Catalunya dice adiós el martes a más de medio siglo de peajes en la AP-7 y la AP-2. Las concesiones para explotar estas vías finalizan después de que el Gobierno español decidiera no prorrogarlas. De este modo, se materializa una de las reivindicaciones históricas de los usuarios, que consideraban amortizadas con creces las inversiones en estas vías. También finalizan las concesiones a la C-32, en el Maresme, incluido el peaje más antiguo del Estado, entre Barcelona y Mataró, y en la C-33, entre Barcelona y Montmeló, y que son titularidad de la Generalitat. En total, 458,4 kilómetros que, por primera vez, serán libres de peajes. En el aire queda saber cómo se financiará el mantenimiento de estas vías y en qué medida contribuirán los usuarios.
La Generalitat ha apostado reiteradamente por la viñeta. El Gobierno español fue aplazando una propuesta hasta que incluyó en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que envió a Bruselas la propuesta del pago de un peaje bajo el modelo de "quien contamina paga". Una medida que querría aplicar a partir de 2024. En el documento se hacía constar que España tiene una red estatal de 26.466 kilómetros, de los que unos 12.000 pertenecen a carreteras de alta capacidad, con unos gastos de conservación "crecientes" que no podían ir a cargo de los presupuestos.
Las autopistas llegarán, por lo tanto, al final de las concesiones sin tener un modelo de mantenimiento definido. Según datos del Servei Català de Trànsit correspondientes a 2019, el año anterior a la irrupción de la pandemia y el último con una circulación normalizada, por la AP-7 entre Montmeló y la Jonquera circularon una media de 48.243 vehículos diarios; entre Montmeló y el Papiol, 117.714 vehículos; y entre el Papiol y Tarragona, 57.021. En la AP-2, 10.310 vehículos circulaban cada día entre Soses y el Vendrell (tramo de la AP-2 que transcurre por Catalunya), hasta el enlace de la AP-7. En el mismo periodo y en cuanto a las dos autopistas de la Generalitat que también acaban la concesión, 54.540 vehículos circularon por la C-32 entre Montgat y Blanes y 58.132, por la C-33 entre Barcelona y Mataró.
El descenso generalizado del tráfico como consecuencia de la pandemia llevó a Abertis a pedir un alargamiento de las concesiones para resarcir el impacto en sus cuentas mientras duró el estado de alarma, una demanda rechazada por el Gobierno español. Lo que sí está previsto es una indemnización de 1.291 millones de euros a Abertis por las obras que hizo la concesionaria en 2006, con Magdalena Álvarez como ministra, en el tramo gerundense y tarraconense de la AP-7 para afrontar un aumento de tráfico que finalmente no se acabó produciendo.
A pesar de que esta es la cantidad que el gobierno acepta abonar, Abertis reclama más de 3.800 millones (1.010 millones de euros serían por las inversiones hechas para ampliar los carriles de este tramo de la AP-7 y 2.816 millones, por la indemnización en el descenso del tráfico). La multinacional sostiene que el Tribunal Supremo todavía tiene que resolver sobre esta cuestión y que se pronunciará más allá del último día con autopistas de pago. Paralelamente, la finalización de los contratos con las concesionarias ha comportado la extinción de los contratos laborales de los trabajadores vinculados a peajes y a servicios centrales o de apoyo. En cuanto a las tareas de mantenimiento, el empleo se mantendrá. En los tramos afectados de la AP-7, la AP-2, la C-32 y la C-33, la plantilla encargada de este trabajo -hasta 240 empleados- trabajará tres meses más para garantizar la continuidad del servicio hasta que se adjudique a una nueva empresa para los dos próximos años. Una vez se cierre la licitación, los trabajadores de Abertis encargados de las tareas de mantenimiento pasarán a formar parte de la empresa adjudicataria.