El Govern ha aprobado el decreto para la emergencia climática y el impulso a las energías renovables. "Hemos eliminado los obstáculos que impedían o limitaban el fomento de las energías renovables en Catalunya", ha dicho la consellera d'Empresa, Àngels Chacón, que anunció su intención de salir adelante la norma en abril. La norma quiere dar respuesta a las demandas de las empresas de renovables y de los grupos parlamentarios, que han aprobado seis mociones y una resolución instando el Govern a derogar el decreto de 2009. El decreto "preserva" los elementos paisajísticos, urbanísticos y los elementos vinculados al medio ambiente, según Chacón, pero "simplifica los trámites y agiliza los plazos" para implementar la energía renovable.
El ejecutivo ha derogado el decreto de 2009, si bien " ha rescatado" algunos "artículos beneficiosos", según ha explicado Chacón. El decreto aprobado por el consejo ejecutivo entrará en vigor a finales de año, previsiblemente. El Govern considera que la ley aprobada en la etapa del tripartito establecía "barreras" en las energías renovables. En concreto, el decreto exigía que los parques eólicos de más de 10 MW se implantaran en Zonas de Desarrollo Prioritario (ZDP).
En cuanto a la energía fotovoltaica, las plantas solares sobre suelo no urbanizable sólo se podían hacer en terrenos de zonas industriales, con una ocupación máxima de seis hectáreas, o en edificaciones agrícolas, con una superficie máxima de tres hectáreas. "Creemos que son medidas restrictivas y que no permiten aprovechar la economía de escala", ha asegurado Chacón.
"En lugar de limitar la implementación de estos parques sólo a unas áreas concretas", el decreto aprobado por el ejecutivo de QuimTorra "abre el territorio a la implantación de las renovables", ha explicado la consellera. Aún así, los proyectos eólicos y fotovoltaicos tendrán que "respetar" los límites medioambientales, urbanísticos y paisajísticos contemplados en la normativa. El nuevo decreto tiene que permitir también "agilizar" la tramitación de las instalaciones eólicas y fotovoltaicas, con un plazo máximo de trece meses. En este proceso se contemplará la constitución de una "ponencia de energías renovables" que servirá para "hacer una consulta previa" a la tramitación de una instalación y evaluar si el emplazamiento es viable. El promotor se dirigirá a una única ventanilla para tramitar el proyecto.