La activación de las cláusulas de emergencia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento debido a la pandemia y la prolongación de estas medidas debido a la guerra de Ucrania parece haber llegado a su fin. Si bien varios países han pedido volver a ser estrictos con la normativa fiscal de la zona común, todos los agentes implicados coinciden en que volver al pasado ya no tiene sentido; la economía mundial ha experimentado cambios significativos y es necesario abordar estas nuevas realidades.
En respuesta a esta situación, la Comisión Europea ha propuesto una serie de medidas con el objetivo de lograr una mayor implicación de los países, garantizar la sostenibilidad de la deuda y mantener los umbrales del 3% de déficit y el 60% de deuda pública. Estas propuestas incluyen procesos más simples y sin tantos agujeros, trayectorias de ajuste fiscal graduales y personalizadas, flexibilidad presupuestaria a cambio de inversiones creíbles y sostenibles, y la fijación de una reducción mínima anual del 0,5% en los desequilibrios de las cuentas públicas para aquellos países que estén por encima del límite del 3%.
España cerró el año 2022 con un déficit público del 4,8% sobre el PIB y un ratio de deuda pública del 113% sobre la riqueza nacional
En este contexto, España, que cerró el año 2022 con un déficit público del 4,8% sobre el PIB y un ratio de deuda pública del 113% sobre la riqueza nacional, respondió de manera clara a estas demandas. La ministra de Hacienda, Maria José Montero, anunció que el país se comprometía a reducir su déficit público hasta el 3% en 2024. Esto implica un ajuste presupuestario adicional de más de 4.000 millones de euros en comparación con el escenario previo del Gobierno, que preveía cerrar el año 2024 con un déficit del 3,3% del PIB en las cuentas públicas, y rebajar ese déficit por debajo del umbral del 3% en 2025.
La respuesta de España muestra su compromiso con la estabilidad fiscal y su voluntad de adaptarse a las demandas de Bruselas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el camino hacia la plena recuperación económica no será fácil. El ajuste presupuestario requerirá esfuerzos significativos y será crucial que se implementen medidas que impulsen el crecimiento sostenible. Más, si se pretende llegar a los objetivos marcados sin aplicar recortes.
Dudas
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) y el Banco de España han señalado la falta de un plan realista y sostenido de consolidación fiscal en el medio y largo plazo, lo que dificulta el saneamiento de las cuentas públicas. Si el gobierno español no logra implementar un plan realista y sostenible de consolidación fiscal, es probable que las medidas de ajuste afecten a los servicios públicos y las inversiones en infraestructura.
La Airef y el Banco de España han señalado la falta de un plan realista y sostenido de consolidación fiscal en el medio y largo plazo
Además, si no se implementan medidas adicionales de ajuste presupuestario, como ha sido señalado por la Airef, es probable que el déficit público en España se mantenga por encima de los umbrales establecidos. Esto podría generar preocupación en los mercados financieros y reducir la confianza de los inversores, lo que a su vez podría afectar la financiación y el acceso al crédito para las empresas catalanas. Más, si la Comisión decide tomar medidas más drásticas y acaba multando a España.
La reducción del déficit y la sostenibilidad de la deuda son objetivos clave para España, pero también se debe tener en cuenta que el crecimiento económico y la generación de empleo son aspectos igualmente importantes. Es esencial que las medidas de ajuste se realicen de manera gradual y se adapten a la situación y las necesidades específicas de cada país. Además, se debe garantizar que las inversiones destinadas a impulsar el crecimiento sean creíbles y sostenibles a largo plazo
Habrá que estar atentos
Como una de las regiones más prósperas y con un peso económico destacado, cualquier cambio en las políticas fiscales y de ajuste presupuestario afectará directamente a Catalunya. La reducción del déficit y la contención del gasto público podrían limitar la capacidad de la Generalitat para financiar proyectos e iniciativas, lo que a su vez podría ralentizar el crecimiento económico y la creación de empleo en la región. Además, un menor gasto público podría afectar a los programas de bienestar social y a la calidad de unos servicios públicos catalanes ya de por si mermados.
Cabe destacar que la pandémia de la COVID-19 tuvo un impacto económico de aproximadamente 10.000 millones de euros en Catalunya
Cabe destacar que, a pesar de que los impactos puntuales derivados de la guerra han sido similares a la del resto del mundo (se ha acelerado la inflación, se ha desacelerado el crecimiento del PIB, la creación de empleo y ha supuesto un aumento en los tipos de interés, entre otros factores), la pandémia de la COVID-19 tuvo un impacto económico de aproximadamente 10.000 millones de euros en Catalunya. Más allá de las medidas de apoyo económico, como los ERTE y ayudas directas a las empresas, con el objetivo de mitigar los efectos adversos, se perdieron 70.000 puestos de trabajo en la región.
Por ello, en un momento en que, como menciona la Nota de Conjuntura Econòmica número 122, las perspectivas económicas a corto plazo para Catalunya son relativamente positivas, limitar aún más la capacidad de actuación de las autoridades catalanas, así como los distintos agentes económicos, podría suponer más problemas a una economía ya de por sí condicionada. Habrá que estar atentos.