La Diputación de Barcelona aprueba un plan de inversiones de 260 millones de euros

El objetivo de esta aportación es garantizar que el mundo local pueda cubrir sus necesidades

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El pleno de la Diputación de Barcelona ha aprobado el Programa General de Inversiones, un mecanismo que tiene una dotación de 260 millones de euros. El objetivo de esta aportación es garantizar que el mundo local pueda cubrir sus necesidades. "Se trata de uno de los instrumentos más importantes de la Diputación para apoyar la autonomía local", apunta Lluïsa Moret. En este sentido, la alcaldesa de Sant Boi de Llobregat y presidenta del organismo supramunicipal asegura que "la voluntad es que cuando antes los municipios de la demarcación puedan tener los recursos para trabajar las inversiones previstas".

La distribución entre los ayuntamientos (259,3 millones de euros) y las Entidades Municipales Descentralizadas –EMD– (700.000 euros) se ha hecho de una forma más transparente, justa, equitativa y objetiva. En concreto, y para contribuir al reequilibrio territorial, la Diputación ha fijado ocho criterios a la hora de distribuir las ayudas entre los ayuntamientos del territorio. Antes que nada se ha fijado una cantidad mínima de 100.000 € para cada uno de los 310 municipios (Barcelona ciudad queda excluida). Por otro lado, el 52% del reparto (134,952 millones de euros) se ha hecho en función de la población de cada municipio; además de tener en cuenta la cantidad de población no residente presente en el municipio (12,965 millones de euros).

Los criterios aplicados también han servido para apoyar a los municipios con menos recursos y potencialmente con mayores necesidades, teniendo como referencia las cifras relativas al IRPF de las personas que viven (18,151 millones de euros), a la desocupación (18,151 millones de euros) y al nivel de ingresos propios del municipio (12,965 millones de euros). También se ha tenido en cuenta las características territoriales de cada municipio, con el objetivo de corregir el coste de prestación de los servicios para la ciudadanía y de la dotación en equipamientos e infraestructuras. En este caso, los criterios hacen referencia a la extensión municipal (15,558 millones de euros) y a la cantidad de entidades de población que existen en cada término municipal (15,558 millones de euros).

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