El Estado español se encuentra dentro del grupo de países con menor alcance o nivel de implantación de la auditoría dentro del sector local, dado que ni a las entidades administrativas ni a las dependientes se lleva a cabo una auditoría anual de la información financiera, ni tampoco una auditoría de legalidad. Así se desprende del estudio La auditoría de los entes locales a la Unión Europea, elaborado por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, donde se indica que una buena parte de los ayuntamientos españoles son a la cola de las ciudades de la Unión Europea en materia de transparencia y control financiero.
Esta situación de no auditoría de una parte de las entidades administrativas y con presupuesto es contraria a la Directiva 2011/85/UE, que exige la auditoría independiente de todas las entidades del sector público anualmente, según apuntan al informe.
Según recuerdan los auditores, a partir del año 2022, las entidades más grandes tendrán que elaborar estados contables consolidados, cosa que consideran que es un adelanto importante porque los sistemas contables permitan conocer la situación económica y financiera de estas entidades, necesario si se quiere controlar el déficit y la deuda, además de garantizar la transparencia en su gestión.