La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber transpuesto la directiva europea sobre préstamos de dudoso cobro. En un comunicado emitido este miércoles, el ejecutivo comunitario recuerda que la directiva debería haberse transpuesto antes de diciembre de 2023 y añade que, a lo largo de este último año, se han enviado dos avisos al Estado para que cumpla con este compromiso. En este sentido, Bruselas pedirá al tribunal con sede en Luxemburgo una sanción económica a España al considerar que los esfuerzos del gobierno han sido "insuficientes" para cumplir con los plazos establecidos.
De acuerdo con la Comisión Europea, la directiva pretende fomentar el desarrollo de un mercado secundario de préstamos de dudoso cobro que funcione "correctamente", estableciendo "normas para la autorización y supervisión de los compradores y administradores de créditos". Al mismo tiempo, quiere crear "una serie de criterios armonizados que permitan a los administradores de créditos comercializar préstamos de dudoso cobro a escala transfronteriza".
Si bien Bruselas no ha especificado el importe concreto de la multa, detalla que el cálculo de la sanción tiene en cuenta la duración de la infracción, su gravedad y la capacidad de cada estado miembro de pagar. Junto con España, la Comisión Europea también ha llevado ante el TJUE por la misma cuestión a Bulgaria, Hungría, los Países Bajos, Austria, Portugal y Finlandia.
Otros toques de atención
Aparte de la sanción por los incumplimientos vinculados a la directiva sobre préstamos de dudoso cobro, el ejecutivo comunitario también ha emitido dos dictámenes motivados contra el Estado, el paso previo para elevar una cuestión a la justicia europea. Por una parte, la Comisión Europea ha dado un nuevo toque de atención al gobierno de PedroSánchez por no haber transpuesto las normas europeas destinadas a acelerar los procedimientos de autorización de proyectos de energías renovables.
Por otra, Bruselas ha advertido al Estado que aún debe transponer las modificaciones referentes a la directiva sobre reestructuración y resolución bancaria, las cuales pretenden mejorar la prevención de las entidades más relevantes y la capacidad de absorción de pérdidas y recapitalización por parte de los grupos bancarios. En ambos casos, España dispone de dos meses para responder a la Comisión Europea y, en caso de que la respuesta sea insatisfactoria, el ejecutivo puede optar nuevamente por elevar la cuestión al TJUE.