Airbnb ha retirado 2.500 anuncios de su plataforma este 2017 a la ciudad de Barcelona, según ha explicado este jueves el director de la firma en España y Portugal, Arnau Muñoz. De estos anuncios, un millar se retiraron en agosto a petición del Ayuntamiento de Barcelona. Esta es sólo la punta del iceberg del conflicto que la plataforma de alquileres de viviendas tiene abierto con el Ayuntamiento por la regulación de su actividad. Una actividad que, según la misma plataforma, aportó 1,3 millones de turistas y generó una actividad económica valorada en 1.027 millones de euros. Un incremento el 40% y del 63% respectivamente en los dos parámetros. Buenos indicadores que contrastan con la presión vecinal para considerar la empresa responsable directo de la masificación que sufría la ciudad y del incremento de los precios de los pisos.
La economía colaborativa ha cambiado las normas del juego, especialmente en sectores como el turismo con fenómenos como el hombre sharing u hogar compartido. El think tank Catalanes Libres impulsó la reflexión sobre la ensambladura de este nuevo modelo con el panel Casa mía es casa vuestra. Un mejor marco regulatorio por el hombre sharing, celebrado esta semana a Palau Robert de Barcelona.
"La reacción de la Administración a la aparición de Airbnb fue desde la lógica tradicional, con tendencia a profesionalizar cualquier oferta, porque se equipara profesionalidad y competencia leal. El Ayuntamiento no entendió la figura del ciudadano productor, el prosumer, mientras que la sociedad la asumió enseguida", explica el responsable de asuntos públicos de Airbnb para España y Portugal, Àngel Mesado.
Coincide en el análisis la responsable de asuntos públicos de la Asociación Española de la Economía Digital y Sharing España, Sara Rodríguez. "Casi todas las Administraciones han afrontado el problema con simplicidad, propiciando conceptos como turismofòbia o gentrificació para politizar el tema y, finalmente, judicialitzar-lo con multas y querellas por competencia desleal que, en la mayor parte de los casos, han sido desestimadas". Rodríguez pone un asterisco en el caso de la Generalitat, a quien reconoce el esfuerzo para analizar y abordar la ensambladura de este nuevo modelo P2P con iniciativas como la creación de la Comisión Interdepartamental de la Economía Colaborativa.
La mesa de los ponentes del acto sobre hombre sharing | Foto: Cedida
Precisamente esta comisión de la Generalitat presentó, el pasado mes de septiembre, sus propuestas para buscar una ensambladura en las plataformas de economía colaborativa al marco económico y legislativo. A la hora de identificar el reto, el informe recogía la definición del sector que la Comisión Europea hizo el 2016. "El problema de esta definición es que, incluso el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Maciej Szpunar, dice que es tan general que no sirve para nada", recuerda el abogado y profesor asociado de la Universitat de Barcelona, Stefan Rating. Por el abogado, la definición del sector es esencial para crear un ordenamiento jurídico que regule no tanto la vivienda compartida como la misma actividad de las plataformas. "La autoregulación actual no funciona, puesto que está demostrado que las grandes plataformas de economía colaborativa tienden a la hegemonía de sus mercados", advierte Rating.
Rodríguez: "Casi todas las Administraciones han afrontado el problema con simplicidad, propiciando conceptos como turismofòbia o gentrificació"
Mesado discrepa en la crítica al trabajo de la Comisión Europea y voz en la amplitud de la definición una oportunidad. "El que hace Europa es dar una base genérica sobre la cual hay que encontrar la frontera entre proveedores de alojamiento clásico y los nuevos". Por el representante de Airbnb, una diferencia clara es que los locatarios no profesionales suelen poner al mercado su residencia habitual. "Es una diferenciación clara, pero no la única; el hogar compartido también incluye alojamiento que no genera compras ni alquileres a largo plazo, como las segundas residencias". Por Mesado, el centro del debate está en la creación de un marco jurídico ágil, tanto por las plataformas como por sus usuarios. "Por plataformas como Airbnb es esencial que las dinámicas entre empresa, Administración y usuarios estén muy definidas y que la ley permita a las personas entrar al mercado sin barreras innecesarias, como la aplicación de estándares de profesionalidad por el alquiler de corta duración de sus viviendas".
Rodríguez también considera esencial eliminar las barreras de acceso al mercado que algunas Administraciones intentan imponer a las plataformas de economía colaborativa y a sus usuarios. "No tiene sentido que zonas del interior de España con un gran potencial turístico estén prácticamente desocupadas cuando Airbnb genera un 70% de sus alojamientos fuera de los cascos urbanos", argumenta.
Transparencia en la oferta
Otro de los argumentos de los defensores desde las plataformas de economía colaborativa para defender su autoregulación es la cantidad de información abierta que ofrecen. Así lo entiende el presidente de la Autoridad Catalana de la Competencia, Marcel Coderch, que argumenta que "gran parte de la legislación sobre alojamiento turístico se basa a crear parámetros de calidad, mientras que estas compañías ofrecen a los usuarios mucha más información de los hogares en alquiler y, además, tienen acceso a todo tipo de sistema de evaluación digital colaborativas que, incluso, ponen en entredicho la utilidad de las estrellas como sistema de medida de la calidad".
Rating: "Las plataformas de 'hombre sharing' son las primeras interesadas en qué el que se decida en las ciudades encaje con el que dictamine Madrid"
Apoya la tesis Rodríguez, que considera que "existe un marco normativo sobre derechos civiles y mercantiles extenso a aplicar en casos concretos", a la vez que defiende la autoregulación de las plataformas colaborativas "por los altos niveles de información que generan estas plataformas".
Rating, pero, insiste en el peligro de la formación de monopolios para defender una regulación sobre el sector, a la vez que apunta a un problema futuro. "La competencia sobre la reglamentación del sector es del Estado, pero la legislación sobre urbanismo y servicios recae sobre los municipios, por el que las plataformas de hombre sharing son las primeras interesadas en qué el que se decida en las ciudades encaje con el que dictamine Madrid".