El 85% de la energía eléctrica que se produce en Catalunya procede de fuentes no renovables. Concretamente, un 59% de la demanda es energía nuclear y solamente un 15% de la misma llega por vías renovables. Estas cifras quedan lejos de los objetivos del Govern de cubrir el 50% de la demanda energética con esta tipología de fuentes en el 2030. Al conjunto del Estado el año pasado se llegó por primera vez a este umbral, con aportaciones de la eólica (24%) y solar fotovoltaica (14%) muy superiores a las existentes en Catalunya, donde la eólica se sitúa en el 7,4% seguida de la hidráulica (5,6%), que ha retrocedido por efecto de la sequía. La solar fotovoltaica representa un 1,1% de toda la energía eléctrica que se genera en el territorio.
Este último año la eólica ha sido la primera de las renovables en peso (7,4%), en parte por el bajón de la hidráulica a causa de la sequía: del 12% en 2020 al 5,6% actual. La solar fotovoltaica el pasado año representó apenas el 1,1% de la generación eléctrica. A principios de 2023, la Agencia Internacional de la Energía previó que debido a la expansión de las energías renovables, Europa se encontraba en condiciones de reducir el consumo de gas cerca de un 5%. Sin dejar el universo energético, a finales de diciembre, el Parlamento Europeo y los Estados miembros llegaron a un acuerdo para impulsar la reforma del mercado eléctrico y, a su vez, evitar la volatilidad de los precios de la energía.
El paquete de medidas incluye acciones como impulsar las compras conjuntas entre países, una mayor protección de los consumidores vulnerables y el fomento de los contratos por deferencia, unos contratos a largo plazo que garantizan precios más estables y que, en paralelo, deben incentivar el despliegue de renovables.
El acuerdo final incluye la energía nuclear en estos contratos, una propuesta de vital importancia por Francia y que despertó fuertes críticas por parte de Alemania. El acuerdo alcanzado no supone el fin del sistema marginalista actual, que establece que la tecnología más cara que entra en el pool energético -normalmente el gas- sea la que marque los precios. Sin embargo, la reforma pretende reducirlo al mínimo y apostar por sistemas alternativos de fijación de precios. El punto más relevante son los contratos por deferencia, unos contratos a largo plazo en los que productores y contadores de electricidad pactan un precio. Si el precio final ha sido mayor o menor de lo acordado por situaciones del mercado, el mismo contrato establece que se devuelva la diferencia.
Este tipo de contratos, tal y como detalló el Consejo, se aplicarán a la energía eólica, solar, geotérmica, hidráulica -sin almacenamiento- y nuclear. Aparte de este punto, la reforma busca fomentar las compras energéticas conjuntas, proteger a los consumidores vulnerables, contempla la introducción de nuevos límites a las emisiones de dióxido de carbono y da poderes al Consejo -de acuerdo con una propuesta de la Comisión- de declarar una situación de crisis si se produce un aumento descontrolado de los precios energéticos.