Posiblemente volver a votar en pleno mes de noviembre no haya sido una de las ideas más acertadas por parte del Gobierno de Madrid. Noviembre es un mes rabiosamente otoñal, contagiado de melancolía, propicio para que los datos económicos no sean buenos, que las previsiones que se formulan no apunten en la mejor línea, cuando el día es más corto y la noche más larga. Y ese ambiente entre turbador y perturbador nos conduce hacia el terreno de la duda.
Cuando escribo estas líneas, una vez conocidos los resultados de los comicios del 10-N, los interrogantes de cariz político flotan por doquier. España, decididamente, es un país de izquierdas. Ahora bien, ¿de qué clase de izquierdas? El mosaico que ofrece el arco parlamentario hace difícil precisar con exactitud qué tonalidades toma la izquierda española. El centro parece condenado, a la vista de los resultados, a su desaparición y los extremismos, tanto por la derecha como por la izquierda, cada vez entran más en juego. Eso conlleva a que las formaciones tradicionales, para entendernos, socialistas y populares, se vean forzadas, para pescar en los caladeros de los votos, a simpatizar con propuestas más o menos radicales que tiempo atrás hubieran sorprendido.
"Después de las elecciones del 10N, este ambiente entre turbador y perturbador nos conduce hacia el terreno de la duda"
2019 no está siendo un año bueno, antes, al contrario, serán 365 días insertados en un contexto exigente para la economía mundial que está sufriendo una desaceleración después de haber vivido, apenas dos años antes, lo que era un crecimiento sincronizado. Ahora, en cambio, se produce un estancamiento sincronizado que afecta a la mayoría de los países. A unos por ser actores principales en la escena económica – Estados Unidos, China, Europa con la zona euro, Japón, Reino Unido – y otros por ir a remolque de los anteriores, como son los países emergentes y las economías en desarrollo. Que el crecimiento económico mundial para 2019 se prevea, en los primeros días de noviembre, justo cuando el año encara su tramo final, al 2,9% es preocupante, máxime si se tiene en cuenta que en 2018 el producto de la economía mundial crecía al 3,6% y en 2017 lo había hecho al 3,8%. La desaceleración, por consiguiente, es patente. Afloja el ritmo de los países avanzados que en 2019 crecerían, según las estimaciones, apenas al 1,7%, después de experimentar crecimientos del 2,3% en 2018 y del 2,4% en 2017. Y el decaimiento económico se sentiría igualmente en los briosos países emergentes que en 2019 solo aumentarían su producto un 3,9% frente al 4,5% de 2018 y al 4,8% de 2017.
Si esos pronósticos son algo azarosos, aún se complican más las cosas observando la caída en el crecimiento de la economía europea que en el marco de los 28 Estados miembros de la Unión Europea – por tanto, incluyendo a Reino Unido - se constriñe a un flojo 1,4% para 2019 y repitiendo tanto en 2020 como en 2021, y lo más tenebroso: la falta de ímpetu de la zona euro, que en 2019 apenas crecerá al 1,1%, en 2020 al 1,2% y ese mismo porcentaje en 2021. La zona euro es, a fin de cuentas, el motor de la economía europea y, dentro de ella, Alemania su gran tractor con un crecimiento esperado para 2019 de tan solo el 0,4%, acompañada en ese perfil casi plano de Italia, que crecerá al 0,1%, de Francia, que lo hará al 1,3% y de España cuyo vaticinio de crecimiento del producto interior bruto se desploma al 1,9%.
El caso de España, por más que se argumente que crecemos en este difícil año 2019 por encima de la media de la zona euro, reviste ciertas alertas. Nuestra economía ha ido perdiendo gas en estos últimos años y cada revisión a posteriori del Instituto Nacional de Estadística (INE) supone un reajuste a la baja sobre los datos inicialmente reportados. En consecuencia, la economía española, que creció a un esperanzador 3,2% en 2016, descendió al 3% en 2017, se contrajo al 2,4% en 2018, caería en 2019 al 1,9%, en 2020 solo aumentaría al 1,5% y en 2021 lo haría al 1,4%.
"Nuestra economía ha ido perdiendo gas en estos últimos años y cada revisión a posteriori de la INE supone un reajuste a la baja"
Esos augurios de la Comisión Europea – en línea con los del Fondo Monetario Internacional en su conjunto, aunque no coincidentes en el caso de España porque el Fondo erró en sus datos base, y los de la OCDE – confirman el bajón de la economía europea y el frenazo de la española. Bajo ese ambiente, más bien grisáceo, en España se ha votado el domingo 10 de noviembre de 2019.
Planteamientos electorales superficiales
Una de las cosas que más me ha sorprendido de la campaña electoral exprés que se ha llevado a cabo ha sido la superficialidad de los planteamientos económicos que han esgrimido las distintas formaciones, limitándose los unos a prometer subidas de pensiones, subsidios de todo tipo, ayudas y rentas para todo hijo de vecino, acompañadas de fuertes subidas de impuestos, y contentándose los otros en ofrecer maravillosas bajadas de impuestos y, de pasada muy por encima, insinuar que se ajustaría el gasto público si bien las pensiones se actualizarían.
La cantinela de mejora de las pensiones, tanto para los unos como para los otros, resulta obligada por cuanto ahí, en la población pensionista, se mueven sobre los 9 millones de votos. La bolsa de votos de los pensionistas, en consecuencia, es determinante para cualquier opción política.
Más allá de esas lindas palabras que riegan los oídos de nuestros mayores escuchando aquello que les gusta escuchar están los números de nuestra Seguridad Social que se aboca hacia un precipicio profundo. Las pensiones en 2019 ascenderán a prácticamente 154.000 millones de euros – en 2007 eran de 91.000 millones -; el número de pensionistas que perciben la pensión de jubilación ronda los 8.900.000; el número de afiliados ocupados a la Seguridad Social se cifra en 19.100.000; la pensión media mensual de jubilación que en 2005 era de 688 euros hoy es de 1.142 euros; la hucha de la pensiones – Fondo de Reserva de las pensiones – que al cierre de 2011, con José Luis Rodríguez Zapatero, alcanzó los 66.815 millones de euros en diciembre se reducirá a solo 1.543 millones con Pedro Sánchez; la deuda de la Seguridad Social, que al cierre de 2016 era de 17.173 millones de euros, actualmente se eleva a 51.193 millones con visos de que despida 2019 acercándose a los 60.000 millones; y el déficit acumulado por el sistema de la Seguridad Social desde 2010 a 2019 sumará 120.000 millones de euros.
"La bossa de vots dels pensionistes, en conseqüència, és determinant per a qualsevol opció política"
Ese desafío del Estado del bienestar, al que se suma una ristra adicional de retos, como son los cambios demográficos, las olas migratorias en España, el proceso acelerado de concentración urbana, los efectos ya perceptibles del actual cambio climático y la escasez de recursos, el impacto de los grandes avances tecnológicos y los cambios en los poderes económicos mundiales; ese desafío del Estado del bienestar, decíamos, no puede aislarse del análisis cabal de nuestras cuentas públicas que de 2008 a 2019 arrojan un déficit público acumulado de 814.861 millones de euros, montante equivalente al 68% del producto interior bruto de España en 2018.
Los números son tétricos y, más aún, si hablamos de que la deuda bruta del conjunto del Estado, esto es, la suma de los pasivos en circulación de las Administraciones Públicas asciende en estos momentos a 1.774.125 millones de euros, equivalentes al 145% del producto interior bruto. La deuda pública según el protocolo de déficit excesivo – incluida en la cantidad anterior – se cifra en 1.210.915 millones de euros al terminar el primer semestre de 2019.
Consiguientemente, veremos a la hora de la verdad en qué queda tanta promesa electoral, pese a que se arguya el estilete siempre punzante de más subidas de impuestos. La capacidad del contribuyente español para encajar mayores cargas tributarias se antoja difícil porque de pagar entre impuestos y cotizaciones sociales en 2011 un monto total de 350.000 millones de euros, en 2019 acabaremos pagando 450.000 millones de euros, o sea, un aumento de 100.000 millones de euros redondos de más impuestos que salen de nuestros bolsillos.
El quid de la cuestión se centra en el desmesurado y uno se atrevería a calificar de irracional gasto público que en 2019 suma 516.300 millones de euros cuando en 2016 era de 472.155 millones y que para 2020, según el Plan Presupuestario que el Gobierno presentó en Bruselas semanas atrás, subirá a 534.500 millones.
Estos son los números reales de la triste realidad de nuestras deficitarias finanzas públicas.