El Ayuntamiento de Barcelona no renovará las licencias de los 10.101 pisos turísticos que hay actualmente en la ciudad a partir de noviembre del 2028. El alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, ha anunciado en rueda de prensa que el consistorio aplicará al máximo el decreto ley aprobado por la Generalitat el 7 de noviembre que regula el uso de esta tipología de viviendas en municipios tensionados en este ámbito, como lo es Barcelona. De este modo, el noviembre del 2028 será una fecha clave, puesto que habrán pasado cinco años de la entrada en vigor del decreto y, por lo tanto, estos pisos perderán la licencia de turísticos y pasarán a ser de carácter residencial.
En concreto, el decreto ley contempla que en los municipios que presentan problemas de acceso a una vivienda permanente o que ya tienen más de cinco pisos turísticos por cada 100 habitantes -o ambos requisitos-, la actividad de piso turístico solo es posible si lo permite expresamente el planeamiento urbanístico y siempre que se justifique que hay bastante suelo para el uso de vivienda destinada al domicilio habitual y permanente de los residentes. En esta línea, el contenido de la ley deja en manos del Ayuntamiento de Barcelona la decisión de impulsar o no cualquier planeamiento urbanístico que incluya los pisos turísticos.
Flexibilizar la reserva del 30% de vivienda de protección oficial, otro objetivo
Esta no es la única medida que ha presentado Collboni. El alcalde de Barcelona también ha propuesto acumular la reserva del 30% de vivienda de protección oficial también en parcelas de barrios adyacentes, con el objetivo de superar el "freno" en la construcción que ha asegurado que se ha detectado. Según el gobierno municipal, desde la aprobación de la medida el 2018, solo se han obtenido 93 viviendas, de acuerdo con las licencias otorgadas, y de estos solo ocho se han ejecutado. Por otro lado, ha afirmado que la media de licencias de obra nueva ha bajado de 1.100 a 60 viviendas.
Para solucionar esta situación, Collboni ha planteado introducir medidas que permitan ampliar las opciones para hacer efectivo el 30%. En primer lugar, la medida aprobada el 2018 permitía resituar las viviendas de protección oficial en otra parcela del mismo barrio pero mediante la tramitación y aprobación por parte del consistorio de un plan de mejora urbana. Ahora se plantea que la transferencia de reserva del 30% a otros emplazamientos no requiera tramitar este plan y que, además, también se pueda trasladar a barrios adyacentes. En el supuesto de que haya una diferencia del valor de mercado, se aplicaría un coeficiente corrector basado en los precios de mercado de cada barrio, con el objetivo de que se compense con más techo de protección oficial si el valor de mercado es más bajo al barrio donde se acaben haciendo las viviendas de protección oficial respecto al barrio de origen.
La propuesta de Collboni contempla la entrada de una promotora social que ejecute las viviendas resultantes de las reservas del 30% de las promociones privadas en otra parcela
Además, la propuesta de modificación del 30% abre también la posibilidad a que entre en juego una promotora social, que sería la encargada de ejecutar las viviendas resultantes de las reservas del 30% de las promociones privadas en otra parcela. Esta promotora tendrá que tener un convenio marco con el consistorio que defina los procedimientos, responsabilidades y plazos. Finalmente, se plantea facilitar la rehabilitación de viviendas y elevar el número. La propuesta es que el 30% sólo sea de aplicación en aquellos casos que la rehabilitación se asimile a la obra nueva, es decir, cuando sólo se preserva la fachada. También quedarían exentos los cambios de usos.