¿Por qué ha generado controversia la ley europea sobre restauración de la naturaleza?

El nuevo reglamento pretende la recuperación a largo plazo y sostenida de la naturaleza en todas las zonas terrestres y marítimas de la UE

 Sesión plenaria en el Parlamento Europeo | Europa Press Sesión plenaria en el Parlamento Europeo | Europa Press

El Parlamento Europeo aprobó el pasado 12 de julio el Reglamento sobre la Restauración de la Naturaleza. Aun así, el acuerdo fue complicado, con dos posiciones contrapuestas a favor y en contra entre la Alianza de Socialistas y Demócratas (S&D) y el Partido Popular Europeo (PPE). Finalmente fue aprobado, después de múltiples enmiendas, por 336 votos a favor, 300 en contra y 3 abstenciones. La controversia estaba entre unas posiciones más exigentes ante el deterioro medioambiental y el cambio climático y, otras, preocupadas por los impactos que las nuevas medidas pueden provocar. El resultado final no ha acabado de satisfacer a nadie, pero sobre todo ha sido criticado por los grupos ecologistas más radicales.

El argumentario de deterioro del medio es contundente. Las investigaciones de la Agencia Europea del Medio Ambiente o los trabajos de la Plataforma Intergubernamental sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) indican que el 81% de los hábitats protegidos por la UE están en mal estado, con un 36% en proceso de deterioro y solamente un 9% en proceso de mejora. En general todos los ecosistemas europeos están sometidos a fuerte presión. La intensificación del uso de la tierra y su reconversión está causando importantes pérdidas. Los pantanos se han reducido un 50% desde 1970. El 84% de las turberas, fundamentales para capturar y almacenar carbono, se encuentran en un estado de conservación negativo. En la última década el 71% de las poblaciones de peces y el 60% de los anfibios han tenido pérdidas. Esta situación es así mismo denunciada en el sexto informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC).

El 81% de los hábitats protegidos por la UE están en mal estado

Aun así, los temores de los críticos a la Ley hacen referencia a la oportunidad y a la validez de las soluciones. El riesgo más destacado es que las medidas puedan generar problemas en la seguridad de abastecimiento alimentario. Este riesgo es el que ha estado más presente en los intensos debates para aprobar el Reglamento. Hasta el punto que el artículo 9, dedicado a los ecosistemas agrícolas, ha sido descartado. Avalan los temores la memoria reciente de decisiones apresuradas en la trayectoria de aplicación del Green Deal Europeo. Solamente hizo falta el inicio de la guerra de Ucrania para que se tuvieran que desactivar muchas de las medidas establecidas en la Estrategia del Campo en la Mesa y en la de Biodiversidad, puesto que ponían en riesgo la alimentación europea y de retruque la alimentación global. Temor justificado por la constante incorporación de miles de personas a las filas de la desnutrición.

¿Por qué un Reglamento?

La Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí al 2030 establece el compromiso de dar protección jurídica al 30% de la superficie terrestre, incluidas las aguas interiores, y al 30% de la superficie marina de la Unión. El seguimiento de este compromiso ha hecho observar, por un lado, la necesidad de reforzar las actuaciones y, por otro lado, el insuficiente cumplimiento de los hitos establecidos. Concretamente, la evaluación de la Estrategia sobre la biodiversidad hasta el 2020 determinó que una de las razones por las cuales la restauración de los ecosistemas había fracasado no eran los objetivos jurídicamente vinculantes, sino los voluntarios. Razón por la cual se ha querido dotar a las actuaciones previstas de mayor fuerza jurídica y obligatoriedad basada en indicadores específicos.

La estrategia de la UE de aquí al 2030 establece el compromiso de dar protección jurídica al 30% de la superficie terrestre y al 30% de la superficie marina de la UE

En este sentido, tal como dice el mismo documento aprobado, "la mejor manera de lograr los objetivos de la presente propuesta es a través de un Reglamento que garantice la aplicación directa de la legislación. Los estados miembros tienen que contribuir al objetivo a largo plazo mediante la puesta en marcha de planes nacionales de recuperación que establezcan las medidas necesarias para cumplir las obligaciones y objetivos específicos para los ecosistemas. Al contrario de lo que sucede con directivas, los reglamentos no exigen la transposición a la legislación nacional, por lo cual las medidas de restauración podrían empezar antes sobre el terreno".

¿Qué propone el nuevo Reglamento?

El Reglamento pretende la recuperación continua, a largo plazo y sostenida de una naturaleza rica en biodiversidad y resiliente en todas las zonas terrestres y marítimas de la UE mediante la restauración de los ecosistemas y el logro de los objetivos generales en materia de mitigación del cambio climático y adaptación a este. Las medidas de restauración efectivas y basadas en la superficie que, en conjunto, alcanzarán al menos el 20% de las zonas terrestres y marítimas de la Unión de aquí al 2030 y, de aquí al 2050, todos los ecosistemas que necesiten restauración.

Resumen de las principales medidas:

1. Revertir el declive de insectos, muy especialmente los polinizadores.

2. Ecosistemas forestales. Gestión adecuada de la madera muerta, de los bosques con edades diferentes, conectividad forestal y reservas de carbono.

3. Ecosistemas urbanos. Aumento y preservación del espacio verde.

4. Ecosistemas agrícolas. Aumentar las mariposas de los prados y aves a tierras agrícolas, incrementar la reserva de carbono a los suelos, proporción adecuada de tierras agrícolas con elementos paisajísticos diversos. Restaurar el 30% de las turberas drenadas por usos agrícolas hasta el 2030 y 70% hasta 2050.

5. Ecosistemas marinos. Recuperar hábitats marinos como prados marinos o fondos de sedimentos. Restaurar hábitats de especies.

6. Conectividad fluvial. Detectar y eliminar barreras que impiden la conectividad de las aguas superficiales de forma que 25.000 km de río vuelvan a tener caudal libre de aquí a 2030.

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El abastecimiento alimentario en el centro de la polémica

Muchas de las medidas propuestas tienen una relación directa o indirecta sobre los rendimientos de la producción agraria, forestal y pesquera. La reducción de insecticida, que es una medida imprescindible para defender los polinizadores e insectos en general, genera indefensión frente a plagas. Algunas prácticas agroecológicas, a pesar de su interés medioambiental, comportan rendimientos productivos inferiores, como por ejemplo la agricultura ecológica que en cereales supone reducciones de la producción en más de un 30% respecto al cultivo convencional. Algunas técnicas de cultivo regenerativo afectan igualmente a los resultados productivos. La destrucción de barreras para lograr caudales libres a los ríos pueden afectar a las posibilidades de regadío. Pero estos hechos ciertos no pueden esconder el problema medioambiental que se pretende resolver.

¿Qué hacer, pues? La solución no está en el camino hacia atrás, que comportaría graves consecuencias de carácter social por insuficiencias en el abastecimiento alimentario. Más bien al contrario, las salidas están vinculadas a la eficiencia, la agricultura y ganadería de precisión, a la biotecnología que puede obtener nuevas plantas y animales más resilientes al entorno, a cambios culturales en el consumo, a la bioeconomia que reduzca el derroche y abra nuevas oportunidades en el ciclo productivo. Y, también, a la sabiduría de los labradores, que pueden aportar soluciones tradicionales que quizás no tenían que haber quedado obsoletas. Las soluciones son complejas, pero son posibles si se cuenta con la ciencia y la tecnología, cosa que a veces desde ámbitos ideológicos, incomprensiblemente, se rechaza.

Muchas de las medidas propuestas tienen una relación directa o indirecta sobre los rendimientos de la producción agraria, forestal y pesquera

La tensión crítica actual en los mercados alimentarios descarta la posibilidad de reducir la producción. En este sentido, el acuerdo final para aprobar el Reglamento de Restauración de la Naturaleza ha requerido establecer una serie de garantías sobre el punto crítico del abastecimiento alimentario. Así se ha establecido una cláusula de "seguridad" que establece que las actuaciones propuestas solamente se realizarán cuando, por un lado, la Comisión Europea haya proporcionado datos sobre las condiciones necesarias para garantizar la seguridad alimentaria en la UE a largo plazo. Y, por otro lado, que los estados miembros hayan cuantificado la superficie a restaurar para lograr los objetivos en cada tipo de hábitat.

¿Y esto quién lo paga?

El Reglamento especifica que la implantación de las medidas que se vayan definiendo corresponde a los Estados. Es decir que los costes directos de concreción de las medidas, teóricamente, no tendrían que ser preocupación para los afectados. Pero, seguramente, los impactos reales para los productores se presentarán en forma de pérdida de competitividad y, consecuentemente, viabilidad empresarial al haber establecido sistemas productivos más sostenibles pero más costosos. La producción europea se ubica en el mercado global el cual está condicionado por los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio (OMC). En este sentido, la Unión Europea se propone liderar el camino verso una manera diferente de vivir y de producir, más sostenible y más amable con el entorno natural.

El objetivo es loable, pero mientras existan diferencias en exigencias medioambientales entre los diferentes países existirán diferenciales de competitividad que poneran nueva presión a unos labradores cansados de cambios y limitaciones, por más legítimas y necesarias que puedan ser. Para salvar el problema de frontera, la UE pretende acordar, con diferentes países y áreas geográficas comerciales, cláusulas espejo, donde las condiciones a frontera de un país y otro se equiparen. Cuando menos este es el propósito.

Si no se gestiona adecuadamente, la agricultura europea estará en manos de unos pocos oligopolios con capacidad de fijar los precios de los alimentos, más allá de las dinámicas de un mercado competitivo

Aun así, si no se gestiona adecuadamente este tema, de aquí a poco tiempo, la agricultura europea estará en manos de unos pocos oligopolios con capacidad, hipotéticamente, de fijar los precios de los alimentos más allá de las dinámicas de un mercado competitivo. El tema es bastante preocupante y requiere una reflexión en búsqueda de la mejor manera de abordarlo. Por un lado, hay unas problemáticas medioambientales severas que hay que resolver, pero hay unas necesidades vitales relativas a la alimentación que no pueden despreciarse. Tal como se ha dicho en este artículo hay caminos para hacer las cosas mejor, pero hay que estar muy atentos a los ritmos, a la oportunidad y a la viabilidad de las medidas.

Desde entornos autodenominados ecologistas se han sentido exageraciones y falsedades, las cuales están alimentando respuestas contrarias e irresponsables en manos de los grandes vendedores de falsos caminos fáciles, es decir, de los populismos. Las soluciones no son fáciles, pero se tienen que basar en una rigurosa y documentada justificación, con participación, conocimiento y comprensión de las partes más afectadas y de la sociedad en general.

El labrador, ganadero u operario forestal son los ejecutores necesarios de estas medidas de transformación, pero los beneficiarios reales son toda la sociedad

Hace falta una sacudida cultural para acompañar estas transformaciones. La sociedad tiene que saber y darse cuenta que todo este ajetreo es por su propio beneficio. Avanzar en el reequilibrio medioambiental es un objetivo de la sociedad. Por lo tanto, es responsabilidad de todos afrontar los costes de la transformación verde. La Unión Europea ha explicado qué se tiene que hacer en la agricultura, en la actividad forestal, la pesca y las ciudades. Pero el labrador, ganadero u operario forestal son solamente los ejecutores necesarios de estas medidas de transformación. Los beneficiarios reales son toda la sociedad. Sin duda entendemos que si se tienen que poner más árboles en la ciudad, tal como pide el Reglamento, el coste lo tendrán que pagar los beneficiarios, los habitantes de la ciudad. De igual manera tendríamos que entender que estas transformaciones y los riesgos que implican los tendría que asumir el conjunto de la sociedad, los beneficiarios de tener un medio ambiente mejor y unos alimentos de calidad.

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