El Gobierno ha decretado el confinamiento obligatorio de todos los trabajadores que no sean de servicios esenciales durante los próximos quince días. La medida nos acerca al confinamiento total que ha pedido reiteradamente el Govern, pero que no todos los agentes sociales y económicos verían con buenos ojos porque desconfiaban que fuera acompañado de las ayudas económicas necesarias para hacerlo viable. Sin embargo, parece que para las autoridades sanitarias y después de las experiencias de países como China, aplicar medidas más drásticas es indispensable para parar la expansión de la covid-19. Ahora sí, la medida de la Administración central se articulará como un permiso retribuido, el coste del cual asumirá el Estado, y las horas no trabajadas se tendrán que recuperar de forma progresiva hasta el 31 de diciembre.
Este sería el camino más acertado para evitar que la economía se colapse a pesar de que quede parada por unas semanas o meses, en el peor de los casos. El vicedecano del Colegio de Economistas y catedrático de la UPF, Oriol Amat, expone que en una situación como la que vivimos, y desde el punto de vista de los Estados, se pueden tomar dos tipos de medidas. Las primeras, las que por ejemplo va aprobado el Gobierno central hace quince días, y que se basan en aportar liquidez a los mercados mediante avales o créditos a las empresas y autónomos a través de los organismos públicos como el ICO o el ICF, en el caso catalán, para evitar tensiones de tesorería. "Estas acciones pueden ser correctas en algunos casos muy concretos pero siempre y cuando vayan acompañadas de otras medidas porque cuando se aporta liquidez mediante estas herramientas financieras, lo que se está es otorgando crédito que después empresas y autónomos tendrán que devolver", concreta Oriol Amat.
Amat: "Cuando se aporta liquidez mediante estas herramientas financieras, lo que se está es otorgando crédito que después empresas y autónomos tendrán que volver"
La segunda opción –que es la que ha decidido ahora el Estado español- es la de asumir que la economía tiene que paralizarse pero los ciudadanos tienen que mantener sus ingresos para que la economía continúe activa y trabajadores y familias puedan seguir haciendo frente a sus gastos y su manutención y, por lo tanto, tiene que haber ayudas a fondo perdido.
Estos tipos de medidas eran las que se reclamaban desde algunas instituciones empresariales como la Cambra de Comerç de Barcelona. Su presidente, Joan Canadell, insistía el pasado viernes en tomar más medidas para ampliar el confinamiento y actuar como cortafuegos de la pandemia. Los datos de la Cambra muestran que en la situación actual entre el 50% y el 70 % de la actividad económica en Catalunya se ha paralizado, pero desde la institución se pedía que se parara totalmente durante dos o tres semanas hasta que se compruebe que la expansión de la covid-19 está controlada. Canadell advertía de que el impacto económico a largo plazo de esta pandemia "dependerá de la intensidad y duración de la fase más crítica (parada de la economía) y de las medidas que tomen los diferentes gobiernos y las instituciones económicas europeas".
Medidas de control
Además, a este impacto negativo habría que sumar, según la Cambra de Comerç, las consecuencias de los meses posteriores al levantamiento del confinamiento porque la reincorporación laboral se tendrá que hacer de forma progresiva hasta lograr el 100% de la actividad normal. De hecho, la evolución del PIB a lo largo de todo el año 2020 dependerá, además, de qué sea el nivel de actividad en trimestres posteriores. Canadell defiende que el regreso al trabajo tendrá que ser esglaonat un golpe se levante el confinamiento total y siempre y cuando haya todas las medidas de control y seguridad disponibles para tener absolutamente controlada la covid-19.
La patronal independiente Anem per Feina entiende que cuando antes se pare el coronavirus y se acabe la crisis antes se remontará y por eso hace falta que se impongan las medidas de manera inmediata que hagan falta para parar la pandemia porque "sin salud no hay clientes, sin clientes no hay trabajadores y sin trabajadores no hay empresas. Por eso hay que proteger la salud colectiva antes de que las empresas".
Un informe de la Cambra de Comerç calcula que, a pesar de que la economía paras totalmente unas semanas, igualmente hay un 50% de la economía que sigue funcionando a pleno rendimiento (supermercados, hospital, buena parte del sector público, de la enseñanza, el suministro de servicios esenciales…). Así, parando dos meses la economía se produciría una pérdida de riqueza de entre el 4% o 5% del PIB, que en en Catalunya correspondería a unos 8.000 o 9.000 millones de euros porque el PIB se sitúa en unos 200.000 millones de euros anuales.
Semanas clave
Amat exporta estos cálculos a escala estatal: "Estaríamos hablando de unos podría ser de unos 50.000 o 60.000 millones de euros del PIB". Y va más allá para argumentar que, a pesar de que se trata de un coste elevado, no es una cifra desorbitada en cuanto que en la actualidad la deuda pública española es de 1 millón de millones de euros, y sumar unos 60.000 millones de euros más en gastos no modificaría demasiado la situación financiera de las cuentas estatales tratándose de una situación de emergencia como la que estamos viviendo.
Las próximas semanas serán clave para determinar cómo evoluciona la economía y cómo después podremos salir, expone Amat e insiste en qué "lo mejor es tomar estas tipo de medidas a fondo perdido de manera rápida y que el dinero también llegue rápidamente a la gente porque sino, la contrapartida, es ver cómo se dispara el cierre de empresas y sus trabajadores se van al paro de manera que al Estado también se le disparará su gasto social y por un periodo de tiempo más largo", manifiesta Oriol Amat.
Amat: "Lo mejor es tomar estas tipo de medidas a fondo perdido de manera rápida y que el dinero también llegue rápidamente a la gente"
Otro aspecto a considerar es cómo se financiarán todas estas medidas. Así, desde la Cambra, Joan Canadell aprobaba la acción del Govern con los autónomos a los que facilitará un pago de 2.000 euros "pero la Generalitat no tiene capacidad de endeudamiento y por lo tanto no puede aplicar más medidas de estas características", expone.
En este punto, todos los economistas coinciden en el papel fundamental que tiene que tener la Unión Europea. "La UE ha liberado la capacidad de endeudamiento de los Estados miembros y esto tendría que permitir al Estado español a endeudarse para poder ayudar a empresas y autónomos y sostener la economía", argumenta Oriol Amat. Sin embargo, también hay economistas que insisten en que la UE tiene que hacer más. Xavier Sala-i-Martín en una entrevista en el programa televisivo FAQS insistía en la necesidad que hace falta una actuación inmediata del Banco Central Europeo para aportar liquidez a los mercados europeos, de manera similar a cómo ha hecho la Reserva Federal en los Estados Unidos.
Parar el golpe
El catedrático Oriol Amat argumenta que a pesar de que cerrar la economía dos o tres semanas o incluso un par de meses puede costar mucho dinero al Estado y a las administraciones públicas, "vale la pena parar el golpe y poner el dinero que haga falta porque así la economía al poco de haber levantado los confinamientos volverá a desarrollarse de una manera normal". "No hacer esto sería entrar en una dinámica destructiva que actuaría como fichas de dominó, es decir, las empresas irían cayendo una tras otra. Si no se rescatan las pymes acabarán cerrando y enviando a sus empleados al paro donde, cuando acabe todo esto, podrían estar años".
Amat avisa: "En Catalunya, en 2008 había un paro del en torno al 6-7% que al cabo de cinco años pasó a ser de un 22-23%. Ahora que tenemos unos niveles de paro del 10%, si no se actúa rápido, podría pasar lo mismo"
Es en este sentido, en lo que también se tienen que poner el valor midas como la aprobación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que se tienen que entender como un rescate por unos meses. La ventaja de los ERTE es que nos permiten que los trabajadores puedan salvar el paro de los próximos años, pero se tiene que procurar que las tramitaciones vayan muy rápidas y que los trabajadores reciban las retribuciones sin retrasos, recalca Amat y recuerda la evolución que se generó durante la crisis financiera de 2008. "En Catalunya, en 2008 había un paro del en torno al 6-7% que a la cabeza de cinco años pasó a ser de un 22-23%. Ahora que tenemos unos niveles de paro del 10%, si no se actúa rápido, podría pasar lo mismo".
No obstante, "si rápidamente con los ERTE y otras ayudas que reciban los autónomos y las pymes con dinero a fondo perdido durante unos tres meses –no más que esto- permitirá que en España la situación evolucione como está pasando en China donde, una vez ha acabado el confinamiento, la economía se está poniendo en marcha sin una gran sacudida", añade Amat. "Desde el punto de vista del Estado se tienen que entender las ventajas de pagar subsidios de paro durante dos meses a cambio de ahorrarse estos subsidios durante 24 meses que es la prestación que tendrán que recibir los trabajadores si sus empresas cierran y son despedidos", insiste el vicedecano del Colegio de Economistas.
¿Comprometer el funcionamiento de los servicios esenciales?
Hasta ahora, desde la patronal Foment del Treball y desde Pimec, había un desacuerdo ante un posible confinamiento total, y que en parte siguen vigentes. En un comunicado, la patronal Foment del Treball insiste en que las nuevas medidas difícilmente podrán contar con la contribución de las empresas si, a la vez, no se acompañan medidas excepcionales, urgentes y temporales que promuevan la liquidez de las empresas de forma que puedan hacer frente a los costes laborales a pesar de la parada de la actividad y la caída prácticamente a cero de la facturación.
Foment propone que se establezca el procedimiento para que el Estado asuma el 75% de los costes laborales del permiso retribuido recuperable
Una vez más, Foment del Treball insiste en que las empresas requieren la suspensión del pago del IVA, el IRPF, el Impuesto sobre sociedades y las cotizaciones sociales porque esto representa capacidad de tesorería y liquidez. Y recuerda que son precisamente este tipo de medidas las que la Comisión Europea considera prioritarias para no fulminar el tejido productivo. Por este motivo, Foment propone que se establezca el procedimiento para que el Estado asuma el 75% de los costes laborales del permiso retribuido recuperable durante este periodo en el caso de las empresas que no tengan la liquidez necesaria.
La patronal que preside Josep Sánchez Llibre recordaba hace una semana que "actualmente sólo están funcionando, además de las empresas que operan con el teletrabajo, las empresas que garantizan los servicios básicos alimentarios, energéticos, transporte de mercancías, comercio alimentario, telecomunicaciones, farmacéuticos y sanitarios, así como todas las empresas de suministros y servicios que garantizan el normal funcionamiento de los anteriores". El cierre total tendría un impacto todavía más fuerte en el empleo con más pérdidas de puestos de trabajo y, según Foment, podría comprometer seriamente el normal funcionamiento de los servicios esenciales. Hay que decir que este comunicado es anterior a la decisión del Gobierno de asumir desde el Estado el coste laboral que implica el confinamiento total de la población.
Solidaridad entre empresas
Mientras desde Pimec, su presidente, Josep González, se mostraba también en contra de la propuesta del president de la Generalitat, Quim Torra, de llevar a cabo un "confinamiento total" de la población y advertía de unas consecuencias económicas negativas "muy importantes". Ahora, una vez aprobado por el Gobierno, la patronal sigue insistiendo en que la medida es "improvisada y poco responsable". La patronal lamenta que con este tipo de medidas, con falta de seguridad jurídica y de nula sensibilidad empresarial, no nos saldremos bien de esta crisis y condicionaremos de manera preocupando nuestro futuro económico. En este sentido, reclamaba también un acuerdo entre las administraciones y les pedía "suministrar materiales de protección" para garantizar la seguridad de los trabajadores.
González: "El Estado tiene que ser solidario con los ciudadanos, las empresas, las pymes, los autónomos…; y las empresas tienen que ser solidarias entre ellas"
Constata Pimec la poca sensibilidad empresarial la decisión de que sean los empresarios los que paguen los sueldos de los trabajadores y no la administración a través de los ERTE u otros mecanismos. Pimec cree que, dentro de todo, hubiera sido mejor decretar dos semanas de vacaciones, puesto que recuperar estas horas será muy complicado para muchas empresas.
Amat, por su parte, manifiesta que "es un momento en que todos tenemos que ser solidarios con todos. El Estado tiene que ser solidario con los ciudadanos, las empresas, las pymes, los autónomos…; y las empresas tienen que ser solidarias entre ellas". Así, se muestra partidario de que, para que la economía no se pare, no se paralice, las empresas sigue pagando sus proveedores de servicios –como por ejemplo mantenimiento, consultoría,…- durante el tiempo del confinamiento o, por ejemplo, si una familia tiene un empleado del hogar que ahora no puede hacer sus tareas, también sería conveniente que en tanto sea posible le abone su retribución, "porque saldremos ganando todos".
Afectación para poco más de un millón de trabajadores
De hecho, los sindicatos ya han valorado positivamente las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno. CCOO de Catalunya, en un comunicado, considera que la máxima prioridad es hacer frente a la emergencia sanitaria y valora que el Gobierno apruebe un permiso retribuido para este periodo de quince días y desde la organización sindical asegura que se organizará para negociar la recuperación de los días de permiso retribuido que se ponen en vigor lunes, siempre con el objetivo de salvar los puestos de trabajo y evitar los despidos.
Por su parte, a la espera que se publique el decreto en el BOE, la UGT de Catalunya calcula que el anuncio hecho por el Gobierno español podría afectar en Catalunya además de 1.116.000 personas. Según cálculos del sindicato, la actividad económica en Catalunya ocupa a 3.339.223 personas, entre Régimen General y Régimen Especial de Trabajo Autónomo.
De estas, 1.202.774, el 35,99% del total, trabajan en sectores considerados esenciales. Por otro lado, el 30,58%, 1.021.160 trabajadores y trabajadoras, estarían en estos momentos en situación de suspensión temporal de su actividad. Finalmente, el 33,43%, es decir, 1.116.289 trabajadores y trabajadoras, desarrollarían su trabajo en las hasta ahora consideradas actividades no esenciales (falta para concretar cuáles lo serán finalmente cuando se publique el decreto en el BOE).