas. Ahora bien, a menudo, en nuestro ámbito encontramos errores o diferencias de interpretación. El responsable de hacer las cuentas es la empresa o entidad. Nuestra responsabilidad es opinar si las cuentas son adecuadas o no para reflejar la situación. En muchos casos, esta opinión se tiene en cuenta y en otras, si la empresa no comparte el criterio, entonces se deja por escrito en el informe. Este último caso no quiere decir que las cuentas estén mal, simplemente que no hemos podido determinar si está bien por las circunstancias de la empresa.
¿Cuáles son los retos más importantes a la hora de hacer un informe?
Un reto muy relevante es la sostenibilidad. La nueva directiva comunitaria, aprobada en diciembre del año pasado, establece que las empresas con más de 250 trabajadores y trabajadoras tienen la obligación de hacer un informe de sostenibilidad corporativa. El proceso abarca tres grandes ámbitos: medio ambiente, social (Brecha salarial, formación, atención al cliente o canales de denuncia) y sostenibilidad (Cumplimiento de normas éticas y lucha contra la corrupción). La figura más adecuada para tutelar y verificarlo todo es el auditor. Más allá de esto, a medida que la sociedad evoluciona, también van apareciendo nuevos frentes cómo las operaciones realizadas con la tecnología blockchain.
Tenemos un régimen de incompatibilidades y normas éticas muy estrictas para asegurar que nuestra visión sea independiente
A menudo, la sociedad ve el auditor cómo un elemento supeditado a los intereses de la empresa o entidad que contrata los servicios. ¿Qué opinión le merece?
Antes que nada, información. El conjunto del sector hace más de 70.000 informes en toda España y los organismos supervisores solo sancionan 60 casos. Cualquier entidad que se pueda sentir perjudicada por un informe de auditoría puede pedir una revisión en las oficinas del ministerio de Economía.
Durante los últimos años, en el debate público, ha aparecido con fuerza la necesidad que la gente tenga unos mínimos de educación financiera. ¿Se tendría que incluir las nociones básicas de auditoría en este escenario?
Sí, como mínimo, hay que tener un conocimiento más alto de todo lo que es el tema contable y financiero. Más que nada, porque es muy importante de cara a la vida cotidiana. Uno de los problemas como sector es que necesitamos más gente que quiera aterrizar en el mundo de la auditoría.
¿Cuál es el obstáculo?
Arrastramos el estereotipo que la auditoría es un trabajo muy estresante. Es verdad que todas las empresas quieren cerrar sus informes al mismo instante, pero también es cierto que como sector nos hemos adaptado a los nuevos tiempos y esto quiere decir más flexibilidad. Hoy en día, en todas nuestras firmas, el teletrabajo está plenamente instaurado. Si hiciéramos un paseo por las oficinas, seguramente veríamos muchas mesas vacías. El sector de la auditoría es una fuente extraordinaria de aprendizaje y los estudiantes universitarios de nuestras ramas encuentran rápidamente ocupación. A la larga es un problema, porque retener este talento cuesta mucho.
El conjunto del sector hace más de 70.000 informes en toda España y los organismos supervisores solo sancionan 60 casos
¿Hay un periodo determinado para hacer la auditoría?
Depende de la complejidad. La ley establece que el auditor necesita, como mínimo, un mes para hacer su trabajo. La presión del mercado y del cliente hace que el proceso no supere los dos meses, desde el momento donde recibimos toda la documentación.
Coincidiendo con la campaña del 28-M, Antoni Gómez ha llevado a cabo una serie de planteamientos sobre las auditorías en las administraciones públicas. ¿En qué sentido va su discurso?
Hay un cierto desequilibrio entre las obligaciones que tienen las empresas privadas y lo que sucede con la administración pública. Por ejemplo, firmas con más de 50 trabajadores, un activo superior a los 2,7 millones de euros o 5,7 millones de facturación tienen la obligación de auditar porque se considera que, a pesar de que existan unos accionistas privados, la actividad de la empresa es de interés público. De acuerdo con la legislación española, en Catalunya, la Sindicatura de Comptes es quien debe auditar las cuentas de los ayuntamientos. De los 947 municipios de Catalunya, la Sindicatura solo ha revisado un consistorio durante el año 2022. De aquí a qué desde el Col·legi creemos que hay un desequilibrio.
¿Cómo se revierte este desequilibrio?
Lo más adecuado sería seguir el camino de otros países, un ejemplo es Portugal, donde la correspondiente sindicatura de cuentas utiliza los auditores privados para llevar a cabo las revisiones. Esto no quiere decir que la decisión final del proceso, después recaiga en la figura pública. La auditoría es un trabajo muy concentrado en el tiempo y, a la vez, necesita una pirámide de profesionales. Estas condiciones no se dan en el sector público. La posición del Col·legi no va vinculada a un interés económico o profesional.