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La industria gana la batalla de la cogeneración al Govern

La Generalitat modificará el impuesto a la generación, transporte y almacenamiento de electricidad para eximir la cogeneración y la energía hidráulica, después del rechazo del sector

Vista aèría de una planta elèctrica, la actividad de la cual graba el nuevo impuesto del Gobierno | iStock
Vista aèría de una planta elèctrica, la actividad de la cual graba el nuevo impuesto del Gobierno | iStock
Barcelona
27 de Enero de 2020

El Govern rectifica con el nuevo impuesto a la energía. El acuerdo de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) con los comunes sobre los presupuestos ha supuesto aumentar el gasto en 3.070 millones de euros. Pero si el gasto sube, también lo tienen que hacer los ingresos. Y la Generalitat lo ha hecho, principalmente, con el incremento del IRPF a las rentas más altas y la creación de un nuevo tributo, el que grava el almacenamiento, la transformación y el transporte de la electricidad. El anuncio de esta medida, incluida en el anteproyecto de ley, fue acompañado de una reacción inmediata y contraria por parte de ciertos sectores de la industria. Entre las exenciones al tributo están la energía eólica y la fotovoltaica. Pero la respuesta de las empresas que producen su propia energía ha hecho cambiar de idea a la Generalitat, que ampliará las exclusiones a la hidráulica y las compañías que practican la cogeneración.

 

Ha sido el secretario de Economía y Hacienda, Albert Castellanos, quien ha anunciado el cambio en una entrevista en la ACN. El Departamento de Economía confirma la noticia, pero no sabe detallar todavía cómo se concretará la medida -si se aplicará a todas las empresas que utilizan el sistema de cogeneración o si será según su eficiencia- ni qué afectación tendrá en la recaudación del impuesto, a pesar de que aseguran que será "baja". También está pendiente de decidirse si será una medida transitoria en el marco de una estrategia más amplia de transición energética o si se mantendrá en el tiempo.

 

"Recogemos buena parte del malestar", ha admitido Castellanos, después de que la Asociación y el Colegio de Ingenieros Industriales de Catalunya y el Consell de Treball Econòmic i Social reclamaran "no discriminar" la hidroeléctrica y la cogeneración, responsables del 12,5% de la producción eléctrica en Catalunya. El desconcierto entre las empresas afectadas es evidente, puesto que no se les ha comunicado la decisión y les llegan informaciones incompletas. El secretario de Economía se refirió concretamente a la "cogeneración de alta eficiencia". Fuentes del sector industrial indican que desconocen a qué se refiere, qué indicador se tendrá en cuenta para medir la "eficiencia" y qué límites se definirán, una información que desde la Conselleria tampoco concretan.

Albert Castellanos, secretari d'Economia i Hisenda de la Generalitat | ACN

Albert Castellanos, secretario de Economía y Hacienda de la Generalitat durante la entrevista en la que ha confirmado la exención de la cogeneración y la energía hidráulica del impuesto a la electricidad | ACN

¿Una medida transitoria?

Desde el Institut Català d'Energia (ICAEN), que depende del Departament d'Empresa i Coneixement, consideran que "hay ciertas tecnologías que tendrían que quedar exentas", y ponen de ejemplo la cogeneración y la energía hidráulica. Sobre el alta eficiencia a la que hacía referencia Castellanos, fuentes del ICAEN aseguran que la distinción está entre las empresas que tienen instalaciones antiguas y, por lo tanto, un rendimiento más bajo, y las compañías con una tecnología más nueva y avanzada.

"El objetivo del Govern es avanzar hacia un sector 100% renovable y la cogeneración no lo es, hecho por el que la medida podría ser transitoria"

Otra cuestión que está sobre la mesa es la duración de esta exención y de la ley en sí. Y es que las mismas fuentes indican que "el objetivo del Govern es avanzar hacia un sector 100% renovable, y la cogeneración no lo es". Así, la medida podría ser transitoria, un paso previo a su desaparición para garantizar el total de energía de fuentes renovables. Es un práctica por la que una empresa genera su propia energía y, además, reutiliza el residuo que se crea en el proceso industrial. Desde el sector aseguran que, a pesar de no ser una fuente de energía renovable, "es lo que más se acerca de entre las no renovables". El rendimiento de la energía generada es de entre un 70% y un 90%.

Las empresas afectadas afirman que el nuevo impuesto "no forma parte de un plan de transición energético más amplio, sino que es un simple mecanismo para recaudar más dinero y poder aumentar los gastos en los presupuestos", pero Castellanos niega que esta medida tenga un interés "recaudatorio por encima del compromiso de primer nivel de acelerar el proceso de transición energética". En el caso de ser realmente así, defiende el sector industrial, sería "incoherente" hacerles pagar más impuestos -hasta 20 millones de euros anuales en el caso de la cogeneración- y defender la promoción de una política de energía verde a la vez.

La estrategia del Govern fue copiar una ley ya existente en Extremadura para que el Tribunal Constitucional no la pudiera tumbar

Una copia de Extremadura

El origen del impuesto también ha causado polémica, puesto que el texto es muy similar a una regulación extremeña que grava la generación, el transporte y el almacenamiento de la energía eléctrica. El propio Govern ha admitido que la estrategia fue copiar una ley ya existente de otra comunidad autónoma para que el Tribunal Constitucional no la pudiera tumbar, como ya ha hecho con otras normas catalanas como el impuesto a las bebidas azucaradas y la ley de cambio climático. La idea inicial era gravar la actividad de las grandes empresas eléctricas, pero el resultado no ha sido el esperado.

Fuentes de una empresa que practica la cogeneración ven un grave problema en la estrategia del Govern: "No han tenido en cuenta que la realidad de Extremadura y la de Catalunya son muy diferentes". De hecho, la cogeneración es casi inexistente entre las industrias extremeñas; en Catalunya, 132 empresas la practican. Ante esta evidencia, la Generalitat rectifica.