Este 5 de julio por fin somos libres. Los trabajadores catalanes son los que más tardan en todo el Estado a lograr la liberación fiscal. Dedo de otro modo, dedican 185 días de su salario a pagar impuestos, restando 180 para su goce o ahorro, tal como apunta el estudio del Think Tank Civismo. Para concienciar sobre este hecho, varias entidades y movimientos liberales celebran este miércoles el día de la Liberación Fiscal con una concentración ante la sede central de la Agencia Tributaria en Barcelona.
Un trabajador catalán medio cobra unos 24.000 euros anuales, que se convierten en 31.500 si se tienen en cuenta las contribuciones a la Seguridad Social por parte de la empresa. Descontados los 102 días para pagar cotizaciones sociales, los 41 de IRPF, los 25 de IVA o los 11 de impuestos especiales, a este mismo trabajador le acabarán quedando tan sólo 16.000 euros para gastar o ahorrar en todo el año. Un esfuerzo que desde el Colectivo de Catalanes Libres consideran desproporcionado, dado que España tiene una de las falcas fiscales (coste salarial – salario limpio) más elevadas de Europa: del 39,5%.
Por el vicepresidente de este movimiento, Martí Jiménez, el hecho que Cataluña sea la autonomía que más tarde se libera fiscalmente "tiene que ver con figuras como el IRPF y el déficit fiscal interterritorial". A su entender, factores como que "la mayoría de recaudación no incida en los ciudadanos catalanes o tener un sistema impositivo muy confiscatori", a buen seguro que no ayudan.
Día liberación fiscal por comunidad autónoma | Fuente: Civismo
Un mal sistema
En este sentido, lamenta que el sistema fiscal español tiene una capacidad redistributiva ínfima, de tal manera que el esfuerzo en impuestos no se traduce en una reducción de las desigualdades. "Muchas veces se habla de paliar las desigualdades subiendo los impuestos a los ricos cuando los modelos con mejor cobertura social, los escandinavos, el que hacen es redistribuir a través del gasto", evidencia Jiménez. España, apunta, "tiene un sistema bastante regresivo en el gasto. El quintil de renta más bajo se beneficia menos que el quintil de renta más alto". Jiménez apunta a un estudio de Fedea para constatar que "eliminar deducciones o exenciones en IRPF, a la inversa del que se llama, no es muy significativo ni en recaudación ni en progresividad".
Recuerda que la fiscalidad tiene un doble efecto. Por un lado los impuestos son los que tienen que maximizar la recaudación para después hacer transferencias sociales; pero por la otra es un coste al proceso productivo. "El que proponemos es un sistema fiscal que distorsione el mínimo posible la estructura productiva pero que a la vez maximice la recaudación y la incidencia redistributiva del gasto público", asegura.
Lamenta que "el sistema fiscal es muy distorsionador en la oferta laboral con cotizaciones sociales e impuesto sobre sociedades muy elevados, al nivel escandinavo, pero el sistema público redistribuye muy mal y es ineficiente". Según Jiménez, "si tuviéramos que hacer una reforma fiscal ya, se podría mantener la recaudación eliminando tipos reducidos de IVA, aumentando algunos impuestos sobre el consumo pero rebajando cotizaciones y Sociedades". Al fin y al cabo, insiste, "hay de haber más competitividad y menos costes al proceso productivo para las pymes y autónomos".
En este sentido, expone que las "deducciones, sobre todo en consumo e IVA, reducen significativamente la recaudación". A pesar de que el IVA sea "ligeramente regresivo, en los países nórdicos redistribuyen vía gastada y no ingresos".
El peso del fraude
El catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la UPF, Oriol Amat, recuerda que "España tiene un déficit público muy importante y temas como las pensiones exigirán en el futuro inmediato más recursos públicos". Una necesidad que invita a "recaudar más y gastar mejor". De hecho, Amat recuerda que "la OCDE ha hecho muchos informes sobre España donde recomienda que se gaste mejor". Esto quiere decir, explica, "tener un sector público más eficiente que ayude a reducir el déficit".
En contraposición a las tesis que reclaman rebajas impositivas, la OCDE recomienda recaudar más subiendo algunos impuestos, por ejemplo los relacionados con temas medioambientales. Una actuación que no parece que tenga que ser realmente eficaz en un país que, en líneas generales, "está por encima de la media en en cuanto a tipos impositivos, pero en cambio está por debajo de la media en recaudación efectiva", tal como recuerda Oriol Amat.
A su entender, el principal problema de la fiscalidad española es el fraude. "Hay mucho camino para recorrer en el combate del fraude fiscal", insiste Amat recordando las estimaciones que apuntan que este fraude oscilaría entre los 40.000 y los 70.000 millones de euros. Una cantidad, apunta, que "supera el déficit público español". Según la asociación de técnicos de Hacienda, Gestha, la mayor parte del fraude fiscal lo hacen las grandes empresas.
Por eso, dice Amat, "esta lucha contra el fraude fiscal tendría que ir acompañada de la prohibición de operar con paraísos fiscales y de la tolerancia cero con el fraude". Una iniciativa que, por ejemplo, implicaría no hacer amnistías fiscales. "También ayudaría que haya más transparencia informativa en relación con las personas que incumplen sus obligaciones fiscales", reivindica el catedrático de la UPF.