No es nuevo el debate sobre la banca pública. Se trata de una reivindicación histórica de la izquierda que pone de relieve su necesidad a medida que las crisis financieras y económicas azotan a la sociedad. Cuando la crisis de Lehman Brothers de 2008 hizo temblar los cimientos de la economía mundial, muchos plantearon una revisión del sistema.
El que fuera presidente francés, Nicolas Sarkozy, propuso "refundar el capitalismo", y los socios del G20 sugirieron intensificar la intervención del Estado en los mercados. En España, Podemos planteó utilizar las herramientas que el Estado tenía a su disposición para crear banca pública, a través de su participación en Bankia o del Instituto Oficial de Crédito (ICO). El asunto de la intervención estatal en materia bancaria no es, por tanto, nuevo. En Europa hay varios ejemplos.
Francia y la tradición intervencionista
Si existe en Europa un Estado pionero en la filosofía de la intervención estatal es Francia, cuna del "colbertismo". Esta doctrina del siglo XVII promueve la creación de compañías públicas por parte del Estado, protegiéndolas de la competencia. El ministro de finanzas del rey Luis XIV, Jean-Baptiste Colbert, fue el encargado de lanzar la doctrina que, con matices, ha tenido un gran impacto en la política económica francesa, hasta hoy.
Sus exponentes más destacados del siglo XX fueron Charles De Gaulle y François Mitterrand. Este último, recién llegado al Elíseo en 1981, puso en marcha una dura política de nacionalización y estatalizó casi todas las entidades financieras. Sin embargo, dicha decisión llevó a un empeoramiento de las finanzas públicas, y Mitterrand se vio obligado a retroceder en 1984. Si bien la postura favorable a la intervención del Estado se debilitó, no desapareció del todo y sigue siendo evidente.
François Mitterand nacionalizó la mayor parte de la banca francesa pero rectificó tres años después
Ejemplo de ello ha sido la nacionalización de la empresa EDF (Électricité de France), anunciada por el presidente de la República, Emmanuel Macron, en julio de 2022. El Estado francés ya tiene participaciones en grandes compañías cotizadas como Air France, Orange, Renault, PSA, Airbus... Y también es propietario de empresas no cotizadas, entre ellas la BPI Banque Públique d'Investissement, principal instrumento financiero del Estado. El BPI lleva a cabo diversos programas de financiación e inversión para reactivar la economía francesa y apoyar a las empresas. En 2020, por ejemplo, creó un fondo de inversión para que los pequeños ahorradores pudieran invertir en las pymes francesas. El ministro de Economía, Bruno Le Maire, aseguró que el fondo tenía como objetivo fomentar el "patriotismo económico". Actualmente el BPI ofrece a sus empresas diversas líneas de apoyo y financiación con objetivos como el emprendimiento, la transición energética y la internacionalización.
La Banque Postale y Livret A
En el ámbito de la banca minorista, Francia también cuenta con una herramienta pública: la Banque Postale, constituída en 2006 y el sexto banco más importante de Francia. Sin embargo, la intervención gubernamental va más allá de La Banque Postale, y el ejemplo más significativo son las libretas de ahorro Livret A y LEP (Livret d 'Epargne Populaire), que se pueden contratar en cualquier banco.
Livret A es una libreta creada por el rey Luis XVIII en 1818 para recaudar fondos para pagar las deudas de las guerras napoleónicas. Es el Estado quien establece la rentabilidad de la libreta de ahorro. De hecho, desde el 1 de febrero paga un tipo del 3%. La libreta de ahorro LEP es una cuenta de ahorro para personas con bajos ingresos, con una rentabilidad actual del 6,1%.
La Unión Europea estableció una legislación para evitar la exclusión financiera de las personas vulnerables
No obstante, Francia no es el único Estado que ha regulado la cuenta de ahorro para personas con escasos ingresos. En 2014 la Unión Europea estableció una legislación para evitar la exclusión financiera de las personas vulnerables. En la actualidad, la cuestión bancaria es imprescindible para recibir varios servicios, por lo que Europa decidió intervenir. Así, todos los bancos tienen la obligación ofrecer una cuenta básica a sus clientes, y el gobierno tiene legalmente establecidas las comisiones que podrá cobrar el banco.
Aunque en el España la opción de la cuenta base está en vigor desde 2014, no ha tenido mucho éxito porque los bancos no la ofrecen proactivamente. Hace dos semanas, el 1 de febrero, el gobierno ha rebajado las condiciones para poder pedir una cuestión básica, para que más personas puedan solicitarla. Asimismo, el Consejo de Ministros aprobó el 21 de noviembre de 2022 las ayudas a los hipotecados para responder a las dificultades de las familias para hacer frente a los préstamos derivados del aumento de los tipos de interés.
Préstamos ICO
En España también existió una entidad financiera pública vinculada al servicio postal. Fue fundada en 1909 por el Gobierno como caja de ahorros. En 1991 el Gobierno decidió fusionar los bancos públicos que dependían del Estado —Banco Exterior de España, Caja Postal de Ahorros, Banco Hipotecario de España, Banco de Crédito Local de España, Banco de Crédito Agrario y Banco de Crédito Industrial— en una única entidad financiera, creando Argentaria. Entre 1993 y 1998 los gobiernos de Felipe González y José María Aznar culminaron el proceso de privatización de Argentaria y en 1999 se fusionó con el banco vizcaíno BBV, creando el BBVA. Argentaria fue el último banco público que tuvo el Estado.
Sin embargo, el Gobierno cuenta con otro instrumento de influencia económica: el Instituto Oficial de Crédito (ICO). El ICO ha puesto a disposición de empresas y autónomos varias líneas de financiación, especialmente las relacionadas con los campos de la internacionalización y la innovación. El Instituto Oficial de Crédito, sin embargo, jugó un papel crucial para hacer frente a los efectos de las restricciones impuestas por el gobierno durante la pandemia de la Covid-19. La mayoría de empresas y negocios tuvieron que parar su actividad, y el ICO puso en marcha el mayor programa de garantías de su historia para hacer frente a posibles problemas de liquidez.
Está por ver cuántos préstamos impagados del ICO tendrá que hacer frente el Estado
El Estado garantizó hasta el 80% del importe de los préstamos solicitados por empresas y autónomos en bancos. El objetivo del programa era que la banca no interrumpiera el flujo de financiación, y en total el ICO logró gestionar una financiación de 302.000 millones de euros, la cifra más alta de la historia. Está por ver, en cambio, si empresas y autónomos serán capaces de pagar todos los préstamos solicitados. Con el Estado como garante de los préstamos, es posible que tenga que pagar las cantidades avaladas a los bancos, provocando un gran agujero a la hacienda pública. Según un estudio publicado por la aseguradora HIscox, el 45% de las pymes que solicitó el préstamo ICO podrían tener problemas para devolver sus préstamos.
La oportunidad perdida de Bankia
La crisis financiera de 2008 causó heridas muy profundas en un sistema financiero español, que parecía sólido. La crisis internacional, provocada por la quiebra de Lehman Brothers, dejó en entredicho la solvencia de varios bancos y, principalmente, de las cajas de ahorro. Estas últimas optaron inicialmente por la fusión, con importantes cambios en el paisaje financiero. Ejemplo de ello fue la Caja de Ahorros de Navarra, que en un principio participó en la fusión de Banca Cívica pero finalmente acabó engullida por CaixaBank. El Gobierno adoptó dos medidas para evitar la desconfianza sobre el sistema financiero y proteger a los ahorradores. Por un lado, aumentó la cantidad garantizada por el Fondo de Garantía de Depósitos. Por otro lado, puso en marcha un plan de rescate para bancos y cajas a través de la creación de dos instrumentos principales: el FROB, para inyectar fondos para evitar la quiebra bancaria, y la SAREB, para la adquisición de activos inmobiliarios tóxicos de los bancos.
A través del FROB se destinaron 66.577 millones de euros al rescate de bancos y cajas
Según los datos aportados por el Tribunal de Cuentas español, a través del FROB se destinaron 66.577 millones de euros al rescate de bancos y cajas. Bankia fue la que más dinero recibió. Bankia fue constituida como consecuencia de la fusión de varias cajas de ahorro, entre ellas la Caja de Ahorros de Madrid. A raíz del rescate, el Estado se hizo con más del 60% de las acciones de Bankia. A pesar de que el Gobierno expresó su intención de vender las acciones, los partidos de izquierda instaron a mantener a Bankia como banco público para poder influir de esta forma en la economía. En 2020 CaixaBank se hizo con Bankia mediante una operación de fusión en la que el Gobierno español adquirió el 16% de las acciones de CaixaBank. En la actualidad esta participación se eleva al 18%. Aunque no hay intención de vender acciones a corto plazo, el gobierno ha explicado claramente que podría vender su participación en función de la evolución de la cotización de las acciones para recuperar el dinero perdido en el rescate bancario.
Más ejemplos
En Europa es habitual que los estados controlen la banca o participen. El primer banco europeo golpeado por la crisis financiera de 2008 fue el Royal Bank of Scotland, actualmente integrado en el NatWest Group, el cuarto mayor banco del Reino Unido. El Gobierno británico tuvo que rescatarlo en 2008 y aún controla cerca del 58% de las acciones. El Gobierno quiere privatizarlo para 2024, pero no quiere vender acciones a bajo precio y la bolsa está pendiente de la evolución de los mercados.
El Commerzbank alemán también tuvo que ser rescatado
El Gobierno alemán también tuvo que rescatar Commerzbank en 2008, ingresando 8.000 millones de euros, y actualmente es propietario del 15% de las acciones. En Holanda, el Estado tuvo que rescatar ABN Amro, el tercer principal banco del país. Si bien ha vendido parte de las acciones, todavía controla más del 50% de ellas. En Bélgica e Italia también hay ejemplos de bancos en los que participa el Estado, como Belfius y Monte Dei Paschi.