Las protestas campesinas han sorprendido a la Comisión Europea. Tal parece como si de golpe hubiera topado con una realidad que desconocía. No por falta de funcionarios para advertirla. Su respuesta ha sido a la defensiva, prometiendo mejoras en algunos aspectos tales como la burocracia y reduciendo algunas de las exigencias medioambientales. Desde un punto de vista de pedagogía de la sostenibilidad no parece la mejor respuesta. Cabe preguntarse, ¿es que no hacían falta estas medidas? Probablemente sí hacían falta, pero se han errado los medios, los ritmos y la intensidad.
Al campesinado en poco tiempo se le han cambiado mucho las condiciones de trabajo. Se le exigen nuevos procedimientos para garantizar la sostenibilidad. Algo necesario, pero que compromete la productividad y los resultados económicos de la empresa. Para complicarlo más, estas exigencias no se reclaman a sus competidores, quienes gozan de una ventaja competitiva gratuita. Para los campesinos locales es competencia desleal y un nuevo factor depresor de rentas. Al mismo tiempo, desde la ciudad, se censura su actividad como contaminante y emisora de gases efecto invernadero sin tener en cuenta los esfuerzos que la agricultura está realizando hacia una actividad sostenible. El campesino solamente recibe la crítica, la cual considera sesgada en relación con otros sectores. Desde la presión del populismo verde o del eco-esteticismo se reclama el cierre de parte o toda la ganadería intensiva, mientras que, con argumentos sesgados, se criminaliza al sector bovino. Y, si faltaba leña en este fuego, llega una terrible sequía en el área mediterránea con respuestas públicas que llegan tarde y son discriminatorias respecto a la agricultura.
Unos costes que el agricultor no puede repercutir frente a una cadena alimentaria con eslabones superiores extremadamente oligopolizados, contra los cuales tiene una capacidad de negociación insuficiente
Desde confortables despachos de Bruselas se diseñó un sistema supuestamente perfecto para avanzar hacia la sostenibilidad en la producción de alimentos. Para conseguir el éxito de la operación se segmentaron parte de las ayudas en función del cumplimiento de determinadas medidas pro-sostenibilidad. Es decir: "Si haces lo que te decimos te pagaremos, pero para saber si lo has hecho tienes que documentar el detalle de tu actividad. Con este fin te daremos un cuaderno digital donde apuntarás todo lo que hagas". Todo será fácil, le dicen. Pero la realidad es diferente.
En las áreas rurales hay mala cobertura telemática, las aplicaciones digitales por más simples que sean requieren una formación y entrenamiento. Las aplicaciones informáticas no son lo suficientemente amigables y a menudo generan confusión. Además, la infinidad de datos a registrar hacen que el cuaderno digital no sea nada simple. Y todo ello son costes en tiempo, en rendimientos y en viabilidad económica. Costes y más costes con unas ayudas más reducidas y condicionadas. Unos costes que el agricultor no puede repercutir frente a una cadena alimentaria con unos eslabones superiores extremadamente oligopolizados contra los que cuenta con una insuficiente capacidad de negociación. Los campesinos, cargados de razón, frente a esta nueva situación, se han visto incapaces de seguir, ha llegado el desánimo y la protesta se ha visto como única salida.
Es momento de hacer una crítica severa al sistema implementado. ¿Alguien de la Comisión Europea pensaba que la transformación verde propuesta saldría gratis? Nicolas Stern lo advirtió: "el cambio climático es un problema de costes". Los campesinos mayoritariamente cumplían las leyes, ahora han cambiado las normas con criterios justificables y los campesinos seguirán cumpliendo las nuevas normas, pero no a costa de su inviabilidad económica. Los agricultores viven al límite de la rentabilidad y, por tanto, no se les puede imponer más costes sin redefinir las vías de valoración de sus productos. Eso se tenía que haber previsto.
Attal (primer ministro francés): "La agricultura tiene el rango de los intereses fundamentales de la nación, al nivel de la defensa y la seguridad nacional"
Las protestas han tenido respuestas de comprensión en la ciudad, pero también de rechazo. Desde sectores intelectuales se condena con algunos argumentos equivocados que deberían superarse: la agricultura es poco importante económicamente; la parte más importante del presupuesto de la UE se destina al campesinado y todavía son incapaces de ser competitivos; les pagamos las ayudas para que puedan salir de su precariedad (implícitamente como muestra de su incapacidad); es un sector envejecido sin futuro; etc.
Por el contrario, de todas las opiniones de estos días quería destacar, en positivo, las declaraciones del primer ministro francés Gabriel Attal: "La agricultura tiene el rango de los intereses fundamentales de la nación, al nivel de la defensa y la seguridad nacional". Si no es demagogia es que lo ha entendido.
El sistema de ayudas como fuente de incomprensión
La falta de comprensión sobre la complejidad de la producción de alimentos ha propiciado el diseño de políticas poco previsoras y de respuestas ciudadanas desatinadas o equivocadas, expresadas a menudo en los medios de comunicación. El campesinado vive un injusto desprecio social desde algunos sectores del mundo urbano. Los problemas medioambientales son abrumadores. Frente a estos es preferible encontrar un falso culpable sin costes electorales, tal como es la agricultura. Es la mejor manera de no destinar los esfuerzos al verdadero culpable: la combustión de combustibles fósiles.
La agricultura experimenta un injusto menosprecio social por parte de algunos sectores del mundo urbano
Pero el menoscabo requiere motivos aparentes para articular sus acciones de bloqueo social, invisibilización o manipulación social. El argumento más reiterativo gira en torno a las ayudas agrícolas. Su incomprensión desenfoca las políticas. Hay que hablar de ello, pues.
En anterior artículo recordaba que los objetivos de la PAC originales señalados por el Tratado Constituyente de la Comunidad Económica Europea, establecidos en su artículo 39 eran:
- Incrementar la productividad de la agricultura desarrollando el progreso técnico, asegurando el desarrollo racional de la producción con un uso óptimo de los recursos, especialmente la mano de obra.
- Asegurar un nivel de vida adecuado para la población agraria.
- Estabilizar los mercados.
- Garantizar la seguridad de abastecimiento.
- Asegurar unos precios razonables a los consumidores.
Los objetivos originales de la PAC, implícita o explícitamente, siguen presentes todavía. Las ayudas implicadas pretenden resolver cuestiones relativas al conjunto de la sociedad y, por tanto, son ayudas a los consumidores (abastecimiento garantizado, precios estables, precios reducidos). El agricultor es, simplemente, el actor necesario para alcanzar estos objetivos. Esta primera reflexión es de la mayor importancia cultural dado que se ha señalado de forma despectiva al agricultor como beneficiario privilegiado de un apoyo público poco explicado. Pero es también de la mayor importancia técnica.
Se pagan las ayudas como estrategia para estabilizar los precios y como instrumento para bajarlos. Pero este sistema crea una imagen dependiente del campesino ante la sociedad, como si fuera la sociedad quien paga un precio innecesario, cuanto es justo al revés. De manera similar, por ejemplo, los médicos o los maestros cobran un sueldo público para que tengamos una sanidad gratis y una enseñanza gratuita, a nadie se le ocurre poner en duda este sueldo cuando se es consciente de que el beneficiario es el paciente necesitado de atención médica o el alumno que precisa educación
La herramienta de las ayudas ha dado un cierto grado de estabilidad en el abastecimiento alimentario con unos precios más asequibles a la población. Pero ¿qué pasaría si de golpe se eliminaran las ayudas? A corto plazo los campesinos verían reducidos sus ingresos y eso provocaría tensiones entre el campesinado. Pero a medio plazo, quizás muy rápidamente, los mercados reaccionarían con unos precios de los alimentos más altos y más volátiles. Lo que afectaría al conjunto de la ciudadanía con tensiones en el abastecimiento alimentario en amplias capas de población con ingresos bajos. A más largo plazo las diversas variables económicas acabarían ajustándose en un nuevo equilibrio, con precios y salarios más altos, pero con mayor inestabilidad en los precios alimenticios. La Unión Europea no ha optado por el camino de desactivar la herramienta de las ayudas, a buen seguro que se han temido las consecuencias a corto y a largo plazo.
Las ayudas agrarias se iniciaron en Estados Unidos bajo el mandato del presidente Roosevelt tras la gran crisis de 1929. Las ayudas agrarias siempre han sido una herramienta para la estabilización de la economía y garantía consecuente de abastecimiento alimentario. Un abastecimiento que es crítico para un país. La Comunidad Económica Europea consideró vital esta herramienta durante el proceso de recuperación de la II Guerra Mundial. Las ayudas de la PAC han tenido una larga trayectoria de modificaciones para adaptarse a un mundo más globalizado. Tratando de aparentar, cuando menos, que cumplía los acuerdos firmados con la Organización Mundial de Comercio. Pero las ayudas siempre han tenido la función estabilizadora de la economía, no la de limosna al campesino.
Los médicos o los maestros cobran un sueldo público para que tengamos una sanidad gratis y una enseñanza gratuita, a nadie se le ocurre poner en entredicho este sueldo cuando se es consciente que el beneficiario es el paciente
Pero, con la reforma reciente de la PAC se ha desatendido la función de las ayudas. De hecho, se han reducido y fraccionado de manera condicionada las ayudas a la vez que se han añadido muchos costes vinculados a las nuevas exigencias medioambientales. En realidad, debería haberse hecho al revés. Dejar las ayudas directas por su función estabilizadora de la economía y aportar fondos complementarios vinculados, estos sí, a los costes derivados del cumplimiento de medidas medioambientales propuestas. La transición verde no saldrá gratis y es toda la sociedad quien debe asumirla, no el campesinado. La realidad es tozuda y de una forma u otra esta corrección se realizará y los campesinos serán compensados por su esfuerzo, pero por el camino habrá habido sufrimiento y pérdidas económicas. Con un enfoque compensador de costes, tal como aquí se propone, los campesinos podrían ofrecer unos precios más competitivos y ser más capaces de hacer frente a la competencia internacional descompensada por unos requerimientos medioambientales diferentes.
Caminos de solución
A continuación, expreso algunas opiniones sobre los seis temas más importantes de las protestas:
1. Ley de la Cadena Alimentaria.
Esta ley ha sido un paso importante en el reequilibrio de la cadena. Pero la pretensión de establecer el pago por encima de costes es una ficción, dado que los costes son diferentes para cada empresa. Esta cláusula llevaría a precios públicos garantizados, algo que ya se ha vivido al comienzo de la PAC con disfunciones evidentes. Hay que profundizar el uso de la ley y perfeccionar el sistema de ajuste de precios de los contratos. La ley ofrece instrumentos de gran interés.
2. Acuerdos comerciales bilaterales.
Es la vía de la Unión Europea para establecer una equivalencia de medidas de producción entre diferentes países. Es un camino lento y lleno de dificultades, dado que cualquier modificación de los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio generan contrapartidas que no siempre son las deseadas. En mi opinión un enfoque compensador de costes medioambientales, tal y como he señalado antes, sería la manera indirecta de deshacer este nudo de la competencia "desleal" sin interferir directamente en los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio.
La transición verde no saldrá gratis y es toda la sociedad quién lo tiene que asumir, no el campesinado
3. Acciones de mejora de costes
Las plataformas campesinas han listado una serie de propuestas sobre temas que se podrían hacer de otra manera. Ellos entienden de ello. Hay propuestas muy interesantes, habría que analizarlas, valorarlas y si aportan beneficios aplicarlas rápidamente.
4. Agricultor activo o genuino
Los titulares de la PAC jubilados deberían ceder el relevo a jóvenes campesinos. Ellos pueden continuar como perceptores de arrendamiento u otro acuerdo a beneficio de todos. Hay que acabar con la falsa imagen de que los campesinos (falsamente) son viejos. Los trabajadores del campo tienen unas medias de edad similares a otros sectores. Acompaño dos gráficas aclaratorias donde se diferencia, por una parte, titulares de la PAC, que normalmente son propietarios, los cuales generalmente no ceden la titularidad hasta la muerte y, por otra parte, ocupados agrarios de acuerdo con las estadísticas de la Seguridad Social. Convendría dejar de oír que los campesinos son viejos.
5. Sequía
Hay muchas cosas que decir sobre la gestión de la sequía. Se ha discriminado claramente al campesinado mientras la ciudad no tenía restricciones, un hecho que ha agravado el problema. Ha habido decisiones totalmente fuera de criterio. Programar una restricción del 50% a la ganadería es no saber qué es un animal. El consumo de agua de la ganadería es mínimo, un 2% del total de agua regulada, pero es agua de boca y limpieza. Se puede establecer cuál es esta necesidad que es mínima, pero nunca establecer un porcentaje de reducción, ya que ello es la muerte del animal. El agua en la ganadería tiene el mismo sentido que el agua mínima para conservar la vida de los árboles frutales
6. Simplificación
En este tema parece que se harán esfuerzos y se dilatará el cumplimiento del cuaderno digital. La excesiva burocracia tiene consecuencias directas en la competitividad del sector, es una causa de desánimo y abandono de pequeñas explotaciones familiares con un incremento subsiguiente del desequilibrio en la cadena alimentaria. Es necesario un cambio cultural hacia la simplificación. Apostar un poco más por la confianza, utilizar eficazmente los sistemas digitales integrando toda la información, ventana única y único dato al sistema, dato que no hay que repetir cuando el sistema ya la tiene.
Finalmente, quiero comentar que los campesinos tienen mucha razón, pero conviene que no la pierdan con acciones desafortunadas. Lanzar alegremente los tomates de Marruecos es un error y una estupidez. Del mismo modo cuando los franceses tiran nuestra fruta. Estas acciones totalmente censurables atacan directamente la línea de flotación de los equilibrios democráticos de la Unión Europea.