El gobierno de la Generalitat de Catalunya ha anunciado una reducción de un punto en el 50% del Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) que le corresponde. Era una iniciativa que el ejecutivo de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) había incorporado en los presupuestos de 2024 y que, a pesar del acuerdo con los socialistas, acabó naufragando. Catalunya debe ser la última comunidad autónoma que actúa para compensar la falta de adaptación a la inflación de los diferentes topes de cada tramo de IRPF, lo que ha generado un aumento encubierto de la fiscalidad real desde 2019. Sin embargo, la medida anunciada se limita a los contribuyentes que ingresan hasta 30.000 euros anuales y, por tanto, deja fuera no solo a los ricos, sino sobre todo a las clases medias. Debemos recordar, además, que el Estado mantiene invariables sus topes y tarifas de la otra mitad que le corresponde del IRPF. Teniendo en cuenta que son las comunidades autónomas las que asumen el grueso del gasto social, que es el que más aumenta por el envejecimiento y por el aumento de población, el comportamiento del Estado es aún más injustificable.
Finalmente, y de momento solo para este año, los perceptores del Salario Mínimo tendrán una deducción en caso de que con el aumento acordado para 2025 -que solo representa recuperar el poder adquisitivo perdido con la inflación- les toque pagar a Hacienda. El resto de perceptores -como los pensionistas- no se benefician. Una vez más, las clases medias deben conformarse con un aumento de la presión fiscal efectiva debido a la inflación.
En Catalunya, ahora el Govern ha acordado con los Comuns aumentar el ’Impost sobre les Transmissions Patrimonials. Es el impuesto que se paga casi exclusivamente cuando se adquiere una vivienda de segunda mano. Se mantiene para las viviendas de hasta 600.000 euros y va subiendo progresivamente: 11% hasta los 900.000, 12% hasta 1,5 millones y 13% en adelante. Por sí mismo, ya es un impuesto cuestionable, porque quien adquirió la vivienda por primera vez ya pagó el IVA del 21% y ya existe el impuesto sobre plusvalías, que grava la eventual revalorización de la vivienda. Es cierto que en Europa también existe, pero oscila entre el 1% y el 6%. En el resto de comunidades autónomas lo hace entre el 6% (Madrid) y el 8% (Galicia).
Las clases medias deben conformarse con un aumento de la presión fiscal efectiva debido a la inflación
Así, quienes quieren adquirir una primera vivienda, mejorar la que tienen o simplemente buscar una fuera del centro urbano que tenga una mejor relación calidad-precio -siempre dentro del mercado de segunda mano- tendrán que afrontar un nuevo aumento impositivo que afecta una vez más a las clases medias. Ya sabemos que las clases medias son el grupo social más numeroso y que los impuestos a los más ricos tienen un recorrido escaso porque son pocos y tienen muchas formas de rebajar la presión fiscal efectiva. Pero la especialización en actividades de mano de obra barata a la que nos ha conducido la globalización y el aumento de la presión fiscal efectiva conlleva el empobrecimiento de unas clases medias convertidas en el burro de los golpes, cada vez más susceptibles de escuchar los cantos de sirena de quienes quieren volver a las cosas “como eran antes”.