Es incalculable el gasto personal que genera el hecho de tener que cambiar de médico. Que se lo pregunten al millón y medio de funcionarios de Muface. Ante la amenaza de verse obligados a modificar su estatus sanitario, piden urgentemente cita estos días a sus doctores —sea presencialmente o telefónicamente—, se hacen pruebas médicas a toda prisa para actualizar sus historiales, tensionando de esta manera los portales del paciente, los hospitales, las clínicas y los centros médicos. A estos gastos, habrá que añadir los costes adicionales del esfuerzo psicológico y de los fármacos derivados de la consiguiente inquietud.
“Vía portal del paciente, me entero de que me han cambiado el médico especialista de toda la vida...”; “al irme a visitar con mi médica, la secretaria me dice que no me podrá atender de ahora en adelante la doctora porque ya no pertenece a la plantilla de la mutua...”; “no me han validado el volante para realizar una prueba médica pedida porque la mutua no se hace cargo...”; “he tenido un grave contratiempo de salud fuera de España y la póliza no ha cubierto más allá de la primera semana...”.
Son frases sacadas del contacto diario con algunos de los más de 12 millones de mutualistas privados de España, que representan ahora el 25,8% del total de la población, uno de cada cuatro; hace diez años, no llegaban al 20%, uno de cada cinco. De hecho, las mutuas absorben el 28,4% del gasto global sanitario, según el Observatorio Sector Sanitario Privado de 2024; desde la covid esta proporción se ha disparado.
Salud y formación privada, las más rentables
Cuando el gasto sanitario de un país significa el 6,7% del PIB, y se mantiene en el tiempo, estamos hablando de otra cosa. Demuestra que es uno de los bienes más apreciados. Esto no obsta para que esté llegando a un punto de sofisticación extremo. El gasto sanitario público en el año 2000 era de 775 euros y ahora de más de 2.100, tres veces más. Las administraciones no son capaces de hacer frente a esta progresión geométrica. En este estadio de maduración del sector, el ciclo público de la sanidad da paso al privado, ofreciendo, conjuntamente con la educación universitaria, los más elevados beneficios.
La negociación
¿Dónde se encuentra el punto de equilibrio? Los mutualistas de Muface están esperando con ansia una nueva licitación exprés que permita mantener las prestaciones a la gente que eligió servicio privado en lugar de la Seguridad Social general. Solo el 28% optó por la sanidad pública; el resto se reparte entre las opciones de Adeslas, Asisa o DKV.
El gasto sanitario público en el año 2000 era de 775 euros y ahora de más de 2.100, tres veces más
Las mutuas privadas tienen sus dudas. No desean perder una cantidad tan importante de usuarios, pero reclaman que las primas que ofrece la administración por cada mutualista sean sustancialmente superiores. Han subido los costes, los directos de los centros, las mejoras y las innovaciones, los servicios al paciente, los suministros, las plantillas, la investigación... y la oferta actual, dicen, les hace perder dinero. Siempre hay un punto de consenso que hay que identificar que garantice un buen servicio y a la vez no sea oneroso para los presupuestos generales. Por una parte, es el precio que les permita servir adecuadamente y ganar dinero; por otra —que son nuestros impuestos— se trata de no estirar más el brazo que la manga en esta sanidad desbocada.
En conjunto, por la parte de los gestores públicos y privados falta un poco de racionalidad en el uso de los recursos, y una mayor coordinación de los procesos y esfuerzos comunes para evitar las numerosas duplicidades. Por la parte de los usuarios, tratándose de un bien tan apreciado, no se pueden malgastar pruebas médicas, medicinas y horas de visita. El episodio de Muface es la antesala de lo que vendrá: cuadrar el círculo requerirá mejorar la calidad de la sanidad pública y privada, aprovechar los recursos, coordinar esfuerzos y evitar que los costes se disparen ofreciendo beneficios a costa del erario público.