La intervención de la Generalitat el día 19 de septiembre genera una fuerte polémica en Cataluña. La intervención se basa en la Ley de Estabilidad presupuestaria aprobada el 2012 por el Congreso de los Diputados español. A la vez, esta Ley 02/2012 de Estabilidad Financiera se basa en la famosa reforma de la Constitución -el artículo 135- hecho "con nocturnidad" aquel agosto de 2012. El relevante, pero, es saber qué motivos motivaron la reforma constitucional y la regulación del control de las finanzas públicas. Así pues, contextualizar es obligatorio para entender cuál es el objetivo de la ley de estabilidad.
La Gran Recesión de 2008 y la crisis bancaria de 2012 trajeron el Estado español a una crisis monumental. Cómo solo ser habitual, la crisis bancaria se transformó en una crisis de deuda soberana y la prima de riesgo española, el diferencial de la rentabilidad del bono a 10 años respecto del bono alemán, se disparó hasta niveles que nunca se habían visto en España.
De este modo, la crisis financiera de 2008 tuvo un efecto inmediato: la desaparición del crédito bancario. Esto hundió la actividad económica, que, a la vez, hundió los ingresos fiscales disparando el déficit público:
Hasta el año 2008 España fue tirando superávits presupuestarios. Un golpe estalla la crisis financiera -y el crédito bancario se hunde- la caída de ingresos y el aumento de gastos a causa, fundamentalmente, de las prestaciones de paro motivadas por el aumento de la tasa de paro, disparan el déficit público hasta los 40.000 millones de euros a principios de 2010.
La reacción del ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero no se hizo esperar y tomó dos grandes decisiones:
- Política fiscal expansiva con el PlanE cómo abanderado
- El Fondo AAF de compra de activos financieros, un fondo para dotar el sistema bancario (las cajas, esencialmente) de liquidez. Este fondo no se incluyó en la contabilidad nacional y, por lo tanto, no generó déficit público pero sí que creó aumentar deuda pública, puesto que la dotación económica del fondo se realizó mediante la emisión de deuda pública soberano español. El mejor sistema financiero del mundo.
El cierto es que el sistema bancario, a consecuencia del tipo de política fiscal diseñada, fue acumulando deuda pública soberano español y carteras de crédito a la construcción y obra civil. Mientras tanto, la tasa de paro y la morosidad no hacían más que aumentar. La locura colapsó con las micro subidas de tipos de interés del Gobernador Trichet (BCE). El abril de 2012 estalló el Caso Bankia - y derivados- y España entró en una crisis soberana. El círculo del terror que más pánico nos genera a los economistas ya era una realidad: deuda bancaria y deuda soberana alimentándose mutuamente. Después, el rescate y al mes de agosto se produjo el famoso cambio constitucional del artículo 135. España entraba de pleno en la estabilidad presupuestaria.
El círculo del terror que más pánico nos genera a los economistas ya era una realidad: deuda bancaria y deuda soberana alimentándose mutuamente
El gráfico nos muestra la evolución de la deuda pública español. El facet PDE nos muestra la deuda pública estándar y del que habitualmente se habla con prensa y el utilizado por el Ecofin para supervisar la política fiscal de los Estados europeos intervenidos a raíz de los rescates bancarios. La deuda total consta de la deuda PDE añadiendo las emprendidas propiedad del sector público que no se rigen por la legislación del sector público más los fondos que, como fue el fondo AAF, no se incluyen a la contabilidad nacional. Ambas medidas muestran el mismo patrón: El 2009 llegó al mínimo histórico y a partir de este año se dispara hacia máximos históricos en 2014. Después, la deuda en porcentaje del PIB permanece estable hasta este año 2017.
El Memorandum of Understanding (MUEVE) firmado entre el Gobierno español y la Unión Europea se tradujo en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que obliga el Estado a entrar en el régimen PDE (Plan de Estabilidad) - del que Grecia y Portugal han salido recientemente- y que esencialmente impone las conocidas políticas de austeridad y que otorga a la Comisión Europea la potestad para fijar el déficit público máximo que cada Sido puede hacer. Para salir del régimen de estabilidad financiera tutelado por la Unión hay que rebajar el déficit público por debajo del 3% y las previsiones dicen que en 2018 o 2019 España abandonará el procedimiento de déficit excesivo.
La filosofía de la ley es muy clara -en linea del artículo 135 de la Constitución, lógicamente- y no es otra que conseguir que las finanzas públicas sean estables para que la deuda pública no desborde. Para asegurar que todas las administraciones públicas (Administración Central, Comunidades Autónomas, Administración Local y Seguridad Social) afrontaran los recortes de gasto, la ley otorga en el Gobierno español una serie de medidas coercitivas para obligar al cumplimiento del objetivo del déficit que se pueden resumir en tres:
- La potestad para limitar la contratación de empleados públicos a través del Presupuesto General del Estado.
- La intervención de las finanzas de aquellas Administraciones que pongan en riesgo la estabilidad presupuestaria. Es decir, de aquellas que amenacen de incumplir el déficit y, por lo tanto, comprometan los fundamentales macroeconómicos del Estado.
- La Administración Central tiene la potestad de establecer el déficit máximo que las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos y la Seguridad Social puede hacer.
Abandonar el Plan de Estabilidad ha sido un objetivo primario para todos los Estados intervenidos pero, en cambio, España ha sido incapaz de cumplir con el déficit a pesar de la situación de gran ventaja respecto de Grecia o Portugal.