A menudo se habla de la falta de incentivos que recibe el coche eléctrico en España. Recordemos que esta laxitud provocó la dimisión del consejero delegado de Seat y Cupra (el señor Wayne Griffiths) como presidente de la patronal del motor en España (ANFAC). Se hartó. De un gobierno, el español, que no cumple lo que promete. El señor Griffiths lo dijo sin rodeos: "En diciembre renové como presidente de ANFAC porque el Gobierno español se comprometió a ser un aliado del sector y a poner en marcha rápidamente medidas concretas y eficaces. En el Foro ANFAC del pasado mes de febrero, el presidente del Gobierno español también se comprometió a revisar el Plan MOVES y a impulsar la infraestructura de recarga. Estas medidas no han llegado. Y por eso estoy decepcionado, porque ahora toca acelerar, no frenar". E insistió: "España debe mejorar la infraestructura pública de recarga y facilitar la compra de coches electrificados con un verdadero plan de incentivos fiscales que permita cobrar la ayuda en el momento de la compra". El señor Griffiths se dio cuenta de que los trileros no solo actúan en Las Ramblas.
Se acusa al comprador de falta de voluntad. Pero ¿qué se espera de un consumidor maltratado? Hay quien opina que el coche eléctrico tiene mala fama. Y no es exactamente eso. Ya apunté el maltrato que sufre el potencial consumidor en un análisis anterior: Coches eléctricos: ¿qué nos está pasando? Lo hice desde una perspectiva macro. Hoy entraremos en detalle. Y, para hacerlo, tomaremos un comprador hipotético, cuyas características son las siguientes:
- El coche que quiere comprar es 100% eléctrico y cuesta 36.000 euros. El mismo coche en versión gasolina cuesta 26.000.
- Quiere optar a las ayudas del Estado: Plan Moves. Se trata de una potencial subvención al comprador de 7.000 euros.
- Los ingresos anuales del comprador son de 54.000 euros y paga unos impuestos que significan el 26% de estos ingresos.
Lo primero que podemos observar es que este comprador tiene una clara voluntad de ayudar a la mejora del medio ambiente. El coche le cuesta 10.000 euros más que si fuera de gasolina. Y, aunque recibiera los 7.000 euros de ayuda -posibilidad que no es real, como veremos más adelante-, hay una diferencia importante que él está dispuesto a cubrir.
La laxitud con la falta de incentivos para el coche eléctrico provocó la dimisión del consejero delegado de Seat y Cupra como presidente de la patronal del motor en España (ANFAC)
¿Cómo funciona el proceso que ha ideado el gobierno español para convertir la virtud en vicio? Este señor puede comprar el coche al contado o a plazos. Este hecho es irrelevante, ya que es neutral económicamente respecto a los parámetros que hemos mencionado. Sin embargo, a partir de aquí comienza el "trilerismo" consanguíneo del gobernante español.
El comprador quiere solicitar la ayuda del Plan Moves. Y aquí tiene dos opciones. Una consiste en un importante rosario burocrático. Le darán la subvención, si se la conceden, aproximadamente año y medio después si, llegada la fecha, aún quedan fondos del Plan Moves -lo cual, a día de hoy, no se sabe. Pero, claro, el concesionario no quiere perder una venta por culpa de la mala gobernanza (intencionada) del país. Por lo tanto, propone al comprador un plan alternativo. El concesionario llevará los trámites a su gestoría y, no solo eso, la financiera del concesionario le adelantará los 7.000 euros del Plan Moves. De tal manera que la cantidad a desembolsar por parte del comprador serán 29.000 euros (36.000 menos los 7.000 que la financiera le adelanta al concesionario).
Ni el concesionario ni las financieras son hermanitas de la caridad y no tienen por qué cubrir las irregularidades de la administración pública española
Todo parece correcto, pero ni el concesionario ni su financiera han llegado donde están confiando en los gobernantes españoles. El planteamiento que le hacen al comprador es que, si al cabo de un año y medio la solicitud de 7.000 euros del Plan Moves es rechazada, el comprador pagará al concesionario la cantidad de 7.340 euros. Los 340 euros son los gastos financieros más el coste de la gestoría. Bonito, ¿verdad? Pero es normal, ni el concesionario ni las financieras son hermanitas de la caridad y no tienen por qué cubrir las irregularidades de la administración pública española. Ellos solo venden coches. Porque, de irregularidades, hay dos.
La primera es que el Estado español recibió miles de millones del programa Next Generation y los entrega a los beneficiarios finales año y medio, como mínimo, después de haberlos recibido. Ese dinero debe generar unos intereses, claro. Intereses que no cobrará el comprador de nuestro artículo, sino que deberá pagar, como hemos visto, 340 euros. O sea, la ayuda, si la recibe, quedará en 6.660 euros. Primer recorte.
La segunda irregularidad gubernamental es que el comprador de este artículo recibirá una subvención de 7.000 euros (si la recibe), que será bruta e incrementará sus ingresos anuales. Si, en el mejor de los casos, no cambia de tramo impositivo, tendrá que pagar a Hacienda el 26% de esta supuesta ayuda. Es decir, 1.820 euros. En resumen, la ayuda de 7.000 euros, publicitada, en realidad habrá quedado en 4.840 euros (7.000 – 340 – 1.820). A este “montaje financiero”, cuando yo era pequeño, se le llamaba estafa.
A pesar de haber usado algún calificativo, he intentado no alterar las cifras con opiniones. Este es un análisis basado en un caso real. Las opiniones serán suyas.