El nuevo sistema de financiación para Catalunya podría suponer una transferencia anual de entre 6.600 y 13.200 millones de euros a la hacienda catalana, según ha publicado este martes la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) que ha elaborado un primer cálculo de las implicaciones financieras del pacto entre el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa.
El director de la entidad, Ángel de la Fuente, ha asegurado que se elevaría la financiación homogénea de la Generalitat entre un 25% y un 50%, lo que "situaría claramente por encima de cualquier otra comunidad no foral". El think tank avisa que, si se lleva a cabo una mejora de los ingresos para las arcas catalanas, el Estado tendrá que ajustar a la baja el gasto o aumentar la presión fiscal.
Una estimación del déficit "muy sesgada al alza"
Fedea ha llegado a esta conclusión porque considera que el nuevo sistema de financiación implicaría una reducción de la aportación catalana a la caja común de entre un 30% y un 60% del déficit fiscal, que el Gobierno ha fijado en 22.000 millones. Y de esos porcentajes salen las cifras de entre 6.600 y 13.200 millones de euros que se dejarían de aportar.
De la Fuente ha precisado que la estimación del déficit fiscal de la administración catalana sobre la que han hecho las estimaciones es "muy sesgada al alza" y, por tanto, un cálculo "muy cuestionable". Aun así, explica que "la estimación de máximos del déficit fiscal que elabora la Generalitat se ha convertido en la referencia dominante en el debate público en Catalunya y, como tal, condicionará directamente la actuación de los partidos regionales en la negociación de los parámetros del nuevo sistema".
A largo plazo "las cosas aún pintan peor"
Fedea apunta que extender la medida al resto de comunidades de régimen común en las mismas condiciones costaría entre 31.000 y 62.000 millones de euros adicionales. Si se extendiera a Madrid y a las Islas Baleares, que son las comunidades junto con Catalunya que más aportan al sistema, el Estado perdería 37.000 millones de euros adicionales. Además, el análisis avisa que si se lleva a cabo esta mejora de los ingresos sin que ninguna comunidad pierda financiación, "el Estado tendrá que ajustar a la baja el gasto, reduciendo las prestaciones de su competencia, como las pensiones o la defensa, o aumentar (ahora o en el futuro) la presión fiscal sobre la menguante parte de la población que siga estando sujeta a sus tributos".
Según Fedea, la transferencia de entre 6.600 y 13.200 millones serían los efectos a medio plazo
Según Fedea, la transferencia de entre 6.600 y 13.200 millones serían los efectos a medio plazo. De la Fuente apunta que a largo plazo "las cosas aún pintan peor" porque cuando el Gobierno "tenga realmente el dinero en la mano, la aportación a la solidaridad se irá reduciendo en sucesivas rondas negociadoras y podría tender a cero, con una rapidez especial cuando la Generalitat esté presidida por los independentistas".