La carga de trabajo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha aumentado un 600% debido a la covid-19. Los meses de verano, en los que muchos ERTE acabaron y la situación se relajó, no han sido suficientes para destensionar el servicio. La segunda ola de coronavirus, además, ha empeorado la situación. La UGT denuncia el incremento del trabajo y asegura que los trabajadores del SEPE le tienen que hacer frente con una plantilla que se ha recortado un tercio en los últimos 10 años.
En las oficinas de la demarcación de Barcelona, asegura el sindicato, hay retrasos de hasta tres meses en la tramitación de las prestaciones ordinarias de paro. Esto ha llevado a algunas personas a ofrecer un servicio ilegal de venta de citas previas. En algunos locales del barrio de Ciutat Vella, como locutorios o lavanderías, se pueden ver carteles colgados que lo anuncian. El SEPE ha anunciado que llevará esta práctica a los tribunales.
El Ministerio de Trabajo -del cual depende el SEPE- empezó a tener indicios de la venta de citas previas cuando todos los usuarios que asistieron un día a una oficina de Barcelona eran de otra localidad. Con cita previa, los funcionarios atienden a cualquier ciudadano, a pesar de que aquella oficina no le corresponda por demarcación. Miguel Ángel Garcia, trabajador del SEPE y presidente de la junta de personal de los funcionarios del Estado en la provincia de Barcelona, asegura que algunas personas han pagado entre cinco y 80 euros para obtener una cita.
Desde el Ministerio insisten en que es un servicio gratuito y que requiere facilitar datos personales. Es por eso que pondrán en conocimiento de la Fiscalía estas prácticas para que "proceda a los efectos oportunos". Otro hecho que les hizo sospechar fue la repetición de los mismos correos electrónicos hasta 20 veces. "Nos dimos cuenta de que buena parte de estas citas demandadas con los correos que se repiten se anulaban; cuando esto pasa se genera disponibilidad", afirma Garcia.
Estas cancelaciones se utilizan después para vender la cita. Tramitar una cita para un tercero no es ilegal, avisan desde la CGT, pero si se obtiene una cita ficticia usando datos inventados y después se vende, "se entraría en una línea más delicada".