El Ministerio de Consumo ha abierto un expediente sancionador a Alquiler Seguro por posibles prácticas abusivas contra los inquilinos en las gestiones de alquiler, como hacer pagar por la gestión de arrendamiento, imponer la contratación de un seguro o la obligación de la contratación de servicios no solicitados por el arrendatario. Desde la aprobación de la Ley de vivienda, está prohibido que las inmobiliarias carguen a los inquilinos los gastos de gestión y la formalización del contrato. En resumen, son prácticas que pueden considerarse graves (con sanciones de hasta 100.000 euros o más, hasta cuatro y seis veces el beneficio obtenido) o muy graves, con multas de hasta un millón o más (hasta multiplicar por seis u ocho veces el beneficio obtenido).
La investigación comenzó el pasado mes de octubre a partir de denuncias del Sindicato de Inquilinos de Madrid, Facua Consumidores en Acción y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Estas recogían el caso de inquilinos que tuvieron que hacer frente a estos gastos, prohibidos por la Ley 12/2023 de 24 de mayo por el derecho a la vivienda.
Desde la aprobación de la Ley de vivienda, está prohibido que las inmobiliarias carguen a los inquilinos los gastos de gestión y la formalización del contrato
Después de conocer la apertura del expediente sancionador, el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, ha aplaudido que "por fin" se ha abierto el expediente sancionador "de envergadura" contra la plataforma y ha lamentado que hasta ahora sólo hubiera trascendido una "ridícula multa" de 1.000 euros de la Junta de Andalucía.
El Sindicato de Inquilinos de Madrid ha afirmado que con el expediente sancionador "se demuestra que Alquiler Seguro va más allá bajo una retórica grandilocuente de criminalización de los inquilinos y de protección al propietario se escondía una estafa permanente de la que también eran víctimas los mismos arrendadores".
Además, la entidad acusa a la empresa de cobrar 200 euros por visitar un piso y de "nula atención de las incidencias y averías durante la vigencia del contrato y falta de transparencia". Por todo ello, ha celebrado que la "impunidad de los arrendadores e inmobiliarias ha llegado a su fin".
Además, la entidad acusa a la empresa de cobrar 200 euros por visitar un piso y de "nula atención de las incidencias y averías durante la vigencia del contrato y falta de transparencia"
En febrero, el gobierno español abrió expedientes sancionadores a grandes gestoras de pisos turísticos por posibles prácticas engañosas. El Ministerio de Consumo detectó que las empresas ofrecían "información falsa o que podía inducir a errores", como indicar en el anuncio de un inmueble que quien lo gestionaba era una persona particular, cuando en realidad se trataba de una empresa.
Unas semanas antes, el Ministerio también abrió otro expediente a una plataforma dedicada al alquiler de pisos turísticos porque mantenía un "millar de anuncios de alojamiento de este tipo que fueron catalogados como publicidad ilícita" y la empresa se negó a retirarlos.