El Foro Nuclear ha advertido que Catalunya dependerá energéticamente de Francia y Aragón si los plazos del apagón nuclear se cumplen tal como está previsto: en 2030 en Ascó I, en 2032 en Ascó II y en 2035 en Vandellòs II. La asociación que representa los intereses de los propietarios de las centrales nucleares ha advertido que con el ritmo que lleva el despliegue de energías renovables en territorio catalán "será muy difícil" sustituir una industria que produjo cerca del 60% del consumo eléctrico en 2023. Además, los representantes de la industria nuclear ven contradictorio que las centrales dejen de producir en diez años, pero, en cambio, los residuos nucleares se mantengan en la misma zona hasta 2073, tal como propone el plan general de residuos nucleares.
"Será muy difícil" sustituir una industria que produjo cerca del 60% del consumo eléctrico en 2023
En un encuentro con periodistas, el lobby atómico ha defendido que no haría falta grandes inversiones para prolongar la vida útil de las centrales porque cada año la industria invierte 200 millones de euros para mantener y actualizar los reactores. Las inversiones se han multiplicado desde el accidente de la planta japonesa de Fukushima en 2011, renovando en gran parte los componentes más importantes de las centrales.
Además, han recordado que con el cierre en 2035, las centrales españolas estarían abiertas de media 46 años, un plazo mucho más reducido que el que han aplicado en países como Estados Unidos, que ha dado autorizaciones para el funcionamiento de los reactores entre 60 y 80 años. La gran mayoría de centrales nucleares españolas son de diseño norteamericano.
Catalunya y el déficit de producción
La patronal ha remarcado que Catalunya ya tiene un déficit de producción de energía de 6.800 gigavatios al año que el apagón nuclear aún acentuará más. Ahora mismo, las nucleares aportan 29.000 gigavatios de los 38.000 que se producen en territorio catalán. El consumo anual es de 44.000 gigavatios. "Es imposible continuar así. Se ha de tomar alguna decisión", ha dicho el presidente del Foro Nuclear, Ignacio Araluce.
Araluce: "Es imposible continuar así. Se ha de tomar alguna decisión"
El lobby nuclear se encuentra inmerso en un conflicto con el gobierno español por el alza de la tasa Enresa, que las eléctricas propietarias de las nucleares pagan al Estado para el desmantelamiento y la gestión de los residuos radiactivos. El ejecutivo español plantea aumentar de 8 euros por megavatio a 10,3 euros por megavatio el impuesto que la industria nuclear paga para costear el desmantelamiento de la actividad. Hasta ahora, este fondo ha recaudado 7.700 millones de euros.
Desde la patronal nuclear, advierten que este incremento de impuestos pone en duda la rentabilidad del sector. Todo esto, en un contexto en el que el ejecutivo estatal decidió cambiar de rumbo en la gestión de los residuos nucleares, abandonar el proyecto de un almacén temporal en Cuenca donde reunir todo el combustible radiactivo y construir siete contenedores en cada una de las centrales que deberían aguantar hasta 2073. A partir de entonces, deberían enterrarse en un cementerio nuclear geológico profundo.