El 5 de noviembre de 1999, Microsoft fue condenada por monopolio por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Un caso que se originó con la inclusión gratuita de Internet Explorer en sus sistemas operativos. Una estrategia que acabó con Netscape, que dominaba el mercado de los navegadores web hasta entonces, y que permitió a la empresa de Bill Gates tener su programa en el 95% de los ordenadores domésticos del mundo. Este fue el primer caso que puso de manifiesto una tendencia en la era de los negocios digitales: la aparición de grandes compañías tecnologías genera posiciones de dominio que pueden acabar con la competencia. Cómo se puede regular esta situación? Esta fue una de las preguntas que se plantearon en lo debate Economía digital, regulación y competencia, celebrado durante la Jornada del X aniversario de la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO).
La Unión Europea ha sido uno de los organismos más activos en la regulación sobre el monopolio de las grandes empresas digitales, con informes que alertan sobre el peligro de algunas actitudes de los gigantes de internet. Ahora bien, los expertos consideran que, a menudo, las sospechas son exageradas. "La normativa presume que hay comportamientos abusivos por el simple hecho que una empresa domina un mercado", advierte el profesor de derecho mercantil de la Universidad Carlos III de Madrid, Antonio Robles. El experto cree que la normativa tendría que "presumir todas las conductas empresariales lícitas, excepto si se demuestra que producen efectos anticompetitivos".
Y este es uno de los puntos de debate. Para acusar una empresa de competencia desleal hay que aportar pruebas, que pueden ser de dos tipos: que demuestren que las acciones de la compañía denunciada excluyen a competidores que son igualmente eficientes, o que demuestren que se está perjudicando al consumidor, ya sea imponiendo precios más altos de los que marcaría el mercado o un servicio peor. "El problema es que la jurisprudencia permite interpretaciones contradictorias y, a veces, sólo hay que demostrar que hay una posibilidad hipotética que ciertas actitudes pueden afectar a la competencia".
Además de si la regulación es más o menos estricta con los negocios digitales predominantes, los expertos coinciden en que existe una necesidad de crear una normativa específica para la economía digital por tres motivos: es un entorno en que las empresas funcionan en una economía de escala que puede llevar al monopolio de ciertos mercados, las compañías funcionan acumulando usuarios en red y concentrando así el mercado y, finalmente, el uso de plataformas genera acumulación de fechas para mejorar servicios y productos, que beneficia quién más usuarios tiene y, por lo tanto, favorece también el dominio de unas pocas firmas.
"En el mundo digital se puede dar la paradoja que la existencia de una sola plataforma puede ser la mejor opción para los usuarios"
"No hay duda que el poder de las plataformas dominantes es muy grande, pero el problema es que, ante las dificultades para demostrar si es posible que la actitud de una plataforma digital afecta la competencia, se busca bajar el nivel de pruebas necesarias, de forma que ahora casi cualquier conducta pasa a ser sospechosa", analiza Robles.
Además de investigar las actitudes que pueden ocasionar monopolio, Europa fija algunos principios de actuación que las grandes empresas digitales tienen que respetar, como la obligación a la interoperatividad. "Cualquier empresa que solicite operar bajo la plataforma de una gran compañía, esta tiene que garantizar la neutralidad y las mismas condiciones de funcionamiento que daría a un servicio propio, lo que convierte Google, Facebook o Whatsapp en servicios básicos".
A pesar de todos los condicionantes que la Comisión Europea fija a las grandes empresas para evitar su monopolio, Robles indica que estas grandes compañías tienen siempre un recurso, que es demostrar que su actividad es eficiente y mejora el bienestar de los consumidores bajando precios o mejorando el servicio y la innovación. "En el mundo digital se puede dar la paradoja que la existencia de una sola plataforma puede ser la mejor opción para los usuarios", concluye.
Ganadores y vencidos de la economía digital
La regulación no sólo se fija en como las grandes empresas digitales pueden acabar con su competencia tecnológica, sino también en cómo afectan a los negocios tradicionales. El profesor de economía del Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI), Gerard Llobet, considera que la economía digital ha creado nuevos ganadores y vencidos. "Los ganadores son aquellas empresas que no existían hace 20 años y que hoy son las grandes compañías del mundo, y los vencidos son los negocios analógicos, que tienen cada vez más dificultades para reinventarse en un entorno digital".
Llobet resume los nuevos principios marcados por la economía digital en un principio: "Todo el mundo quiere ser el Uber de algo, y esto implica generar plataformas que utilicen la IA para reducir los costes de intermediación". En este nuevo paradigma, el usuario percibe una mejora en el mercado, puesto que tiene en la mano más servicios, de mejor calidad y a mejores precios. En cambio, la uberización de la economía es una amenaza para muchos modelos de negocio que, hasta ahora, estaban protegidos por la regulación, como el transporte, el alojamiento o la restauración.
La uberización de la economía es una amenaza para muchos modelos de negocio que, hasta ahora, estaban protegidos por la regulación, como el transporte, el alojamiento o la restauración
Para Llobet, la regulación de estos nuevos operadores digitales pasa por la simple definición de mercado. "Si dos empresas dan un servicio similar, quiere decir que son del mismo mercado. Esto también quiere decir que un VTC no es un taxi, puesto que por ley no pueden dar los mismos servicios, y aquí la tecnología no juega un papel transformador en la definición del terreno de juego".
El profesor, pero, advierte sobre como los agentes reguladores tienden a castigar a los operadores digitales con normativas que se basan en limitar la expansión de las plataformas digitales y al reducir la oferta para proteger a los operadores tradicionales. "El ejemplo más claro son las multas que se imponen para prohibir el uso de viviendas por el alquiler turístico, y está demostrado que estas medidas tienen un efecto nulo sobre el precio del alquiler en los barrios y traen a la desocupación de pisos que no vuelven al mercado del alquiler, por lo que se pierde un activo".
Llobet considera que esta actitud reguladora "reduce los incentivos para innovar y sólo servicios para retardar la transformación inevitable de muchos sectores, además de ser una excusa para no tomar medidas a largo plazo". Por el contrario, el profesor propone alternativas a la limitación de la oferta, como la "creación de impuestos especiales sobre algunas actividades, como los pisos turísticos, y buscar formas de compensación a los sectores perdedores de la era digital".