Nos encontramos ya de pleno en la primavera más electoral de los últimos tiempos, en menos de 30 días la ciudadanía podrá depositar su voto tres veces en Catalunya: elecciones generales, municipales y europeas. Votar es una oportunidad de los ciudadanos para decidir, eligiendo entre las diferentes opciones que ofrecen los diferentes partidos políticos que se presentan a las elecciones. Partidos políticos que son entidades de interés público creadas para promover la participación ciudadana y presentar sus programas manifestando sus valores y concretando sus propuestas expresadas en acciones políticas y de gobierno.
"Los tiempos electorales son también una oportunidad para recordar uno de los componentes esenciales de un sistema democrático de calidad: la transparencia y la rendición de cuentas"
Los tiempos electorales son también una oportunidad para recordar uno de los componentes esenciales de un sistema democrático de calidad: la transparencia y la rendición de cuentas, como proceso por el cual los que gobiernan o han gobernado explican a la sociedad sus acciones y aceptan la responsabilidad sobre estas, permitiendo así a los interesados revisarlas, analizarlas y evaluarlas. En el entorno de gobernanza política, tan preelectoral como ejecutiva, se dedica mucho más tiempo y esfuerzos a explicar lo que se hará: programas, presupuestos, planes... que a rendir cuentas de lo que se ha hecho, del grado de cumplimiento de los compromisos previamente logrados, de los resultados conseguidos, indicadores mucho más relevantes para la ciudadanía que la retórica de los deseos.
El voto es un acto de responsabilidad social, con el que los electores depositan su confianza, en los que encabezarán sus instituciones por un periodo temporal. Una de las vías que tiene el ciudadano para contrastar y afianzar esta confianza es conocer como gestionan los partidos políticos los recursos que los son asignados. En el último proyecto de presupuestos del año 2019 presentado en el Congreso por el Gobierno español antes de la convocatoria de elecciones es preveían 122 millones de euros para financiación de los partidos políticos. Cómo en todas las organizaciones, la información sobre la gestión económica y financiera se recoge en sus Cuentas Anuales: Balance, Cuenta de Resultados y la Memoria.
Fiscalización y control de las cuentas de los partidos
La fiscalización y control de las cuentas de los partidos políticos corresponde al Tribunal de Cuentas (TCE), siendo el último informe publicado por esta entidad de diciembre 2017 sobre las cuentas de los años 2014 y 2015. Las cuentas fiscalizadas son consolidados, integrando ámbitos territoriales e institucionales excepto el local. En los resultados obtenidos como conclusión de las fiscalizaciones financieras no hay ninguna opinión favorable, siendo la mayoría con excepciones y en tres casos desfavorables manifestando que "no reflejan adecuadamente la situación financiera y patrimonial de la entidad debido a la importancia cuantitativa de varias excepciones".
Otras prácticas observadas por el TCE fueron: activos sobrevalorados, reclasificaciones de pasivos entre largo y corto plazo, discordanza entre documentos justificativos facilitados por el partido y los registros contables revisados, omisiones de movimientos de tesorería... Así mismo, tres partidos mostraban patrimonios limpios negativos.
"El grado de cumplimiento en el rendimiento formal de las cuentas de los partidos políticos se acercó al 100%, mientras que el grado de las asociaciones y fundaciones vinculadas a los partidos fue sólo del 53,8%"
En Catalunya, la Sindicatura de Cuentas también realiza una comprobación formal de las cuentas que le son presentados, verificando si han sido rendidos dentro de plazo y si se ha tramès toda la información establecida en la normativa vigente. El grado de cumplimiento en el retiment formal de las cuentas de los partidos políticos se acercó al 100%, mientras que contrariamente el grado de cumplimiento en el retiment de cuentas de las asociaciones y fundaciones vinculadas a los partidos políticos fue sólo del 53,8%.
Ingresos públicos o privados?
Hablar hoy de información referida en 2015, han pasado más de tres años, es una manifestación muy pobre de transparencia. Es cierto que consultadas las webs de los partidos políticos, se puede localizar el Balance y la Cuenta de Resultados de 2017, pero en algunos casos son cifras sin la Memoria explicativa, y sólo en un caso las Cuentas van acompañados de informe de auditoría externa. Una conclusión importante observando las cuentas de 2017, todavía pendientes de fiscalizar, es que más de un 80% de sus ingresos son de origen público.
"Una conclusión importante observando las cuentas de 2017, todavía pendientes de fiscalizar, es que más de un 80% de sus ingresos son de origen público"
En el ámbito mercantil en cuanto a las Cuentas, la situación es muy diferente, desde la primera reforma que transpone directivas europeas en materia de sociedades del año 1989, hace 30 años las sociedades venden depositando sus cuentas anuales -la mayoría auditados- al Registro Mercantil en el primer semestre posterior al cierre. Y por la reforma aprobada el pasado diciembre las empresas, ahora las grandes y progresivamente las otras, tendrán que añadir a la información financiera otras de contenidos sociales, medioambientales, de su personal, de medidas aplicadas para prevenir riesgos de corrupción, soborno... Como respuesta a las exigencias de las sociedades modernas y a la diversidad de intereses en los grupos de interés.
Cuando la corrupción y las malas prácticas además de constituir el segundo problema más importando percibido por los ciudadanos, es objeto de instrucción esparcido por juzgados y tribunales, empezando ya a ser materia enjuiciada y con sentencias condenatorias, en el que confluyen actores públicos y privados. Cuando las instituciones en general no pasan por el mejor momento de confianza, no nos podemos permitir que los partidos políticos, órganos vehiculars de la democracia participativa, no sean ejemplares en el rendimiento de cuentas no sólo en las instituciones que gobiernan sino en su propia gestión de los recursos que los venden asignados mayoritariamente con cargo a los presupuestos públicos.