Mientras estábamos entretenidos con las negociaciones para formar gobierno en España, ha pasado desapercibida la atención que merece la iniciativa de la Generalitat para regular las viviendas de uso turístico en 262 municipios catalanes. El Gobierno considera que la aparición de pisos turísticos es una de las causas que ha disminuido el número de viviendas destinadas al alquiler permanente, ya que la rentabilidad del uso turístico es más elevada.
Limitar los estragos del turismo sobre la oferta de pisos en alquiler
Así, a principios de mes se publicó un Decreto ley que congela la concesión de licencias turísticas tanto en los 140 municipios con un mercado de vivienda tensionado, principalmente en las áreas metropolitanas de Barcelona y Tarragona, además de la mayoría de capitales comarcales y algunos otros de la costa, como en todos aquellos municipios que tienen más de cinco pisos turísticos por cada cien habitantes. En este segundo grupo, hay muchos pequeños municipios con una proporción elevada de estos alojamientos turísticos, donde agencias y plataformas han sustituido y multiplicado la actividad que antes se canalizaba principalmente por el boca a boca: desde los Pirineos, la Costa Brava y la Costa Daurada hasta casos puntuales pero significativos en comarcas como el Priorat, Osona o la Noguera.
Durante este período provisional, los ayuntamientos deberán modificar su planeamiento para asegurar que cuentan con suficiente suelo para viviendas destinadas a primera residencia y podrán otorgar licencias para pisos turísticos con una ratio máxima de 10 por cada cien habitantes. Los pisos turísticos deberán solicitar una nueva licencia según la planificación urbanística establecida por cada ayuntamiento. Los ya existentes tendrán hasta cinco años para solicitarla, lo que equivale a decir que se les concede una prórroga automática ante la eventualidad de que tengan que finalizar su actividad.
Financiar la segunda residencia alquilándola unos meses al año
Nos encontramos, por lo tanto, ante una notable apuesta por limitar uno de los efectos externos más relevantes de carácter negativo que provoca el crecimiento y la transformación en la comercialización de la oferta de alojamiento turístico. En este caso, sobre el mercado -disponibilidad y precios- de alquiler para residentes permanentes. Se dan casos significativos donde, a pesar de que la comarca genera un nivel de actividad económica lo suficientemente potente y atractiva como para que los jóvenes decidan quedarse, se encuentran con que, al querer emanciparse, no cuentan con una oferta suficiente y medianamente asequible de vivienda en alquiler.
En otros lugares más turísticos, los propietarios de segundas residencias, a menudo de otras comunidades autónomas o, al norte, especialmente franceses, las alquilan durante unos meses al año, los que no las utilizan, financiando así la adquisición del inmueble.
Los trabajadores extranjeros cualificados, nuevo dolor de cabeza para el alquiler
Recordemos que en ciudades como Barcelona, el número de apartamentos turísticos está congelado desde hace algunos años, pero continuamente surgen fenómenos que tensan el mercado de la vivienda. En este momento, son los expatriados -trabajadores extranjeros cualificados- el fenómeno emergente -estimulado por importantes reducciones fiscales en el IRPF-, que acapara los alquileres y sube los precios.
El turismo es tan importante en nuestro país que fue el responsable de que la economía catalana y española no se recuperaran con tanta fuerza después de la pandemia como las de nuestros vecinos europeos. Y ahora, en estos últimos trimestres, el resurgimiento del turismo también ha provocado que el crecimiento de nuestra economía se sitúe por encima de la media europea. Sin embargo, las externalidades negativas que provoca el turismo masivo son continuas y crecientes. A menudo son difíciles de revertir porque la actividad del sector es cada vez más compleja y diversificada. También porque siempre pisas el callo, es decir, el negocio o las expectativas de negocio de alguien, ya sean hoteleros, propietarios de alojamientos turísticos, plataformas de contratación, restauradores u operadores de transporte.
Ahora mismo, son los expatriados el fenómeno emergente que acapara los alquileres y sube los precios
Desde Turisme de Barcelona manifestaron formalmente y por primera vez que la actividad de este organismo mixto entre operadores y administración municipal, creado hace treinta años, no debía limitarse a promover la llegada de más actividad y más visitantes, sino que debía comprometerse a gestionarla para que fuera sostenible socialmente.
Sin embargo, el nuevo presidente de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu, en la primera decisión apenas dos días después de asumir el cargo, relevó al presidente de Turisme de Barcelona y lo sustituyó por un viejo conocido del establishment barcelonés, Jordi Clos. Si hace treinta años, Clos representaba la renovación frente al férreo control que Joan Gaspart y su grupo ejercían sobre la hostelería en la ciudad, ahora, después de la desaparición de Gaspart del mapa, vuelve a ser el factótum del sector. Tras trasladar la sede a Madrid tras la estampida de empresas en 2017, volvió a ejercer como presidente del Gremi d'Hotelers de la ciudad y ahora cuenta con la guinda de Turisme de Barcelona. Veremos qué sensibilidad tiene para gestionar el turismo.
Mientras tanto, en el Ayuntamiento, una vez instalado Collboni con el apoyo de Colau y del PP, el nuevo alcalde parece querer dar marcha atrás en los polémicos pero a veces acertados pasos para disminuir las externalidades negativas del turismo sobre la ciudad. Así hemos sabido del pacto con Trias per Barcelona para volver a abrir la veda establecida en la creación de nuevos hoteles en l'Eixample y en Ciutat Vella. El argumento, en principio razonable, es flexibilizar la normativa ante algún caso puntual y extraordinario: alguna rehabilitación emblemática o alguna operación que libere suelo en otras partes de la ciudad, por ejemplo.
El gobierno de Collboni y Trias per Barcelona han pactado abrir la veda establecida en la creación de nuevos hoteles en l'Eixample y en Ciutat Vella
El problema es que precisamente una de las últimas decisiones de Trias cuando era alcalde de la ciudad fue aceptar que el antiguo rascacielos del Banc Transatlàntic, en Passeig de Gràcia con Diagonal, aumentara en varias plantas su altura para que se instalara un hotel de la cadena Four Seasons, considerada una de las primeras del mundo y que parecía que le faltaba a Barcelona. La contrapartida, por cierto, eran unos terrenos en el barrio de Gràcia que se liberaban para uso público. Afortunadamente, Colau fue a tiempo de revertir el acuerdo y negó el crecimiento del rascacielos. La cadena hotelera dijo que el espacio resultante era demasiado pequeño para instalarse y la promotora convirtió el rascacielos existente en grandes pisos de lujo.
Puestos de trabajo para inmigrantes
Inmediatamente llegaron las críticas, especialmente de aquellos que sostenían que ahora el inmueble no generaría empleo. Pero cada vez es más evidente que la mayoría de estos empleos, como limpieza, mantenimiento, camareros, recepción, entre otros, serían de baja cualificación y con salarios poco superiores al salario mínimo, según convenio. Se argumentaba que no habría suficientes locales interesados en ocuparlos y que volveríamos a atraer y emplear a inmigrantes extracomunitarios, que son los únicos dispuestos a trabajar en estos empleos mal remunerados, físicamente exigentes y con escasa posibilidad de conciliación familiar. Y es que la hostelería, la restauración y la mayoría de otros servicios turísticos, como taxis, empleados de aeropuertos y estaciones, se basan en salarios bajos para ser competitivos o aumentar la rentabilidad de la cuenta de resultados.
Existe el hándicap de que la economía avanza mucho más rápido que la regulación, que cada vez resulta más compleja y con resultados más inciertos
Es más que dudoso que el importante aumento de tarifas de las últimas temporadas en los servicios de casi todos estos subsectores se traduzca en mejoras en las condiciones de trabajo y en los salarios de la mayoría de quienes trabajan en ellos. Mientras tanto, las administraciones, unas más que otras, seguirán intentando mitigar los efectos negativos que la creciente actividad turística tiene sobre nuestra vida cotidiana, siempre con la dificultad de que la economía avanza mucho más rápido que la regulación, que cada vez resulta más compleja y con resultados más inciertos.
Y los operadores del sector, desde los hoteleros hasta las líneas aéreas, nos dirán que se están recuperando de los estragos de la pandemia y que mientras la demanda aguante, seguirán aumentando los precios. Eso sí, sin remunerar mucho mejor al personal. Y es que no es en absoluto seguro que el auge pospandémico de la demanda se mantenga con la misma intensidad, y a pesar del aumento de precios, durante mucho tiempo.